Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Anticorrupción mantiene sus peticiones de cárcel para los acusados del conocido como caso Alquería por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial. Concretamente, ocho años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; su exjefe de Gabinete en la corporación, Ricard Gallego; su exasesor Manuel Reguart; el exgerente de Divalterra Josep Ramón Tíller; y a la excogerente Agustina Brines. Igualmente, les solicita 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público, incluyendo para el ejercicio de cualquier profesión que comporte asesoramiento jurídico o económico durante el tiempo de seis años.
Para algunos de los directivos contratados pide seis años de cárcel y doce de inhabilitación. Mientras, para el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra Jorge Cuerda y para el excogerente de Divalterra Xavier Simó pide seis años de prisión y 20 de inhabilitación.
Las defensas, por su parte, han solicitado la absolución para los representados y la condena en costas a las acusaciones populares que ejercen el PP y Acción Cívica contra la Corrupción.
Durante la exposición de las conclusiones del juicio, el fiscal ha realizado un resumen de la causa: "Se produjeron unas contrataciones de altos directivos efectuadas al margen de la legalidad en la empresa pública Divalterra con un quebranto para las arcas públicas cuantificado en 1,1 millones de euros". Con ellas, ha indicado, no se cumplió con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que establece que habrían de estar basadas en la igualdad, el mérito y la capacidad.
Anticorrupción ha señalado que los contratos no eran "adecuados, motivados ni necesarios" y que se realizaron con una apariencia de legalidad, con una simulación, con un artificio, para colocar miembros del PSPV y Compromís. "La única cualificación de mérito o capacidad fue su afinidad a un partido político determinado", ha comentado.
En opinión de la Fiscalía, la empresa pública "no puede ser un órgano político, sino que satisface necesidades en beneficio de los ciudadanos". "No se puede justificar esto como si fuera la Diputación. Además, Divalterra, antigua Imelsa, venía de un clientelismo político conocido que va a ser objeto de otro procedimiento. Es triste que los nuevos gestores de la sociedad hagan las mismas actuaciones", ha reflexionado. A lo que ha añadido que "Divalterra no ha sido otra cosa que un chiringuito durante toda su existencia".
En esta línea, ha indicado que no hubo ningún expediente de contratación ni convocatoria pública de estos cargos y ha ironizado: "Sí que encontramos un proceso de selección. Es el documento donde consta el reparto de las áreas y figura qué partido se lleva cada una".
El fiscal ha desvinculado al exresponsable de los servicios jurídicos en Divalterra José Luis Vera del diseño de los contratos, y ha resaltado el conocimiento tanto de Rodríguez como de Brines sobre la ilegalidad de los mismos. En este sentido, ha mencionado los correos que le envió el entonces gerente Víctor Sahuquillo en los que también le adjuntaba diferentes informes que cuestionaban los contratos.
