Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La empresa pública de la Generalitat para la gestión directa del servicio de ITV a partir del 1 de enero ingresará 73,5 millones de euros en su primer año de funcionamiento y ganará más de 16 millones de euros. El presupuesto para 2023 de esta nueva sociedad pública mercantil mantiene la cifra de negocio de las empresas privadas que actualmente prestan el servicio en régimen de concesión, unos ingresos que proceden de las tasas que los conductores pagan por la revisión obligatoria y que está entre los más altos de España.
Sin embargo, la intención de la Conselleria de Economía, departamento el que estará adscrita esta nueva empresa pública, es revisar a la baja las tarifas y, si es posible, hacerlo desde el momento mismo de la asunción del servicio. De hecho, en la memoria de actuaciones que acompaña a su presupuesto figura como uno de los objetivos "adecuar las tarifas, reduciendo en la mayoría de los casos las tarifas actuales, a los costes del servicio".
La aplicación de esa nueva tabla tarifaria que está en estudio está no obstante condicionada a la efectiva asunción de la gestión directa a partir del 1 de enero. Las empresas privadas que han gestionado el servicio durante los últimos 25 años han pedido a la Generalitat una prórroga de los contratos de concesión que acaban este año para compensarles por el lucro cesante forzado por la Covid-19.
Según la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV), la extensión del contrato debería ser de entre seis meses y un año, a tenor de los indicadores jurídicos y financieros que maneja la entidad. Aunque la Conselleria de Economía está dispuesta a aplicar una prórroga, ese plazo se considera excesivo, por lo que ha pedido a las empresas informes que justifiquen el perjuicio económico experimentado por la suspensión del servicio durante el Estado de Alarma.
A menos de dos meses de que expire el contrato, Aecova aún no ha presentado formalmente esos documentos a la conselleria aunque su intención es darlos a conocer de forma pública en la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).
Este elemento, el de la posible concesión de una prórroga y la duración de la misma, es el motivo por el que el presupuesto de la Societat Valenciana d'ITV no refleja en su previsión de ingresos el impacto de la pretendida rebaja de tarifas.
"No podemos hacer un cálculo de los ingresos con la nueva tarifa porque la tarifa es la que es actualmente", explica al respecto el subsecretario de la Conselleria de Economía, Natxo Costa, quien precisa que aunque la previsión de ingresos se basa en las tarifas vigentes, existe margen para bajarlas y se está analizando cómo hacerlo.
"Una mercantil publica no tiene que aspirar a ser recaudadora, sino a que los ingresos cubran los gastos; cualquier bajada de ingresos será una bajada del coste para los ciudadanos", añade Costa.
El presupuesto de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles para su primer año de funcionamiento prevé invertir 8 millones de euros para la construcción de cuatro nuevas estaciones de ITV en Riba-roja del Túria, Torrent, Mercavalència y Alcalà de Xivert.
La sociedad afronta la inversión con recursos propios, ya que los 16,5 millones previstos de beneficio bruto de explotación le permiten financiar esa ampliación de la red de ITV y destinar 8,49 millones a dotar el fondo de maniobra de la mercantil.
La mayor partida de gasto son los 42,16 millones de euros que costará la plantilla, ya que la Generalitat se subrogará a la mayor parte del personal contratado por las empresas concesionarias, alrededor de 1.200 personas. Los gastos de explotación previstos rozan los 15 millones de euros.
No obstante, previamente a la subrogación se va a realizar una auditoría del personal para comprobar la antigüedad de las contrataciones realizadas por las siete concesionarias y proponer una nueva estructuración de la plantilla existente. Tras ese análisis también propondrá un único convenio colectivo a aplicar a todo el personal, algo para lo que la Conselleria de Economía tiene abierta una mesa de trabajo con los sindicatos.
La Societat Valenciana d'ITV estará presidida por el conseller de Economía, Rafael Climent, y el consejo de administración estará integrado por Rosa Ana Seguí, directora general de Comercio; Silvia Cerdá, directora general de Industria; José Vicente Soler, director general de Economía Sostenible; María José Mira, secretaria autonómica de Modelo Económico; Daniel González, subsecretario de la Conselleria de Hacienda; y Júlia Company, directora general del Ivace.
Por parte de las organizaciones sindicales formarán parte del consejo de administración Daniel Argente, a propuesta de la UGT-PV; María Pilar de Vera (CCOO-PV); Manuel García Algarra (Intersindical) y Ruth López (CSIF).
