Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Fiscalía reprocha en uno de sus últimos escritos la falta de respuesta sobre el coste del informe elaborado por parte del Instituto Espill acerca de la menor abusada por el exmarido de Mónica Oltra. El documento consideraba que el relato de los hechos de la víctima era poco creíble porque, según afirmó la psicóloga, tenía falta de concreción, imprecisiones y hubo escasa colaboración. Era, dijo, "poco consistente e incoherente" y concluyó que "podían existir intereses espurios".
Una de las acusaciones en la causa que investiga a la exvicepresidenta de la Generalitat y a más de una decena de altos cargos por la gestión de los abusos –con sospechas de ocultación y encubrimiento de los hechos– cuestionó que la contratación del informe fuera regular. La asociación Gobiérna-te, presidida por la exdirigente de Vox Cristina Seguí, destacaba en un escrito una declaración ante el juez de la directora territorial de Igualdad, Carmen Fenollosa, en la que afirmó que el Instituto Espill carecía de contrato vigente con la administración en septiembre, octubre y noviembre de 2017. Los trabajos realizados durante esa etapa pudieron ascender a 99.000 euros.
Debido a ello, la defensa de Seguí pidió investigar si el pago a Espill se efectuó al margen de los contratos y sin soporte, lo que no sólo podría ser constitutivo de malversación o fraude a la administración sino de prevaricación. En opinión de la acusación, resultaba "más que sospechosa" la previsible y supuesta "compensación del comportamiento e informe de favor del instituto a cambio de la obtención de la adjudicación de lotes del contrato para 2018 y 2019". "E incluso indiciario que en la actualidad ya no preste servicio después de más de 20 años", señala.
Tanto la Fiscalía como el juez se mostraron favorables a indagar en el coste para la Hacienda Pública del famoso informe, lo único que consideran de verdadero interés, aunque rechazaron entrar en el contrato por no ser objeto de la investigación. Ahora, el representante del Ministerio Público remarca que no se ha obtenido "cabal respuesta" sobre ello.
Junto a lo relacionado con el informe, la misma acusación solicitaba al juzgado la práctica de otras diligencias. Entre ellas, la obtención íntegra de los expedientes administrativos completos relativos a la menor abusada después de que la directora territorial presentara documentación, según su opinión, "sesgada, intermitente y orientada a la exculpación de los responsables de la Conselleria de Igualdad". Pedía, igualmente, recabar las comunicaciones entre los investigados durante el tiempo en el que se desarrollaron los hechos. Todo ello bajo secreto de sumario.
Fue a raíz de aquí cuando el juez decidió abrir una pieza secreta. Sólo, eso sí, aceptando las diligencias de obtener los expedientes sobre la víctima que obran en el departamento que hasta hace pocas semanas dirigía Oltra y ante la posibilidad de que los aportados por la directora territorial fueran parciales. En definitiva, adquirir los originales. La Policía registró entonces a la sede de Igualdad durante ocho horas un día antes de que la exvicepresidenta dimitiera.
La documentación ya se encuentra en el juzgado y el magistrado, por tanto, ha acordado levantar el secreto parcial de las actuaciones, lo que a partir de ahora facilita la declaración de Oltra cuando sea llamada al poder tener conocimiento de lo investigado.
