CASTELLÓ. El Acord de Fadrell se prepara para vivir un intenso inicio del curso político en el Ayuntamiento de Castelló. Los deberes pendientes auguran un mes de septiembre movido, poniendo incluso a prueba las relaciones entre el PSPV, Compromís y Podem-EUPV, los tres partidos que integran el gobierno municipal. El asunto más espinoso obedece a la modificación del callejero, en aplicación de la ley de Memoria Democrática.
El cambio de denominación de seis calles se le atraganta al tripartito desde que la formación valencianista, a través de una de sus concejalías (Cultura), elevara a la Junta de Gobierno Local un acuerdo a mediados de junio. El punto se retiró finalmente del orden del día, sin llegar a votarse. El principal socio del ejecutivo, en contra de determinados nombres, amagó con tumbar la propuesta, haciendo valer su mayoría de concejales. Compromís dio una semana de plazo al PSPV para que valorara la oferta. Sin embargo, las alejadas posturas impidieron avanzar lo suficiente, de manera que se decidió dejar pasar agosto para reflexionar y retomar el tema a la vuelta de las vacaciones.
En esencia, la discrepancia se produce con Beatriz Guttmann, Isabel-Clara Simó, Empar Navarro y Guillem Agulló, cuatro de los nombres propuestos por la fuerza que lidera Ignasi Garcia y que apoya la confluencia. Con el padre Ricardo y Germà Colom existe consenso. La formación socialista plantea como alternativas a Joan Fuster, Pilar Granel y las ciudades de Ube (Japón) y Targoviste (Rumanía). Además, defiende como innegociable a la escritora Concha Alós y la doctora y catedrática de Química Purificación Escribano. Con ambas, los socios minoritarios estarían de acuerdo, por lo que realmente el problema surge solo con dos personas.
En este punto, los tres grupos sí coinciden en la necesidad de eliminar del callejero las plazas Herrero Tejedor y Sánchez Gozalbo y las calles Carlos Fabra Andrés, Santos Vivanco, Cronista Revest y Traver Tomás. Los seis personajes están incluidos en el catálogo de vestigios franquistas de la Conselleria de Calidad Democrática.
Mucho menos espinoso parece la aquiescencia de los partidos progresistas a propósito del Plan General de Castelló. De hecho, existe avenencia acerca de la necesidad de finiquitarlo en el pleno ordinario del próximo mes. Encarrilado todo el proceso administrativo, solo falta aprobar la pieza Pormenorizada, una de las dos herramientas del planeamiento urbano (la otra es la Estructural). Si no se validó en julio fue por culpa de un informe de Costas, que no llegó a tiempo. Con independencia de que esa valoración técnica se haya remitido o no por parte del Ministerio, el Fadrell someterá a votación el documento al disponer de las garantías jurídicas para ello.
Al mismo tiempo que se resolverá el marco urbanístico, el equipo de gobierno tendrá que avanzar con el presupuesto de 2023. Al tratarse del último de la legislatura, resulta especialmente importante para alcanzar los objetivos incumplidos y recogidos en la hoja de ruta de gobernanza. De acuerdo con las instrucciones dadas por la alcaldesa, Amparo Marco, en mayo, existe un cierto retraso en vista de que el debate político debía haberse cerrado antes del parón de agosto.
Al menos, los miembros del gobierno municipal ya disponen de los planes departamentales para iniciar el encaje de bolillos sobre las inversiones y los gastos. Conocidas las necesidades de las 15 concejalías, las cuentas municipales están en el tejado de los grupos políticos antes de que los técnicos inicien la extensa tramitación. El hecho de que intervengan áreas como Tesorería o Intervención complica la elaboración definitiva del presupuesto. Además, hay que sumar otras fases como la apertura de un plazo para enmiendas por parte de la oposición o la exposición pública. En efecto, muchos meses de trabajo y discusión.