El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Enero de 2024 arranca con dos juicios de importancia. El más relevante es aquel en el que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se sentará en el banquillo. El otro será el relativo a la financiación del PP de València que cuelga del caso Taula. Igualmente, a lo largo del año se tendrán que resolver diversas incógnitas judiciales pendientes, como la sentencia de la causa de Gürtel que afecta a Francisco Camps, el futuro más cercano de Mónica Oltra o si finaliza la instrucción del caso Azud.
Francisco Camps se sentó en 2023 por segunda vez en el banquillo por el caso Gürtel. Tras enfrentarse al conocido como juicio de los trajes en 2011, del que resultó absuelto, este año lo hizo por otra pieza separada de la macrocausa que se ha juzgado en la Audiencia Nacional. Concretamente, por el presunto trato de favor desde la Generalitat a siete empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que entre 2004 y 2009 recibieron varios contratos menores por valor de más de 1,8 millones de euros. También se incluyen las supuestas irregularidades en la adjudicación a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.
Uno de los momentos más relevantes del juicio fue el de la declaración del expresidente de la Generalitat, donde a preguntas de la Fiscalía, del abogado de la Generalitat, de algunas defensas de los acusados y de su propio letrado negó que diera cualquier orden o indicación con el objetivo de que la administración valenciana contratara con Gürtel.
Por su parte, Anticorrupción lo señaló como el "paciente cero" que ofreció a la trama Gürtel trasladarse a la Comunitat Valenciana, donde "colonizó" y "parasitó" las instituciones de la Generalitat. Además, le acusó de influir en una subordinada para contratar a la red de forma "absolutamente arbitraria".
El juicio quedó visto para sentencia el pasado octubre después de casi nueve meses desde su inicio y diversas suspensiones. Este 2024 tiene que llegar la esperada sentencia para Camps y para más de 20 acusados. La Fiscalía pide para el expresidente de la Generalitat un año de cárcel y seis de inhabilitación por fraude en concurso con prevaricación, una pena inferior a la que solicitaba en un principio.
Se trata de la última causa judicial que tiene pendiente el que fuera jefe del Consell desde que dimitió hace casi 13 años.
El exvicealcalde de València, Alfonso Grau, y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster, se enfrentan a partir de este enero al juicio por la pieza relativa a la supuesta financiación irregular de campañas del PP de la ciudad dentro de la macrocausa de Taula. También se sentarán en el banquillo José Salinas (Fundación Turismo Valencia Convention Bureau) y Juan Eduardo Santón (Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento).
El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia acusó a Grau de un presunto delito continuado de malversación y un delito continuado de cohecho; a Fuster de un delito continuado de cohecho; y a Santón y Salinas de un delito continuado de malversación.
En diciembre de 2021, la Audiencia Provincial archivó la investigación sobre un supuesto blanqueo de capitales para varios exediles del PP del Ayuntamiento tras seis años de instrucción. Una decisión que provocaba que el procedimiento sólo siguiera adelante para, entre otros, Grau y Fuster.
La resolución de la Audiencia de sobreseer a los exconcejales y exasesores populares–relevante y ciertamente inesperada– se producía dos meses después de que el juzgado de Instrucción dictara el auto de procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, para medio centenar de personas. A continuación, la Fiscalía presentó su calificación de los hechos, con peticiones de entre 4 y 15 años de cárcel.
El juzgado los había situado al borde del banquillo por haber realizado una aportación de mil euros para la campaña electoral de 2015 que después se les habría devuelto en dos billetes de 500. En total, un supuesto blanqueo de 50.000 euros del que el PP como persona jurídica también se habría beneficiado, de acuerdo con el magistrado y la Fiscalía. La Audiencia, sin embargo, admitió los recursos de la gran mayoría de investigados en un pronunciamiento que suponía que ya no fueran a juicio. Tampoco el partido. En la resolución, consideró que el delito de blanqueo no podía sostenerse "más allá de la mera sospecha".
El pronunciamiento generó un importante revuelo porque se trató de la investigación más mediática dentro de la macrocausa de Taula. La que acabó con la carrera política de la exalcaldesa de València Rita Barberá y por la que declaró como imputada en el Tribunal Supremo pocos días antes de fallecer.
Pero esta pieza del caso no se basaba únicamente en ese supuesto blanqueo ocurrido en 2015. También en la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011 con unas mecánicas que el instructor consideraba irregulares. En su conjunto, las describía como una "sobrefinanciación articulada exclusivamente en el ámbito local del partido" para sufragar las campañas electorales de esos tres años. Éstas habrían consistido, según el juez y el fiscal, en la recaudación de dinero de procedencia ilícita –por ejemplo donaciones de empresarios o cobros a sociedades por trabajos no realizados– "fundada en el clientelismo político y la corrupción que imperaban en el Ayuntamiento".
Esta parte de la investigación, la de las campañas del 2007 y 2011, fue la que no se archivó y por la que Fuster y Grau se sientan en el banquillo durante las próximas semanas.
El caso Taula, de la que se encarga el juzgado de Instrucción número 18, cuenta con hasta 11 piezas separadas que se encuentran en fases muy diversas. Algunas con condenas –como la de los zombis de Imelsa y Ciegsa o la de Thematica Events–, otras con absoluciones –como la del servicio del 'call center' de la Diputación de Valencia y varias que quedan pendientes.
En esta última situación se encuentra la relativa a las supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera. El juicio, en el que figuran como acusados exalcaldes de ambas localidades, se inició el pasado noviembre pero se suspendió hasta el próximo abril.
Pendiente queda igualmente el juicio –todavía sin fecha– sobre la pieza relativa al presunto alzamiento de bienes del exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla por ocultar patrimonio tras saber que era investigado en el caso Taula.
Otras piezas de Taula se van quedando en el camino. Así ocurrió con la de todas las supuestas irregularidades que tuvieron lugar en la empresa pública Ciegsa –dedicada a la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana– después de que la Fiscalía pidiera el archivo. El juez no vio delito en los sobrecostes.
En nada ha quedado la pieza H, que se abrió en 2018 desgajada de la anterior después de que el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa declarara ante la Fiscalía Anticorrupción. Una comparecencia en la que implicó en los pagos de 'mordidas' para financiar al PP a través de Ciegsa al empresario alicantino Enrique Ortiz y a la constructora Rover Alcisa.
Nulos avances ha tenido la pieza C, que indaga en la presunta operativa internacional de blanqueo de 1,8 millones de euros que Alfonso Rus pudo realizar a través de un entramado societario con sede en Brasil mediante compraventa simulada de acciones. La empresa central del asunto era Geneva, con filial en este país. El dinero que allí fue a parar procedía, según los investigadores, de la adjudicación de contratos por suministros, obras o servicios durante su etapa de alcalde de Xàtiva.
La Fiscalía pidió diligencias hace año y medio, pero el juez todavía no se ha pronunciado. Entre otras cuestiones, Anticorrupción solicitó que interviniese la Agencia Tributaria después de que les llegase la notificación de que el empresario Jaime Cabot –socio de Geneva– estaba siendo investigado en Andorra por blanqueo capitales. También que examinase las cuentas y la operativa internacional en la que se vincula a Rus. El riesgo es que todo prescriba.
En el limbo se encuentra la pieza E , en la que consta de todo lo relacionado con los contratos de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València dirigida por María José Alcón (fallecida en 2018). La investigación apuntó, una vez más, a 'mordidas' en la adjudicación de trabajos. Concretamente, para la rehabilitación de las Torres de Quart, de los puentes de Serranos y Trinidad o varias ediciones de La Mostra. Recientemente, el juzgado recibió nuevos informes periciales al respecto.
El juez redactó el auto de procedimiento abreviado –el equivalente al procesamiento que supone el paso previo a la apertura de juicio oral–, pero la Audiencia obligó a incluir en esta pieza las cantidades recibidas por Marcos Benavent cuando fue contratado por Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II El Just. El citado auto debía incorporar el mandato de la Audiencia, pero sigue a la espera más de un año y, por tanto, todaia no se puede elevar a juicio.
Algo parecido ocurre con la pieza principal de Taula, en la que figura la supuesta financiación ilegal del Olímpic de Xàtiva que presidió Rus. La Guardia Civil desgranó pagos al club de un total de 23 empresas que, mientras tanto, recibían adjudicaciones del consistorio. En esta investigación también aparecen los presuntos amaños en las adjudicaciones de los contratos del césped artificial con ayuntamientos de la provincia de Valencia, y de los que igualmente se cobraron presuntas 'mordidas'.
La parálisis de todas estas investigaciones ya ha provocado que Anticorrupción traslade su malestar al juzgado en varios escritos para pedir mayor agilidad.
Si hay un gran juicio durante este 2024 es el del caso Erial. Arrancará en febrero y contará con un total de 40 sesiones repartidas a lo largo de cuatro meses, hasta mayo de este año. Aunque, como suele ocurrir y dependiendo del desarrollo, podrá extenderse más. Con el cambio de calendario, la previsión inicial es que finalice en junio de 2024.
En el banquillo se sentarán el exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y18 personas más. Los investigadores de esta causa, de la que se ha encargado el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia junto a la Fiscalía Anticorrupción, han situado a Zaplana en el centro de una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
Junto al que fuera presidente de la Generalitat, se sentará en el banquillo su círculo más cercano de colaboradores, como los empresarios Vicente y José Cotino; su considerado testaferro Joaquín Barceló; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau; o el que fuera su exjefe de Gabinete Juan Francisco García. También otro exjefe del Consell, José Luis Olivas.
La Fiscalía pide para el exministro 19 años de cárcel y una multa de más de 40 millones de euros. Para su núcleo de confianza las solicitudes de pena oscilan entre los 8 y los 14 años de prisión –como es el caso de los empresarios Vicente y José Cotino. Para Olivas Anticorrupción pide 6 años.
El listado de testigos que desfilarán a lo largo del juicio resulta especialmente llamativo. Se trata de nombres que han ido apareciendo en la macrocausa, bien como personajes protagonistas o como personajes secundarios. Tendrán que acudir el comisario jubilado José Manuel Villarejo; el exgerente de Imelsa Marcos Benavent; el exabogado de este último, Ramiro Blasco; el ciudadano sirio que halló los papeles que dieron inicio a la causa; o el abogado uruguayo Fernando Belhot, entre otros.
Lo deseable sería que la instrucción del caso Azud finalizara este 2024. Lo deseable, porque las ramificaciones de esta investigación son inabarcables. El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones en varias administraciones públicas de la Comunitat. Prácticas relacionadas sobre todo con operaciones urbanísticas y que se habrían desarrollado entre los años 1999 y 2013 con el principal ámbito de actuación del Ayuntamiento de València durante la etapa en el que el PP (Rita Barberá) se encontraba al frente.
A lo largo de 2023 se han apuntalado diversas líneas de investigación, como la presunta financiación ilegal de las campañas del PSPV, los pagos de empresas como Acciona, las presuntas 'mordidas' gestionadas por investigados como José Luis Vera o el papel de la familia del abogado José María Corbín (cuñado de Barberá).
Además, se sigue la pista del dinero que el exviealcalde de València Alfonso Grau (uno de los principales investigados) se llevó al extranjero. Por el momento, se sigue la pista en Francia. Además, hay pendientes varias comisiones rogatorias, algo que suele alargar en demasía las instrucciones judiciales al tratarse de un auxilio que se solicita a autoridades de otros países.
2024 se encara como un año de impulso definitivo a la investigación. Máxime cuando recientemente el juzgado mostró su malestar a la Conselleria de Justicia por el intento de retirada –acabó reculando– de una funcionara de refuerzo, persona clave para el desarrollo de la causa.
En 2024 tiene que terminar definitivamente la investigación centrada en un posible fraude de subvenciones concedidas a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, y los Adell Bover. Todo depende de cuánto tarde en llegar el último informe de la Guardia Civil que le falta por recibir al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.
El pasado abril, la Audiencia de Valencia puso fin a la instrucción de manera precipitada tras un error procesal. Los magistrados estimaron los recursos de los acusados contra la última prórroga de la investigación, que había acabado en nulidad debido a un error del juzgado. Esto supuso que el juez titular no pudiera acordar ya más diligencias, sino únicamente recibir las pendientes, lo que deja cojas las indagaciones.
Los informes que entonces quedaban por presentar eran uno ampliado de la Guardia Civil dirigido a comprobar la facturación aportada a las solicitudes de subvención con los proveedores; y dos de las Intervenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana. El juzgado acabó pidiendo celeridad tras diversos problemas.
Los de las intervenciones ya fueron recibidos. El de la Generalitat concluyó que las mercantiles vinculadas a Francis Puig y sus socios recibieron de forma indebida un total de 67.504 euros del total de subvenciones analizadas –y las cuales ascienden a los 625.721 euros–. Es decir, alrededor del 10,8%. Pero la cantidad no alcanza los 120.000 euros, límite a partir del cual se enmarca el delito de fraude de subvenciones.
Ahora, queda pendiente únicamente el de la Guardia Civil, tras lo cual el juez deberá decidir si archiva la causa o dicta auto de procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– para los investigados, lo que supondría el paso previo a la apertura de juicio oral.
Todo parecía indicar que la instrucción que afecta a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra tocaría a su fin en el primer trimestre de 2024. Pero los plazos han saltado por los aires. Las causa se centra en la posible obstaculización, por parte de cargos de la Conselleria de Igualdad que Oltra dirigía, de la investigación judicial relativa a los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, con sospechas de ocultación y encubrimiento de lo ocurrido.
Hace justo dos años, el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia arrancaba las indagaciones que acabaron en un vuelco del panorama político valenciano. Tras ordenarlo la Audiencia de Valencia –que admitió un recurso de la víctima contra el archivo–, las diligencias fueron dirigidas a averiguar todas las responsabilidades relacionadas con el expediente abierto en la Conselleria de Igualdad supuestamente destinado a revisar la gestión que desde el propio departamento se había hecho de los abusos sexuales. Iniciado cuando ya estaba en marcha la investigación judicial sobre los hechos, es considerado paralelo a ésta y en él se incluyeron los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima.
Una parte de las sospechas de posibles conductas delictivas se han basado en este informe, por lo que el juez amplió el número de investigados de Igualdad para averiguar de qué manera se elaboró y con qué fin. También por qué se trato de desacreditar a la menor. Motivo por el que Oltra fue llamada a declarar como investigada.
En este final de 2023 había fijadas varias declaraciones de testigos, entre ellas la propia víctima. Quedaba por ver si el juez decidía alguna más dado que era posible que las acusaciones pidieran que se citara a Luis Icardi una vez el Tribunal Supremo ya ha confirmado su condena a cinco años de cárcel por abusos. Pero todo apuntaba a que serían las últimas diligencias.
La sorpresa ha llegado cuando la Audiencia de Valencia ha ordenado ampliar la investigación de los correos del equipo de la exvicepresidenta de la Generalitat a un determinado periodo temporal tras admitir el recurso de la acusación que ejerce la exdirigente de Vox Cristina Seguí. Una decisión que provocará que ahora el juzgado de Instrucción número 15 tenga que abrir una nueva pieza separada y que el procedimiento se alargue inevitablemente.
La causa relativa al fraude de más de 4 millones de euros a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València por parte de unos estafadores anónimos se encuentra en un limbo judicial en lo que respecta al procedimiento de que lleva en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
Hasta la fecha hay dos vías abiertas. Esta última, que es la penal; y la contable, en la que el Tribunal de Cuentas consideró a la que fuera jefa de administración de la EMT, Celia Zafra, responsable contable por una negligencia grave del robo de más de cuatro millones de euros y le obligó a abonar los más de 4 millones de euros. Aunque no concluyó que hubiera dolo ni que la directiva pretendiera el resultado, sí entendió que hubo falta de diligencia y que eso facilitó el fraude.
La defensa de Zafra interpuso un recurso contra esa sentencia ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite y se encuentra pendiente de resolución.
En cuanto a la investigación en la vía penal, no ha contado con grandes avances durante los últimos años y se encuentra encallada, en gran parte por la tardanza en la instrucción y en la poca aportación de las comisiones rogatorias. Multitud de flecos se encuentran todavía pendientes y Zafra figura como única investigada.
En junio de 2021, el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón abrió juicio oral al expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra y a otros nueve acusados por el presunto entramado elaborado por el expolítico para ocultar patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública. Todo ello, según consider el juez, con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales, lo que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros.
El juicio, sin embargo, todavía se encuentra sin fecha puesto que la Audiencia Provincial todavía no ha resuelto algunos recursos pendientes. Quedará por ver si entra para este 2024.
Belhot insiste en que Zaplana le contrató para gestionar sus fondos en el extranjero
