Manuel Mata es el decano del Colegio de Abogados de Castellón.CASTELLÓ. El Colegio de Abogados de Castellón celebró el pasado viernes su primera junta general ordinaria de 2020 que, inicialmente, estaba prevista que se desarrollara el pasado mes de marzo, pero que tuvo que suspenderse en su día como consecuencia del estado de alarma. La sesión sirvió, además de para aprobar las cuentas anuales, poner en evidencia los riesgos que amenazan a la propia actividad letrada, como es la amenaza de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, que conllevarían a una "privatización de la Justicia" o la implantación de los servicios online con la expansión de las grandes corporaciones, la inteligencia artificial y los intentos de acabar con la presencialidad en la Abogacía.
En la reunión se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2019 y se ha acordado por unanimidad la medida propuesta por la junta de gobierno de exonerar a todos los compañeros la cuota colegial correspondiente al segundo trimestre de 2020, así como la concesión de un aplazamiento de la cuota correspondiente al tercer trimestre para todos aquellos compañeros que lo hubieran solicitado.
El decano del Colegio, Manuel Mata, aprovechó para señalar los hechos más relevantes acontecidos durante el año 2019 como corresponde a esta primera junta del año y que ha debido trasladarse al último trimestre. Durante el transcurso de la misma se han repasado algunos de los problemas que en la actualidad más preocupan a los abogados. Así, el decano ha señalado algunos de los retos que, a su juicio, enfrenta la Abogacía, como es la privatización de la Justicia a través de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación, que puesta en manos de operadores privados tendrá efectos negativos en aspectos tan sensibles como la creación de jurisprudencia, igualdad de armas entre las partes de un proceso, transparencia… "con posibilidad de socavar principios fundamentales del Estado de Derecho tal y como se ha concebido tradicionalmente en nuestro ámbito, donde una función tan básica se había reservado tradicionalmente a los poderes públicos.
En este ámbito, señala Manuel Mata, “sorprende la ingenuidad de algunos de nuestros políticos, absolutamente entregados a una privatización de la Justicia en un ámbito de la resolución de conflictos ante el colapso de los juzgados".
Por otro lado, el decano habló de la irrupción de las grandes corporaciones de internet al sector legal, prestando servicios online través de la inteligencia artificial, que pretende sustituir la presencialidad de los letrados como representantes de los ciudadanos ante la Justicia. En este sentido Mata apuntó cómo la realidad online pretenderá sustituir a la offline tal y como ya ocurre en otros ámbitos de las relaciones personales y económicas.
Según entiende el decano, "esta es una transformación muy profunda que llegará al sector legal y respecto a lo que corporaciones de derecho público como los colegios debemos actuar". Mata incidió al respecto que “la Abogacía institucional debe estar muy atenta, porque estos procesos no son inocuos y tenemos el peligro de que sean los ciudadanos, especialmente aquellos más vulnerables y con menos recursos, quienes se vean más afectados. Los más pudientes -explicó- siempre tendrán la posibilidad de acudir a un abogado para que su asesoramiento sea más personalizado y especializado”.
Por otro lado, el máximo responsable del colegio, manifestó que “es seguro que las autoridades de la competencia verán con buenos ojos estas transformaciones, ya su prioridad es la rebaja de precios de los servicios y ven a las grandes corporaciones de internet estadounidenses como la panacea para el abaratamiento de precios". En este sentido aludió a aspectos como la calidad del servicio, la seguridad y confidencialidad de los datos suministrados a las operadoras, la tutela de los intereses de los más vulnerables; lo que parece que deban quedar relegados”.
Finalmente, Mata recordó cómo los abogados prestan un servicio esencial en un Estado democrático y "su actividad trasciende el fundamental derecho de defensa de los ciudadanos para constituirse como garantes del mismo Estado de Derecho y del respeto de los Derechos Humanos".
Con posterioridad la junta cerró una sesión que se celebró presencialmente en la sede colegial y con las adecuadas medidas sanitarias de distanciamiento social, ventilación y uso de mascarilla.
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