Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El conflicto bélico ha agravado aún más la crisis de las materias primas que desde hace meses viene azotando con fuerza a la mayoría de la industria. Si la pandemia provocó una fuerte tensión en la cadena de suministros, la guerra ha acabado de acentuar aún más una escalada inflacionista provocada por el imparable ascenso del precio de los materiales. A ellos se suma el incremento del combustible, el gas y la energía. Un encarecimiento que mantiene en jaque a las empresas por los sobrecostes añadidos.
Un maremágnum económico que ya ha tenido sus primeras consecuencias: grandes industrias como la electrointensiva se ha visto obligada a parar por la imposibilidad de asumir la fuerte subida de costes; la cerámica ya planifica suspensiones temporales de la actividad y el automóvil intenta sortear la tempestad reajustando sus calendarios de ERTE, como es el caso de Ford Almussafes. Y, en este contexto, la construcción no tiene el horizonte mucho más halagüeño.
La situación alcista se viene arrastrando desde el pasado año, pero la guerra ha acentuado aún más que todos los materiales presenten fuertes revalorizaciones, con incrementos superiores al 60%. Y seguirán haciéndolo. Así, por ejemplo, el cobre ha subido un 70%; el aluminio un 100% o la madera un 130% a lo que se suma la mano de obra por el alza del IPC. Ahora con la invasión rusa, la coyuntura se complica aún más porque Ucrania es uno de los principales productores de acero y hay riesgo de desabastecimiento.
"La escalada de precios es morrocotuda desde que empezamos el año. La situación se agrava por segundos y es dramática para el sector", advierte José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval). Todo ello ha obligado a muchas empresas a tener que rehacer números y parar obras en marcha por la imposibilidad de continuar sin acabar en pérdidas. Pero también ha derivado en una cascada de concursos públicos desiertos porque "los precios no se ajustan al mercado" y a las empresas no les salen las cuentas, señalan los contratistas.
Según los datos de Fecoval, en la Comunitat Valenciana han quedado desiertas 133 obras públicas valoradas en 79,4 millones de euros entre 2021 y los dos primeros meses de este año. Este dato supone que el 3,6% de las 3.255 obras que se licitaron en 2021 en la autonomía valenciana acabaron sin concurrencia; mientras que en el primer bimestre del 2022 son ya el 3,8% del volumen total licitado el que se ha quedado sin ofertas.
En concreto, son 118 las actuaciones que se quedaron sin adjudicarse el pasado año y en 2022 son ya 15, de las 392 licitaciones lanzadas por las diferentes Administraciones públicas: Estado, Generalitat Valenciana, Ayuntamientos y Diputaciones.
Por administraciones, durante 2021 y los dos primeros meses de 2022 se han quedado vacías en las tres provincias 18 actuaciones de la Generalitat Valenciana por valor de 20,9 millones de euros, mientras que han sido 84 las licitaciones desiertas lanzadas por los ayuntamientos valencianos valoradas en 29 millones. Como también ha sucedido con 10 proyectos por 3,4 millones de las tres diputaciones y otras 12 obras del Estado, que llegaban a los 15,2 millones de euros y que acabaron vacías. También, quedaron sin resolverse cuatro actuaciones de sociedades y mancomunidades locales, que ascendían a los 695.330 euros; y otras cinco de las universidades por 9,9 millones de euros.
Según explica Santa Isabel, algunas de estas actuaciones fueron convocatorias del Pla Edificant de la Conselleria de Educación para la construcción de centros educativos, que se cerraron sin que se hubiera presentado ninguna empresa a los concursos. Tampoco se presentaron propuestas para las licitaciones públicas de los trazados 1 y 2 del trasvase Júcar-Vinalopó.
La provincia más afectada fue la valenciana que se quedó con 71 proyectos sin ejecutarse por la imposibilidad de las constructoras de poder hacer frente a los proyectos, mientras que fueron 45 en la provincia alicantina y otros 17 en la de Castellón, según los datos de Fecoval.
A nivel nacional, según un informe realizado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), al menos 500 licitaciones públicas en España quedaron desiertas por una cuantía de más de 230 millones ante la inviabilidad de las compañías de asumir los costes. Y es que, según la patronal de la construcción, el pasado 2021 una de cada cuatro empresas de construcción tuvo que paralizar o retrasar la ejecución de alguna de sus obras, como consecuencia del fuerte aumento de las materias primas necesarias para la construcción. De media, la subida del precio de los materiales ha incrementado el coste total de las obras un 22,20%, una cifra que para muchas pymes es imposible de asumir.
Lo cierto es que el Gobierno central aprobó hace unas semanas un decreto para compensar a las empresas con hasta un 20% del presupuesto, cuando el precio de los materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre haya excedido del 5% en los contratos de 2021. Por tanto, aunque aplauden la medida, los contratistas valencianos la consideran insuficiente porque no incluye las actuaciones de 2020, cuando ya empezaron a subir los costes; así como critican que se excluye de la compensación a la energía y materiales como la madera que registran importantes subidas.
"Es una herramienta alternativa que aplaudimos, pero es verdad que limita qué tipo de obra y qué revisión se hace con la exclusión de materiales que son elementales y de la energía", comenta el presidente de los contratistas valencianos. Por tanto, a su juicio, es un decreto que nace "capado en volumen y en contenido" ya que al incluir solo cierto tipo de materiales, algunas obras serán descartadas. "Las obras de ferrocarriles y carreteras se podrán revisar, pero no las de agua y canalizaciones, por lo que muchos contratos van a quedar fuera de esa revisión, además de todas las de 2020", lamenta el empresario.
En este sentido, defiende que más allá de una revisión de los precios vigentes se necesita visión de futuro y ofrecer "ayudas que palien la permanente subida de costes con exenciones fiscales o reducciones del IVA". "Al final necesitamos procedimientos que nos den alivio y que se tomen ya porque la situación es tan grave que se precisan soluciones inmediatas", subraya Santa Isabel.
Y es que, de lo contrario, advierte de que las empresas no podrán aguantar más tiempo esta escalada y los cierres y la quiebra de compañías van a ser "inminentes". "Hay mucha preocupación en el sector. Si sigue esta situación sin la adopción de medidas vamos a tener que parar más obras y otras tantas seguirán quedando desiertas porque no se pueden asumir", recalca.
