Manuel Mata: "No saldremos del atasco judicial con medidas cosméticas como habilitar 20 días en agosto"

CASTELLÓ. Decano del Colegio de Abogados de Castellón desde hace ya algo más de un año, el vila-realense Manuel Mata, con despacho profesional en la capital de la Plana y con más de 25 años en el ejercicio de su profesión, viene afrontando desde su puesto uno de los periodos más complicados que se recuerdan a tenor de la implantación del estado de alarma. Un momento histórico que dice afrontar con responsabilidad, pero sin huir de la crítica ni del compromiso para cimentar las bases y lograr aquello que hoy parece una utopía: una administración de Justicia que pueda ser cercana, autónoma, eficiente, rápida y eficaz. Aspectos todos ellos fundamentales para coser las entretelas del Derecho de una sociedad moderna y democrática que el Covid-19 y todos sus efectos nocivos han venido a poner a prueba.

Manuel Mata habla con orgullo del nivel profesional y el compromiso de todos los abogados de Castellón en unos tiempos especialmente convulsos que han sacudido también a la Abogacía, como parte, que es, de la sociedad civil. El decano recibe de manera telemática a Castellón Plaza, en su casa, convertida en el despacho de guardia durante un confinamiento que limita el movimiento, pero no las palabras:

-¿Cuál es la postura del Colegio frente al decreto gubernamental que propone rehabilitar parte del mes de agosto, algo con lo que cuenta con bastante oposición por parte de abogados y procuradores, cuando jueces y funcionarios mantendrán intacto sus periodos vacacionales?
La posición del Colegio de Abogados de Castellón, al igual que la del Consejo General de la Abogacía, es muy crítica con la medida adoptada por el gobierno de habilitar el mes de agosto a efectos procesales. El Ministerio de Justicia la ha querido presentar como una medida dentro de lo que ha denominado plan de choque para paliar el colapso judicial que se prevé una vez se reanude la actividad en los juzgados. Esto nos recuerda la creación de los famosos juzgados de cláusulas suelo que ya rechazó la Abogacía en su día y que no han servido sino para eternizar los procedimientos. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón.

"Los abogados y abogadas pedimos que se nos dé voz en el debate de las soluciones".

La Abogacía no rechaza esta medida porque esto pudiera implicar el que los abogados y abogadas no puedan disfrutar de vacaciones y que, no olvidemos, es un derecho plasmado en nuestra Constitución. En una situación como la actual, la Abogacía no puede sino ser solidaria con la sociedad en su conjunto y seríamos los primeros en trabajar las horas que fueran necesarias si con ello podemos contribuir a una salida más rápida de la crisis.

Nuestro enfoque con el Ministerio ha sido pedir concentrar las vacaciones de todos los intervinientes: funcionarios, fiscalía y jueces y magistrados, en agosto, para que no ocurra lo que viene ocurriendo todos los años, que no es sino que al distribuirse las vacaciones entre todos ellos, los juzgados se paralizan desde principios de julio a finales de septiembre. Al ir encadenándose sus vacaciones y no simultanearlas, el efecto práctico son tres meses de parálisis judicial. Hay que tener en cuenta que esto implicará no solo que los abogados trabajen en agosto, sino que los ciudadanos que quieran defender sus derechos, testigos y peritos, tampoco puedan hacerlo.

Es más, las asociaciones de jueces y fiscales comparten con la Abogacía la crítica a dicha medida por idénticos motivos. Entendemos que se trata, más bien, de una “ocurrencia” o lo que se conoce ahora como una medida imaginativa, con una finalidad puramente efectista pero no puede calificarse, en ningún caso, como medida de choque. Los abogados y las abogadas daremos una respuesta adecuada.

-El Gobierno ha encargado a un prestigioso bufete la redacción de la ley del derecho de defensa. Esta cuestión también cuenta con bastante oposición por parte de abogados de base, que viven otra realidad alejados de la llamada defensa de las grandes corporaciones. ¿Cuál es su postura al respecto?
La Abogacía lleva mucho tiempo reclamando una Ley del Derecho de Defensa que dé el adecuado rango legal a la función que desarrollamos abogados y abogadas en la defensa de los derechos de la ciudadanía. El Consejo General hace muchos años que preparó un borrador con el que acelerar su tramitación, pero lamentablemente no se le ha dado el impulso definitivo.

"Habilitar agosto a efectos procesales es una 'ocurrencia' que ahora llaman 'medida imaginativa'".

El actual ministro anunció su intención de aprobarla durante su mandato y, en efecto, en estos días se ha sabido que la persona que podría dirigir el grupo de trabajo creado al efecto sería el abogado Antonio Garrigues. Su capacidad está fuera de toda duda. Su trayectoria profesional es intachable. Por lo que conozco, Antonio Garrigues no ocupa ningún puesto profesional, en el despacho que lleva su nombre, desde 2014. Es verdad que ostenta la presidencia honorífica desde entonces por ser uno de los fundadores. Por lo que en ningún modo entiendo que surja como encargo al despacho profesional que fundó, sino más bien como una encomienda personal, dada su trayectoria.

El resultado del encargo dependerá fundamentalmente del perfil de las personas que vayan a formar parte de la comisión que se cree. Ahí es donde la Abogacía tiene que estar presente, dejando patente el enfoque mayoritario de los abogados y abogadas que lo componemos.

En este sentido, la capacidad de coordinación de equipos que atesora Antonio Garrigues está fuera de toda duda. Ahora de lo que se trata es de que coordine su trabajo en la dirección que propugna la Abogacía, siempre en beneficio de su misión primordial que es la defensa de los derechos de la ciudadanía.

-El decreto de autónomos de la Generalitat concede ayudas a los que están dados de alta en el régimen general de la Seguridad, mientras que hay un número de abogados, no despreciable, que tienen mutualidad propia y no se pueden beneficiar de estas partidas. Ustedes han recurrido. ¿Hasta dónde piensan llegar?
La Abogacía valenciana ha recurrido el decreto aprobado por la Generalitat que discrimina injustificadamente a los abogados y abogadas respecto del resto de trabajadores por cuenta propia en la percepción de ayudas. Existen muchos abogados que lo están pasando verdaderamente mal, al igual que muchos ciudadanos, y nos parece inadmisible ser discriminados cuando se trata de ayudas que proceden del presupuesto de la Generalitat al que también contribuimos los abogados con nuestros impuestos. Se ha intentado negociar y hacer ver a la Generalitat lo injusto de la medida adoptada y que los abogados y abogadas deberíamos ser contemplados en igualdad de trato que el resto de valencianos.

"partidos que forma parte del gobierno valenciano están reclamando en el Congreso de los Diputados la extensión de ayudas a los mutualistas cuando la niega en la Comunitat. Son incongruencias que ocurren en el ámbito de la política".

Resulta incomprensible que uno de los partidos que forma parte del gobierno valenciano esté reclamando en el Congreso de los Diputados la extensión de ayudas a los mutualistas cuando la niega en la Comunitat Valenciana. Son incongruencias que ocurren en el ámbito de la política de partidos en nuestro país.

Decidimos presentar, junto con los profesionales de la Procura, un recurso por vulneración de derechos fundamentales. ¿Cómo vamos a pretender defender los derechos de nuestros clientes si no defendemos los propios? Llegaremos donde debamos llegar porque estamos ante una flagrante discriminación.

-La falta de medios de protección frente al Covid-19 ha afectado a numerosos profesionales de diversos ámbitos, pero también a los abogados, en especial a los del turno de oficio de asistencia a detenidos. ¿De qué manera el Colegio ha atendido o atenderá estas demandas?
Afortunadamente en el Colegio de Abogados de Castellón, unas semanas antes de que se decretase el estado de alarma, tuvimos la precaución de adquirir mascarillas para los compañeros que prestan el servicio de asistencia a detenidos y hemos podido dotarlos de estos medios. En las últimas semanas hemos recibido desde el Ministerio de Justicia y nuestro Consejo General alguna partida más y, en este sentido, no ha habido problema.

Este Servicio de asistencia a detenidos, siendo un derecho fundamental contemplado en la Constitución, se ha seguido prestando como actuación esencial que es. Han surgido problemas, derivados de la reivindicación que hemos hecho para que algunas de estas actuaciones fueran realizadas a través de videoconferencia en los centros de detención.

"La falta de sensibilidad de la delegación del gobierno ha impedido, hasta la fecha, que el servicio de asistencia a detenidos se pudiera prestar por vía telefónica o telemática incrementando el riesgo de contagios".

Lamentablemente, nos hemos encontrado con la imposibilidad de implementar estas medidas como sí se han podido realizar en la mayoría de comunidades autónomas. La falta de sensibilidad de la delegación del gobierno en nuestra Comunidad ha impedido, hasta la fecha, que este servicio se pudiera prestar por vía telefónica o telemática incrementando el riesgo de contagios entre todos los que intervenimos en estas actuaciones. Fue igualmente sorprendente que la delegada del gobierno señalase carecer de competencias para ello, en una manifiesta muestra de desconocimiento de lo que son sus atribuciones.

Por este motivo, esta semana pasada el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados reprobamos a la delegada del gobierno solicitando su dimisión.

-¿Habrá posibilidad de aplazamiento y, en su caso, extender al resto del año las cuotas colegiales ante unos hechos excepcionales como los que se han producido por la crisis del coronavirus? ¿Tiene el Colegio recursos propios para ello?
La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Castellón no es sino la expresión de la voluntad de todos los compañeros y compañeras. Afortunadamente somos un Colegio saneado con un pulmón financiero importante. Ese patrimonio surge del esfuerzo y austeridad de anteriores generaciones de abogados de Castellón que las siguientes generaciones hemos tenido la responsabilidad de mantener. En muchas asambleas este asunto del mantenimiento del patrimonio colegial ha sido debatido. Pero el ahorro no es una finalidad en sí mismo. El ahorro no es sino la seguridad de que cuando llegan tiempos realmente duros, puedas tener la oportunidad de capearlos de la mejor manera posible. En este sentido, el Colegio debe responder a la gravedad de la crisis que afecta a la actividad de todos los colegiados y, por tanto, la junta de gobierno acordó suspender durante este periodo la exigencia de la cuota colegial y proponer a la Asamblea de todos los colegiados que todos quedemos exonerados, cuanto menos por la parte correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020.

"en relación a la dimensión de la crisis, el colegio valorará la capacidad de reducir de manera más importante sus cuotas colegiales".

Podemos asegurar que, en relación a su dimensión, el colegio de abogados de Castellón será el que tenga la capacidad de reducir de manera más importante sus cuotas colegiales. No es mérito de la actual junta de gobierno, sino de quienes nos antecedieron en el cargo.

-En este periodo de desescalada se da por hecho que los juzgados de lo Social, de lo Mercantil y los contenciosos administrativos van a soportar un aluvión de procedimientos. ¿Han hablado con la Administración de estas circunstancias para buscar soluciones?
Efectivamente. Se han hecho propuestas, coordinadamente con el resto de colegios de España y a través del Consejo General al Ministerio en el sentido de agilizar la administración de justicia y tratar de paliar el colapso al que se prevé con el fin del estado de alarma.

Los abogados añoramos una administración de justicia que pueda ser cercana, autónoma, eficiente, rápida y eficaz. Lo que parece una utopía. Por el contrario, seguimos teniendo una “justicia tardía, atascada, cara, desigual, imprevisible, mal trabada e ineficaz” como señalaba el profesor Alejandro Nieto en 2004 en un libro que titulaba El desgobierno judicial y que si leemos ahora parece un retrato de la situación presente.

Un Estado moderno y competitivo, como pretendemos que sea el nuestro, no puede permitirse tener una justicia ineficiente, con retrasos, permanentemente socavada por los partidos políticos que centran en ella sus debates partidistas y en la que pretenden influir.

"Un Estado moderno y competitivo, como pretendemos que sea el nuestro, no puede permitirse tener una justicia ineficiente, con retrasos, permanentemente socavada por los partidos políticos que centran en ella sus debates partidistas y en la que pretenden influir".

Las consecuencias de este estado de la justicia las pagamos y las pagaremos los ciudadanos. Cuando un inversor extranjero se plantea un lugar donde desarrollar sus negocios, la calidad de la justicia es un elemento fundamental. En esto, nuestro país pierde muchos puntos.

Las propuestas planteadas por la Abogacía al Ministerio proceden del análisis y observación que realizamos en nuestra práctica diaria.

Pero el problema no tiene su origen únicamente en la administración de Justicia. Así, por ejemplo, la enorme carga de trabajo en el orden contencioso-administrativo también procede de una administración pública cuyas actuaciones son sistemáticamente discutidas por los ciudadanos que en muchos casos las consideran desproporcionadas e injustificadas. Así, por ejemplo, ¿cómo se entiende que hasta hace unos años existiesen en la Comunidad Valenciana decenas de miles de actuaciones administrativas revisando impuestos de transmisiones patrimoniales en compraventas de viviendas, discutiendo los valores y que eran sistemáticamente estimadas por nuestros tribunales al considerar que no estaban motivadas?

O por ser más actuales. Hace unos días se publicaba que solo en la Comunidad autónoma de Madrid se habían impuesto más de 76.000 denuncias derivadas de incumplimientos de la obligación de confinamiento durante el estado de alarma. Pongamos que en toda España tengamos 800.000 denuncias. ¿Qué ocurrirá si un 10 por ciento de ellas llegan a nuestros tribunales? Creo que la respuesta es obvia.

Ese es el debate fundamental que la Abogacía quiere llevar al Ministerio de Justicia y, volviendo al inicio de la entrevista, no resolveremos el atasco judicial con medidas puramente cosméticas centradas en habilitar 20 días de agosto este año. Los abogados y abogadas pedimos que se nos dé voz en el debate de las soluciones.