La 'ensalada' legislativa botánica: dos leyes y un decreto para articular la reforma fiscal de Puig

VALÈNCIA. El Gobierno valenciano aprobó este lunes en pleno extraordinario la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, conocida como "ley de acompañamiento" de 2023, y también el decreto ley que contempla la bajada de impuestos anunciada por el jefe del Consell, Ximo Puig, el pasado 5 de septiembre. Una medida esta último cuyo anuncio en el Debate de Política General no sólo causó un importante revuelo en el ámbito nacional con el disgusto público manifestado inicialmente por el Gobierno de España, sino también un fuerte debate interno -que todavía colea- entre los tres socios que conforman el Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem.

Precisamente estas discrepancias son las que han provocado también una notable 'ensalada' legislativa a la hora de aprobar la iniciativa política planteada por el presidente de la Generalitat. De hecho, a día de hoy, todavía faltan flecos por plasmar negro sobre blanco en el papel, lo que ha convertido el anuncio realizado por Puig -primero de forma sorpresiva en una conferencia el 5 de septiembre y posteriormente apuntalado en el Debate de Política General- en un conjunto de medidas que se han repartido troceadas en el citado decreto ley y en una Ley de Presupuestos que todavía no ha visto la luz.

Pero curiosamente, la reforma fiscal no debía aparecer ahí en teoría. De hecho, cuando Puig anunció la iniciativa señaló que la bajada de impuestos se introduciría en la Ley de Acompañamiento. No obstante, el deseo de retroactividad y el desacuerdo con sus socios provocó que finalmente no se incluyera en esta herramienta legislativa, por lo que el Botànic ha tenido que tirar de decreto, en primera instancia, y en segundo de la Ley de Presupuestos de 2023 en el apartado referido a las rentas altas pero también respecto al anunciado ayer incremento en el Impuesto de Transmisiones y el de Patrimonio. 

¿Por qué? Porque el decreto ley se ha utilizado para introducir la modificaciones del IRPF que afectan a las rentas de menos de 60.000 euros con carácter retroactivo del 1 de enero de 2022. O lo que es lo mismo, una bajada de impuestos que se dejará notar antes de las elecciones del próximo año. En cambio, al no poder introducirse en la Ley de Acompañamiento por no permitirse la retroactividad para la rentas medias y bajas y ante la falta de acuerdo previo del resto de cuestiones, se decidió ganar unos días de margen e integrar todas las medidas de aplicación a partir de 2023 en una disposición adicional que aparecerá -salvo sorpresa- en la Ley de Presupuestos. Un texto que, para cumplir los plazos establecidos, debería aprobarse antes del martes que viene. Eso sí, el ciudadano de rentas altas -en torno a 70.000 euros anuales- notará la subida todavía por determinar cuando realice la declaración de la renta de 2024.

Así pues, y pese a lo que anunció Puig en su discurso en el Debate de Política General, las rentas altas terminarán pagando más, tal y como querían sus socios, aunque los 'afectados' no lo notarán hasta la declaración de la renta dentro de un año y medio. Es lo que se desprende del acuerdo político -que todavía no se ha hecho público- entre las tres patas del Botànic que ejerce de paraguas en todo este pastiche legislativo.

De esta manera, y a modo de recapitulación; en la Ley de Acompañamiento aprobada este lunes sólo figuran tasas y tributos que nada tienen que ver con la reforma fiscal de Puig, pese a ser la intención inicial. La rebaja de impuestos a las rentas de menos de 60.000 euros se incluyen en el decreto ley aprobado también ayer y, por último, las nuevas tarifas a las rentas altas -los citados más de 70.000 euros- así como el ascenso de Transmisiones y Patrimonios sí detallado este lunes, se incluirán en la Ley de Presupuestos que se presentará en los próximos días.

De hecho, este es precisamente en el nuevo reto del siempre entretenido Botànic II: la aprobación de los octavas cuentas de forma consecutiva. Tal y como venido informando Valencia Plaza, la comisión política encargada de la negociación ha sufrido ciertos atascos en los últimos días, por lo que los distintos partidos que la componen deberán pisar el acelerador si no quieren que vuelva a pasar como el año pasado, cuando se presentaron fuera de tiempo por distintas desavenencias entre PSPV y Compromís.