Francisco Llopis, portavoz de Aecova. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las empresas concesionarias del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana continúan pensado que la Generalitat no está preparada para prestar directamente este servicio a partir de 2023, pero comienzan a asumir que la intención del Consell de no prorrogarles el contrato es firme e irreversible.
La comisión técnica creada entre representantes de la administración y de la patronal que agrupa a estas empresas (Aecova) se reunió por primera vez este miércoles parar comenzar a preparar el traspaso de la gestión que, si se cumplen los plazos, debería hacerse efectivo en apenas cinco meses. Tras ese encuentro, del que ambas partes destacaron el buen tono, las empresas se ofrecieron para una "transición ordenada" que no debería hacerse "con las prisas de unas fechas condicionadas por una decisión política".
Por ese motivo, insistieron en que la Generalitat debería prorrogar los contratos de concesión para compensarles por el parón de casi tres meses durante el estado de alarma 2020 y las "situaciones extraordinarias" provocadas por la pandemia.
La Conselleria de Economía, como publicó Valencia Plaza, está dispuesta a estudiar y aceptar esa prórroga más allá del 31 de diciembre para resarcirles por el perjuicio sufrido por la interrupción de facto en el plazo de ejecución del contrato inicialmente previsto. De ahí que se le haya encargado a la Abogacía de la Generalitat un informe técnico sobre la viabilidad de la medida cuya complejidad reside en la necesidad de cuantificar el perjuicio concreto sufrido por cada una de las empresas que explotan los siete lotes en los que se divide el servicio.
Según precisan fuentes del Consell, en la reunión de este miércoles se les trasladó a las firmas concesionarias la intención de aplicar la prórroga, pero con dos condiciones: que las pérdidas sufridas estén acreditadas y que la propuesta sea homogénea para todas las empresas. En cualquier caso, la administración solo aceptaría una extensión del contrato por el tiempo de cierre forzoso en 2020, que fue del 14 de marzo al 11 de mayo.
Por su parte, según Aecova, las empresas están actualmente cuantificando cuál debería ser la compensación por el tiempo de inactividad con el objetivo de fijar un "umbral" que no perjudique a ningún asociado. La asociación, en cualquier caso, prefiere un acuerdo de máximos antes que de mínimos.
De hecho, interpretan que se les debe compensar tanto el tiempo que estuvieron cerradas como por las medidas extraordinarias que tuvieron que adoptar posteriormente a la reanudación del servicio para atender las inspecciones no realizadas, que implicaron el refuerzo de plantillas y recursos.
Al respecto, Aecova defiende que no puede haber una propuesta lineal porque cada lote tuvo unas singularidades y para el cálculo de la compensación deberían tenerse en cuenta todos esos otros factores.
Aunque las interesadas en retrasar unos meses la finalización de los contratos son las propias empresas, Aecova se prestó a ayudar a la Generalitat "el tiempo que sea necesario" para seguir prestando el servicio, porque en su opinión "va a tener dificultades para asumir la prestación del servicio en los tiempos que se han marcado".
El portavoz de la asociación, Francisco Llopis, destacó que están dispuestos a seguir gestionando las ITV hasta que la Administración esté preparada para asumirlas "con garantías" y dijo que lo hacen "en beneficio de las conductoras y de los conductores de la Comunitat Valenciana, de los más de 1.200 trabajadores de las estaciones y de la eficiencia económica a favor del contribuyente".
"Como hemos demostrado, las empresas tenemos capacidad para ayudar en esta transición a la Generalitat, con transparencia, lealtad institucional y vocación de servicio público", destacó el directivo.
