Foto: PEPE OLIVARESVALÈNCIA.Balón de oxígeno para el sector de las renovables. Casi contra todo pronóstico, el Gobierno de Pedro Sánchez lograba este miércoles la convalidación del decreto 'anticrisis', que fijaba una moratoria de seis meses para que los promotores obtuvieran el permiso de construcción de proyectos renovables. De esta forma, finalmente el plazo fijado para tener esa autorización será el próximo 25 de julio, en lugar del 25 de enero que se había fijado inicialmente. Una ampliación que permite dar más tiempo a las Administraciones para valorar expedientes y 'salvar' inversiones millonarias. De no haberse sacado esa prórroga, muchas iniciativas hubieran quedado en el aire. Solo en la Comunitat Valenciana peligraban cerca de 900 millones de euros.
Y es que en 2020, el Gobierno fijó unos hitos en el Real Decreto-ley 23/2020, que obligaban a una serie de proyectos a cumplir con unas plazos determinados para salir adelante. Unas fechas claras para evitar la especulación en el sector y que afectaban, principalmente, a desarrollos de gran tamaño y que estuvieran ubicados en emplazamientos singulares.
El primer hito se produjo el 25 de enero de 2023, hace justo un año, cuando el Ministerio de Transición Ecológica debía conceder la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. Y se llegó, pero en el caso de la Comunitat 'in extremis'. Pasado ese proceso, ahora se precisa del visto bueno administrativo para el proceso constructivo o, de lo contrario, los empresarios perderán los avales que depositaron y la conexión recibida en su momento de Red Eléctrica y deberán empezar de nuevo todo el proceso.
Sin embargo, el propio Ejecutivo Central, consciente de la burocracia y el bloqueo en muchas administraciones, ha ampliado los siguientes plazos. Así, el Ministerio de Teresa Ribera amplió en seis meses más la fecha límite para obtener esta autorización de construcción y a tres años la de explotación. Una moratoria que se recogió en el Real Decreto Ley 8/2023, que aprobó en diciembre el Gobierno, pero cuya convalidación se debatía este miércoles en el Congreso de los Diputados. Con su aprobación, finalmente el plazo expirará el 25 de julio, dando más tiempo para que se resuelvan los proyectos y se desatasquen los tapones que tienen muchas administraciones, como la valenciana.
Por tanto, el escenario de amenaza ha quedado atrás y las renovables vuelven a respirar. Sin embargo, exigen celeridad para no llegar a julio con los deberes sin hacer. También para evitar la angustia de estos días y no repetir el frenesí de hace un año, cuando, a contrarreloj, se valoraron los proyectos a nivel ambiental porque vencía ese primer plazo fijado por el Gobierno.
Según la patronal Avaesen, en la Comunitat Valenciana son cerca de 60 los proyectos que corrían el riesgo de volver a la casilla se salida, los mismos que recibieron el visto bueno ambiental el pasado año, y que suman una potencia superior a los 1.300 MW. La inversión que movilizan roza los 900 millones de euros.
A nivel nacional, la ministra Ribera advertía este martes de que el rechazo del decreto ponía en riesgo más de 30.000 millones de euros en proyectos en energías renovables que están en tramitación y que requerían de esa prórroga en los plazos. Equivalen a la instalación de unos 44 GW de potencia, de los cuales más de un tercio corresponden a fotovoltaica y el resto a eólica.
La prórroga de seis meses "no es solo un balón de oxígeno para el sector, es un balón de oxígeno para la propia administración", comentaba hace unos días José María González Moya, director general de la Asociación de Energías Renovables (APPA), en declaraciones a EFE. De no cumplirse con ese plazo y ser imputable el incumplimiento a la administración, las empresas podrían interponer demandas millonarias por responsabilidad patrimonial al perder su acceso a la red y los avales depositados.
Y es que los cuellos de botella en muchas autonomías, como la valenciana, han llevado en varias ocasiones a alzar la voz a las empresas que reclaman la agilización de los plazos administrativos. De hecho, ya en el anterior Consell del Botànic la gestión en esta materia generó notorias discrepancias públicas en el seno del propio Consell. La disputa llegó a tales niveles por los diferentes modelos que cada socio del gobierno autonómico defendía que desencadenaron en el cese del director de Transición Ecológica.
Ahora, la nueva consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ultima una reforma del marco legislativo que regula las energías renovables, encaminado a lograr los objetivos de instalación de 7.000 megavatios fotovoltaicos y 4.000 eólicos en la Comunitat Valenciana en 2030. Un nuevo marco que el Consell aprobará este año, según avanzó la propia Montes en el mes de diciembre.
Asimismo, el gobierno valenciano está trabajando para "poner en marcha enseguida" una labor de formación, concienciación y divulgación dirigida a ayuntamientos y entidades locales sobre la necesidad de cumplir los objetivos de instalación de fotovoltaicas en la Comunitat ante la decisión de muchos consistorio de paralizar la concesión de licencias.
