Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. "Caos" y "colapso". Así prevén las empresas concesionarias de las ITV que acabe el servicio en la Comunitat Valenciana tras la reversión anunciada por la Generalitat para el próximo mes de febrero, después de 25 años de gestión privada. Un proceso que ya se ha iniciado con la creación de la nueva empresa pública Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SVITV), que asumirá la gestión y a los cerca de 1.200 trabajadores. Quedan solo unas semanas para la vuelta del servicio a lo público y desde la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana (Aecova-ITV) critican la "precipitación" en las decisiones de la Administración y la falta de comunicación con la Conselleria de Economía, responsable de esta materia.
Por todo ello, han decidido iniciar una batalla judicial con la presentación de recursos por la vía de los contencioso-administrativo con el objetivo de prorrogar la concesión 15 meses más para evitar deficiencias en un servicio que, según defienden, durante estos 25 años "ha sido de calidad y ha funcionado bien". Una de sus principales quejas es la reciente eliminación de la prueba de ruido, así como la ampliación del plazo que les ha otorgado el departamento que dirige Rafa Climent para compensar las pérdidas por el cierre en la pandemia. En algunos casos el contrato se rescindirá el 23 de febrero y, en otros, será hasta el 3 de marzo. En un principio la reversión estaba prevista para el pasado 1 de enero.
Pero, además, ante la "falta de diálogo" con Economía, las concesionarias han solicitado la intervención del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el proceso de reversión para conseguir "una transición tranquila, racional y ordenada", que incluya esa prórroga de 15 meses de la concesión, con el fin de "evitar el colapso y el caos y que la calidad del servicio no se vea afectada para el ciudadano".
Así lo expusieron en una rueda de prensa el portavoz de Aecova-ITV, Francisco Llopis; y el vocal de la asociación, Ignacio Guerrero, quienes criticaron la ausencia de comunicación con la Conselleria, cuyas únicas directrices y requerimientos han llegado "tarde y son de imposible cumplimiento", señalaron. De hecho, aseguraron que la reversión acumula 12 meses de retraso respecto al calendario marcado en un principio por la Generalitat. "La sociedad pública que gestionará las ITV se ha constituido 14 meses después de lo previsto. Por tanto, ahora es inviable que en dos o tres meses recuperen las demoras acumuladas", advirtió Llopis.
Lo cierto es que en un principio la reversión estaba fijada para el próximo 1 de enero, pero finalmente Economía concedió una prórroga a las empresas como compensación por las pérdidas en el negocio por el tiempo que permanecieron cerradas durante la pandemia. El plazo de ampliación ha sido de entre 55 y 62 días, según los casos. Esta diferencia se debe al hecho de que la desescalada del confinamiento se produjo en diferentes momentos en las áreas de salud de la Comunitat Valenciana.
Por tanto, el contrato se prorroga duración 55 días, es decir, hasta el 23 de febrero, para las estaciones de ITV de Alcoy, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela-San Bartolomé, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinaròs y Xàtiva. En cambio, se ha ampliado en 62 días, hasta el 3 de marzo, en las de Alicante, Alzira, Castelló, Catarroja, Elche, Llíria, Massalfassar, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, València-Campanar, València-Vara de Quart y Vila-real.
Un calendario que no satisface a las concesionarias que han recurrido esa resolución de Economía para la prórroga del servicio ante "las dificultades técnicas y desigualdades que genera" la división por fechas. También, rechazan la exigencia de este departamento para que las empresas amplíen sus contratos de suministros esenciales hasta el 30 de junio, pese a que, a priori, ellas ya no estarán prestando el servicio. Otra cuestión que también han recurrido.
"Pretenden que nosotros asumamos esos contratos con sus costes correspondientes y la responsabilidad que se derivan de esas contrataciones pese a que ya habrá finalizado la concesión y no seremos nosotros los que estemos asumiendo la gestión. Es injusto", incidió Llopis. A su juicio, al ser una empresa pública la que tendrá las riendas de las ITV en la Comunitat Valenciana a partir del 3 de marzo se debería sacar un concurso público para esos suministros.
También cuestionan la eliminación "de manera unilateral" de la prueba de ruido, una decisión que "va en contra de la economía circular, de las directivas europeas, de la Conselleria de Medio Ambiente, de la racionalidad financiera y del convenio suscrito con las empresas concesionarias hasta terminar la concesión", incidieron. Y más, porque, según sus estimaciones, esta decisión va a generar una reducción de cerca del 20% de los ingresos y de entre el 60 y el 80% de los beneficios de las empresas, que en 2022 facturaron cerca de 80 millones de euros.
Por ello, pidieron una prórroga de hasta 15 meses por los daños causados. "La Conselleria está sobrepasada y actúa de manera precipitada. Las empresas estamos dispuestas a seguir colaborando, pero solicitamos que recalculen la ampliación del plazo de dos meses y lo prolonguen 15 meses más para garantizar un servicio de calidad y evitar el colapso", insistieron
Otro de los problemas que pusieron de manifiesto fue la "desatención" que habrá en la zona sur de la provincia de Alicante, ya que aseguran que se va a quedar sin estaciones de ITV móvil "por las prisas del Consell". "Municipios como Santa Pola, Pilar de la Horadada, El Campello, Elda, Monóvar, Calpe, Orihuela, Novelda y Redován se quedarán sin una estación de ITV próxima, provocando un impacto en más de 300.000 conductores", advirtieron.
Por todo ello, apuntaron que Climent está tomando "decisiones precipitadas e ilegales, carentes de proporcionalidad y que resultan flagrantemente contrarias a derecho". "Aecova sigue abogando por una transición tranquila que no se base en la improvisación y en las prisas y que no estropee la buena prestación de un servicio público que se ha salvaguardado durante los últimos 25 años", defendieron los representantes de la asociación.
Pese a sus críticas, se mostraron abiertos a dialogar y acordar una nueva hoja de ruta, pero reclamando a la Generalitat Valenciana que "coja las riendas de la gestión cuando estén preparados" porque, a su juicio, "hoy por hoy no lo están". "Si el conseller Climent no toma esta decisión, debe ser Puig quien lo haga. Le instamos a sentarse con las concesionarias y pactar un calendario de reversión factible o de lo contrario habrá un colapso y un caos y los culpables serán ellos", remarcaron.
