Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ha ordenado al juzgado que ponga fin a la instrucción del caso Francis Puig, centrado en un posible fraude de subvenciones concedidas al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los Adell Bover. Los magistrados han estimado los recursos de los acusados contra la última prórroga de la investigación, que había acabado en nulidad debido a un error del juzgado. Una decisión que supone que se tenga que dar por concluida de manera sobrevenida –una posibilidad que era factible, tal como publicó este periódico–. Ahora, todo lo que queda pendiente de ser recibido por el juzgado podrá ser incorporado a la causa, pero éste no podrá acordar nuevas diligencias. Con ello, las indagaciones quedan cojas.
El problema vino de un descuido procesal. La Fiscalía solicitó al juzgado la prórroga de la instrucción. Una petición que suele ser habitual cuando se encuentra próximo el plazo de la anterior finalización y todavía existen posibles diligencias pendientes de practicar. A continuación, se ha de dar audiencia a las partes, tal como marca la ley, para que se pronuncien y presenten las alegaciones que consideren.
Este trámite es el que no tuvo lugar, de manera que el pasado 26 de enero el juez acordó prorrogar la instrucción durante seis meses más sin que el juzgado hubiera dado traslado previamente de la petición de la Fiscalía.
Debido a ello, las defensas de Francis Puig, los Adell Bover y el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, interpusieron sus respectivos recursos para pedir la revocación del citado auto de prórroga. Anticorrupción se adhirió y el juez los admitió.
En el escrito, el juez reconoció que "al revisar las actuaciones se ha producido un error involuntario". "Se dio cuenta a este magistrado para resolver, considerando el funcionario que se había notificado dicha diligencia de 18 de enero cuando en realidad no se había notificado", explicó. Todo pese a que se encontraba ya firmada. Es decir, que en lugar de la petición de la Fiscalía se dio traslado del posterior del auto que acordaba la prórroga.
Tras lo ocurrido, el juez dictó un nuevo auto de prórroga que fijaba la finalización de la instrucción en el próximo 29 de julio. En la resolución, recordaba que en este procedimiento "ya se emitió un informe pericial extenso y, a la vista del mismo, se recibió declaración a los investigados, que aportaron documentación para contestar a las cuestiones que se planteaban en dicho informe". "Como consecuencia de las alegaciones y documentos aportados, se acordaron nuevas diligencias que están pendientes de cumplimentar", explicó el juez.
En concreto, se trataba de un informe ampliado de la Guardia Civil dirigido a comprobar la facturación aportada a las solicitudes de subvención con los proveedores; y dos informes de las Intervenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana. Todos ellos están pendientes de recibir e incluso el juzgado había pedido celeridad tras diversos problemas.
De su resultado, señaló el magistrado, se podrían acordar nuevas diligencias. Pero ahora ya no será posible, puesto que la Audiencia Provincial ha revocado la prórroga. En la resolución, la Sala explica que no comparte el criterio del instructor y concluye que la prórroga es "extemporánea", como razonaron las defensas, "sin que el argumento expuesto" por el juez para "salvar dicha extemporaneidad" tenga "alcance alguno a los efectos pretendidos".
