Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). El abogado del expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus ha defendido que no hay ni una sola prueba contra su cliente para condenarle por el caso Imelsa: "cero patatero. Es imposible". De esta forma, ha reclamado la libre absolución.
Así se ha pronunciado el letrado al elevar a definitivas sus conclusiones en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valencia contra Rus y otras 24 personas por las piezas B y F del caso Imelsa, relativa a los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa.
El abogado de Rus --acusado para el que la Fiscalía Anticorrupción reclama 12 años de prisión-- ha afirmado que su cliente era presidente de Imelsa "por cuestión normativa", puesto que le correspondía por ser presidente de la Diputación, pero ha apuntado que durante su mandato delegó en el consejero delegado de empresas lo relativo a la entidad pública, quien "no ha estado en esta causa ni se le espera", ha dicho.
"Imelsa es un cero patatero en orden a que mi cliente pueda ser condenado y Ciegsa es un imposible", ha manifestado, para agregar: "Si no hay una nulidad del procedimiento, creo que no hay prueba de cargo suficiente para que se pueda condenar --a Rus-- por ninguno de los delitos que se le atribuyen", ha aseverado tras negar la posibilidad de que hubiera una organización criminal entre los acusados.
El letrado Emilio Pérez Mora --quien lleva la defensa junto a su hermano Gonzalo-- ha llegado a esta conclusión y se ha respaldado en las declaraciones efectuadas por los 11 conformados en la causa, "de las que se puede extraer que no hay una prueba de cargo" contra Rus. "Se trata de conformidades privilegiadas, de tres preguntas pactadas, sin detalles, evitando el principio de contradicción y no sirven para nada", ha destacado.
El conformado que sí nombró a Rus fue Miguel Ángel Mullor, jugador del Olímpic del Xàtiva, quien aseveró que cobraba de Imelsa. El letrado ha intentado restar credibilidad a sus manifestaciones al afirmar que mintió cuando dijo que no cobraba del club, puesto que también lo hacía, y al asegurar que mientras Rus fue presidente del club pasaron por allí 180 jugadores: "¿Vamos a creer que si la política era contratar a jugadores por Imelsa para que el club no pagara su ficha solo se hizo con un jugador?", se ha preguntado.
En relación con las acusaciones que vertió contra Rus durante la instrucción del proceso el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', el abogado ha afirmado que en ese momento mentía porque alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y que ha sido en el momento del juicio cuando ha dicho la verdad.
"¿Cuándo Marcos miente y cuándo no? Lo que ha dicho en la vista es la verdad. Rus no le impuso la contratación de nadie y menos para que cobrara sin trabajar", ha dicho, para agregar que la práctica totalidad de los inculpados han señalado a Benavent respecto a contratos por favores o beneficios económicos "y no a Rus", ha puntualizado.
En resumen, el abogado ha lamentado que Rus haya acabado en el banquillo de los acusados con una petición de prisión "desorbitada", con sus empresas cerradas, sin posibilidad de tener créditos y sin que una comisión rogatoria haya podido encontrar "un solo euro suyo no ganado legalmente".
Por otro lado, el letrado ha aprovechado su intervención para acusar al fiscal de no haber sido garante de la legalidad en este procedimiento y de "jugar con las cartas marcadas". Al respecto, se ha referido a la forma en la que se originó la causa en 2014, es decir, unas grabaciones aportadas por la exdiputada y actual consellera Rosa Pérez a Anticorrupción en forma de pen drive.
Junto al mismo, el exsuegro de Benavent, Mariano López, entregó otro pen drive en Fiscalía con las mismas grabaciones y manifestó en un encuentro con el ministerio público que la información provenía de un disco duro externo del ordenador ubicado en una casa de campo que había donado a su hija.
"La UCO y la Fiscalía --ha apuntado-- conocían la existencia de este disco duro y nadie se lo requirió --a Mariano-- ni quiso saber nada del disco, tal vez porque Mariano manifestó que lo había destruido y quizá también porque él mismo había sido grabado. Además, nadie ha querido saber nada del mismo porque el propietario era Benavent y se accedió al disco sin su permiso y vulnerando sus derechos", ha lamentado.
Así, concluye: "Todo lo que se ha trabajado en este procedimiento, los informes elaborados, se hacen en orden a un pen drive entregado por Rosa Pérez que carece de toda trazabilidad legal, sin cadena de custodia y manipulado un día antes de la entrega en Fiscalía". "La denuncia parte de un ilícito que se realizó ocultando información, por eso pedimos la nulidad", ha apostillado.
