Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana estudia cómo compensar a las empresas concesionarias del servicio de ITV el perjuicio económico derivado de la pandemia y el confinamiento. Una de las opciones que están sobre la mesa es prolongar los contratos actuales más allá del 31 de diciembre, fecha a partir de la cual la Generalitat asumirá la gestión directa de este servicio tras 25 años de régimen concesional.
Esta compensación responde a la petición de las propias empresas, que desde hace meses vienen reclamando a la Conselleria de Economía la aplicación de una medida prevista en la legislación para compensar a las empresas concesionarias de la administración en los sectores directamente afectados por el decreto de Estado de Alarma.
En concreto, esta prerrogativa quedó regulada en el Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid, donde se considera justificado la extensión de los contratos de concesión por parte de la administración para lograr el reequilibrio previsto para las adjudicatarias.
El departamento que dirige Rafael Climent ha atendido la petición de las empresas concesionarias de los lotes de ITV en la Comunitat Valenciana para recuperar el tiempo en el que tuvieron las cerradas en 2020 y ha encargado a la Abogacía de la Generalitat un informe técnico sobre la viabilidad de esta opción.
Así se lo comunicó el propio Climent a los sindicatos el pasado 17 de mayo durante un encuentro para constituir una comisión de trabajo para negociar los aspectos relativos a la subrogación de los trabajadores por parte de la mercantil de la Generalitat que prestará el servicio a partir de 2023.
En esa reunión, el conseller de Economía explicó a los sindicatos que se trata de un tema muy complejo y que la compensación dependerá de la resolución de la Abogacía, pero ya les avanzó que existía la posibilidad de que el cambio a la gestión pública directa se retrasase algunos meses sobre lo previsto.
Al respecto, fuentes de la Conselleria de Economía precisan que esa complejidad reside fundamentalmente en la forma de calcular el perjuicio económico experimentado por cada uno de los adjudicatarios de los siete lotes y en si, en el caso de acordarse una prórroga, esta debería durar lo mismo para todas las empresas.
El perjuicio sufrido por la interrupción que se produjo de facto en el plazo de ejecución del contrato inicialmente previsto podría repararse bien con una prórroga, como piden las empresas, o bien con una compensación económica.
Cabe recordar que las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana permanecieron cerradas durante el periodo de tiempo en el que estuvo vigente el estado de alarma establecido por el Gobierno central mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
Cerca de 300.000 vehículos quedaron pendientes de pasar la ITV entre el 14 de marzo y el 11 de mayo, fecha en que comenzaron a reabrir sus puertas, de forma gradual por fases de desescalada, durante el estado de alarma.
