VALÈNCIA. La presión ejercida por Sagunt y Canet d'en Berenguer en la manifestación convocada este viernes ha dado sus frutos. Después de meses sin recibir ninguna respuesta a sus peticiones en defensa del litoral, la Demarcación de Costas de València ha abierto las puertas al diálogo y ha asegurado que propondrá a la Dirección General de Costas elaborar un contrato de emergencia para actuar en ambos municipios.
La partida prevista asciende a los 600.000 euros y servirá para intervenir en las playas de estas dos localidades de la comarca del Camp de Morvedre, que sufren las consecuencias de una dura regresión y que presentan un estado "deplorable". Canet y Sagunt han conseguido este compromiso gracias a su lucha incansable, que les ha motivado a realizar concentraciones frente a Costas el primer viernes de cada mes.
De esta manera, han sido atendidos en esta primera manifestación, un hecho que no contemplaban. Aunque la propuesta tiene que aprobarse desde la Dirección General en Madrid, los ayuntamientos y las asociaciones vecinales, así como el resto de manifestantes, se sienten satisfechos ante esta nueva posibilidad que puede ser esencial para marcar el camino que lleve a encontrar soluciones eficaces para salvar el litoral.
Aún así, aclaran que este cuidado no puede limitarse a casos puntuales previos a la época estival, sino que hay que seguir un plan basado en la constancia y en los objetivos a largo plazo. Por ello, Amparo Peris, presidenta de la Asociación Vecinal de las Playas Almardà, Corinto y Malvarrosa del norte de Sagunt, ha insistido en la instalación de arrecifes biodegradables paralelos a la costa, una apuesta respaldada por informes de la Universitat Politècnica de València.
Esta iniciativa parece no haber convencido a la Demarcación de Costas, ya que Peris ha afirmado que existen "serias discrepancias" al respecto, aunque no se ha rechazado la opción por completo, por lo que aportarán la documentación para que pueda ser estudiada. Además, en el encuentro, han defendido la protección del cordón dunar con el fin de ganar seguridad frente a posibles temporales.
Asimismo, el alcalde de Canet, Pere Antoni, ha señalado: "Vamos a ponernos las pilas para hacer esa acción conjunta en todo el litoral, en nuestras cuatro playas, que garantice que tengamos sedimentos y busquemos algún tipo de elemento capaz de retenerlos. Si no, esto será pan para hoy y hambre para mañana".
Así pues, se centran en dos grandes exigencias. Por una parte, aquella que afecta a todo el territorio nacional y que defienden junto al colectivo Somos Mediterránea. Por otra, aquellos conflictos específicos que afectan a sus playas y que vienen condicionados por la instalación de espigones en Almenara (Castellón), una actuación a la que acusan de haber contribuido al problema.
"Tenemos un muro administrativo que no es sensible a nuestras reivindicaciones. Queremos que nos informen y buscar alternativas. Pedimos tareas de adecuación a corto plazo que nos protejan de los temporales y que eviten la erosión y, a largo plazo, un proyecto que tenga declaración de impacto ambiental y que incluya todos los elementos que consideramos necesarios, como los bioarrecifes", ha destacado el alcalde de Sagunt, Darío Moreno.
Sagunt y Canet no son los únicos municipios valencianos que afrontan este desafío; se suman a una larga lista de perjudicados entre los que destacan El Perelló y Mareny de Barraquetes, pioneros en la defensa de las playas. El alcalde de El Perelló, Juan Botella, y el alcalde de Mareny, Jordi Sanjaime, han acordado llevar a sus respectivos plenos una moción para pedir medidas que eviten la regresión actual.
En concreto, se pide al Gobierno de España un nuevo reglamento de costas, el desarrollo de un estudio para la reforma de la Ley de Costas, "para convertirse en una ley no confiscatoria ni puramente urbanística, sino actualizada a las nuevas sensibilidades de los territorios, basada en los principios de conservación", expresa la moción.
A su vez, contempla la petición de planes y presupuestos concretos para monitorizar el litoral, así como la constitución de un observatorio, foro o mesa de trabajo municipalista de seguimiento con la participación de todas las asociaciones civiles y agentes implicados.