Primer consejo de administración del Sabadell en Alicante, el 26 de octubre de 2017ALICANTE (EFE/AP). Cataluña cumple en octubre cinco años del mayor terremoto empresarial de las últimas décadas, el que llevó a varios miles de empresas catalanas, entre ellas los bancos, a trasladar sus sedes a otras comunidades por miedo a una declaración unilateral de independencia.
Un movimiento del que salió especialmente beneficiada la Comunitat Valenciana, que fue el destino preferente de las sedes de las entidades financieras por sus lazos históricos y empresariales: CaixaBank, que había absorbido el Banco de Valencia, se mudó a la capital del Turia; y el Banco Sabadell, que había hecho lo propio con la CAM, eligió la antigua sede de la caja en Alicante como domicilio social.
Según fuentes empresariales consultadas por Efe, el traslado de todas esas sedes sociales está plenamente asentado y nada hace pensar actualmente en un movimiento de retorno de las sedes sociales de las grandes empresas a Cataluña. De hecho, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, lo ha reiterado en varias ocasiones en estos cinco años, aunque cada vez el debate surge menos. También el de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se ha expresado en el mismo sentido en alguna ocasión.
No en vano, en los ambientes empresariales sigue existiendo desconfianza hacia la posibilidad de que Cataluña sea capaz de garantizar un clima político estable a corto plazo, apuntan estas fuentes, que añaden que este asunto en todo caso tampoco está sobre la mesa de los consejos de administración de las grandes compañías.
En el caso de las empresas que movieron su sede a Madrid, la fiscalidad favorable de esta comunidad puede ser un argumento más para retener a algunas empresas de capital familiar que dieron ese paso, apuntan algunas fuentes. Pero no es una razón que esgriman las grandes compañías ya que el procés no provocó movimientos en bloque de centros corporativos o de servicios centrales, aunque sí consolidó una mayor presencia en Madrid de altos directivos.
En esta línea, las fuentes consultadas recuerdan que en octubre de 2017 se buscaba a toda costa un lugar estable para mover la sede y que garantizara la permanencia en la UE en caso de independencia de Cataluña, y recuerdan que fue una marcha forzosa, en busca de seguridad jurídica.
Aunque las grandes empresas no se plantean actualmente volver a situar su domicilio social en Cataluña, fuentes del mercado aseguran que no es descartable, en cambio, que en un futuro a medio plazo pudiera plantearse el retorno de la Fundación Bancaria La Caixa desde Palma a Barcelona, pero siempre que se diera una serie de condiciones que ahora no se dan, como una estabilidad institucional en Cataluña.
Después del referéndum del 1 de octubre de 2017, prohibido por el Tribunal Constitucional, una parte de las empresas catalanas, entre ellas las grandes compañías, empezaron a creer que la posibilidad de que Cataluña declarara unilateralmente la independencia no era tan descabellada, y para proteger sus intereses y los de sus accionistas decidieron trasladar sus domicilios sociales a otras partes de España, lo que generó un octubre de vértigo.
Aunque los primeros pasos los dieron empresas como Oryzon Genomics (3 de octubre) o Naturhouse, ya en el mes de agosto, al fijar su sede social en Madrid, el gran desencadenante de la 'fuga' empresarial se produjo el 5 de octubre, con la marcha de Banco Sabadell a Alicante.
La posibilidad de una declaración unilateral de independencia -la llamada DUI- por parte del Parlamento catalán causó alarma en el ámbito empresarial, y en el caso de los bancos ese temor también se trasladó a los clientes. Los días posteriores al 1 de octubre se multiplicaron los catalanes preocupados por sus ahorros y que optaron por abrir cuentas bancarias fuera de Cataluña.
Según datos recopilados entonces por las patronales bancarias AEB y CECA, un total de 29.429 millones de euros en depósitos salieron de las oficinas de los bancos, incluidos los de las antiguas cajas, en Cataluña durante 2017. En ese contexto de alarma, CaixaBank aprovechó el decreto ley aprobado por el Gobierno para facilitar el cambio de sede social sin tener que pasar por Junta de Accionistas para trasladar su domicilio social a Valencia.
Durante cuatro años, la Comunitat fue la sede social de tres de los cinco grandes bancos españoles: CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell. Sin embargo, la fusión entre las dos primeras entidades redujo el número de sedes a dos (y a punto estuvo de quedarse en una, si los contactos del Sabadell con BBVA hubiesen cristalizado). En ese proceso, Cataluña intentó 'pujar' por la sede de la nueva CaixaBank, pero los vínculos con València se habían reforzado. La vocación de los dos bancos es de continuidad en sus nuevos domicilios.
También dieron ese paso de trasladarse sin tener que convocar una junta, en este caso a Madrid, Gas Natural Fenosa -ahora llamada Naturgy-, la Fundación Bancaria La Caixa, que se fue a Palma, u otras cotizadas. Fue el caso de Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams o Cementos Molins, entre otras, que también decidieron mover su sede social fuera de Cataluña durante ese convulso octubre, de forma que el gigante de los hemoderivados Grifols se quedó entonces como la única cotizada catalana del IBEX 35 que mantuvo su sede en la comunidad catalana.
En ese ambiente de miedo por lo que podía suceder, otras grandes compañías familiares catalanas mudaron el domicilio social a otras comunidades, como Codorníu, Hotusa, Indukern o Planeta. También Agbar, controlada entonces por Suez -y ahora integrada en Veolia-, decidió llevarse la sede social fuera de Cataluña, aunque en septiembre de 2018 anunció que fijaba de nuevo su sede social en Cataluña apelando a la "estabilidad económica", en uno de los pocos casos de movimiento de regreso que han trascendido.
En cuanto al volumen de empresas que trasladaron su sede social a otras comunidades, los datos varían. Según los del Colegio de Registradores, en 2017 y en la primera parte de 2018 un total de 4.422 empresas catalanas trasladaron la sede a otras partes de España, aunque también en ese período hubo 758 empresas que se instalaron en Cataluña.
En cambio, la Generalitat dio a conocer en septiembre de 2018 un estudio que reducía a 2.501 el número de "decisiones empresariales" de traslado tomadas entre octubre de 2017 y julio de 2018, aunque esas decisiones correspondían a 3.700 CIF (códigos de identificación fiscal de las compañías), aclaró entonces. Por su parte, la patronal catalana Foment del Treball, que forma parte de la CEOE, estima que se fueron unas 5.000 empresas de las 550.000 empresas domiciliadas en Cataluña.
