Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La construcción estalla contra la Administración ante el "engaño" que consideran que ha sido el Real Decreto del Gobierno para la revisión de precios de los contratos públicos para compensar la escalada alcista de las materias primas. Una norma que, según denuncian, en la práctica no se ha aplicado para la mayoría de empresas, por lo que auguran una cascada de cierres de compañías del sector si no se revierte esta situación.
"No se ha revisado casi ningún expediente", denuncia José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval)."O sale un decreto nuevo o este otoño habrá un rosario de cierres y concursos de acreedores porque muchas empresas no van a poder aguantar. Y las consecuencias serán terribles", advierte.
De hecho, según un estudio de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), más del 90% de las empresas constructoras no se han podido acoger al Real Decreto por los requisitos que exigía y que pasaban por una compensación con hasta un 20% del presupuesto cuando el precio de los materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre hubiera excedido del 5% en los contratos de 2021. Por tanto, contratos de 2020 quedaban excluidos, así como también la subida de la energía o materiales como la madera que han registrado importantes aumentos.
Y ello está provocando una cascada de licitaciones desiertas y una parálisis en el sector. Un ejemplo de ello es el concurso para el servicio de mantenimiento de la señalización de tráfico y balizamiento, que licitó el Ayuntamiento de València por 8,27 millones de euros, y que acabó sin ofertas debido a que las cinco empresas que se presentaron fueron renunciando tácitamente por el alza de costes.
Para Santa Isabel, el problema radica en que la norma del Gobierno estaba "mal redactada", lo que ha llevado a la Abogacía del Estado "a entender que casi ningún expediente es susceptible de ser revisable". "Por tanto, tenemos un grave problema en las obras que se han hecho soportando una subida de precios extraordinario, pero que, sin embargo, ahora no se les reconoce el derecho a revisar esos precios", denuncia.
Según los datos del INE, en marzo la cerámica había subido un 40%, el aluminio un 55%, la madera un 16%, el cobre un 20%, los materiales siderúrgicos un 50%, la energía un 84% y el refino de petróleo otro 53%. Todo ello ha provocado un incremento del 30% en el precio de las obras. Un encarecimiento que se arrastra desde que estallara la pandemia y hubiera escasez de suministro, pero que se ha agravado tras la invasión de Ucrania.
"Necesitamos que el Estado resuelva esto con un nuevo decreto. De lo contrario, vamos a tener un rosario de concursos de acreedores y cierres en octubre porque muchas empresas no van a poder soportar esta situación", advierte el empresario, que subraya que en el sector hay un sentimiento de "engaño" respecto de lo que pretendía la norma y su resultado final.
Pero, además, Santa Isabel acusa a la Administración de "enriquecimiento ilícito a costa del sector" porque, según remarca, "la ley obliga a que los precios sean de mercado y también señala que si existe una causa extraordinaria, el contratista tiene derecho a un reequilibrio financiero que no se está produciendo". "Las empresas han creído en el Gobierno y han mantenido obras que de otra manera hubieran parado y ahora no se les revisa el expediente. Las consecuencias son terribles para el sector", insiste.
De hecho, avisa que este problema acabará judicializándose si no produce algún movimiento legislativo por parte de la Administración. "Acabaremos con muchos pleitos judiciales y con contenciosos administrativos si no llega ese nuevo decreto", avisa el presidente de Fecoval.
Asimismo, desde la patronal CNC reclaman al Gobierno una batería de medidas para intentar afrontar la actual coyuntura. Entre sus propuestas están que se incluyan las obras comenzadas a partir de enero de 2021, que se aporte una propuesta provisional ante un plazo de respuesta largo por parte de la Administración o que se rebaje al 2% el umbral del alza de precios necesario para aplicarse.
Asimismo, reclaman que se introduzcan más materiales, que se compense también el precio de la energía -que puede representar hasta el 30% del coste total de la obra-, que se elimine el límite del 20% a compensar y que se incluyan los contratos de servicios, conservación y mantenimiento.
