Manifestación de procuradores en Madrid el pasado febrero. Foto:. EP/Juan BarbosaVALÈNCIA. Abogados y procuradores de toda España están en pie de guerra desde hace varios meses para reclamar mejoras en su sistema de pensiones. En la Comunitat Valenciana, la movilización ha sido en la calle, pero también con una intensa campaña en redes sociales que ha tenido una importante repercusión. Todo ello a la espera de las soluciones que aporte el Gobierno central.
La procuradora Ana Pons explica en conversación con este periódico el origen del problema. "Los abogados y los procuradores, cuando nos colegiamos en su momento, teníamos que estar de alta en la mutualidad para ejercer. No podíamos estar ni en el sistema de pensiones ni en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). Todo esto fue así hasta el año 1995 con el cambio de ley, pero hasta el 2000 no se nos dio la opción a los procuradores", detalla.
Como resultado de esta situación, comenta que lo que tienen a día de hoy es un plan de pensiones a través de un sistema de aportación colectivo. "Cuando te jubilas a los 67 años, lo que empiezas a cobrar es una parte de ese plan. Solo tenemos 12 pagas, nos tenemos que pagar un 40 o un 60% de los medicamentos, no se revaloriza... como estábamos en la mutualidad, no estábamos incluidos en la sanidad pública. En el 2012, cuando se acuerda la sanidad universal, ya es para todos el acceso. Pero antes todo tenía que ser privado", expone.
Pons señala que el gran problema es que a la gente mayor la pensión no le alcanza. "Hay muchos que no se jubilan porque les van a pagar 300 o 400 euros", indica. Motivo por el que solicitan una pasarela al Reta. "Lo pedimos porque es el Estado el que ha dado la opción de que cualquier trabajador esté en sistema público o en mutualidades. En teoría, si es un sistema alternativo, ha de tener las mismas condiciones que el público por ley. ¿Pero quién ha vigilado eso durante todos estos años? Nadie", critica. "Nosotros íbamos aportando capital, que es el que nos decían, y nos salían simulaciones de 1.000 euros de pensión. Pero los planes se han venido abajo", añade.
Por el momento, se han movilizado en la calle, tanto en las provincias como en una manifestación más multitudinaria que tuvo lugar en Madrid el pasado febrero. La campaña en redes sociales ha sido muy sonada. Recientemente, la abogada valenciana Ana Cal recogía en un vídeo numerosos testimonios de profesionales afectados por la situación.
También se han reunido con todos los partidos para instar al Gobierno central a legislar. En los parlamentos autonómicos, incluyendo Les Corts Valencianes, se han aprobado iniciativas que recogían las exigencias de los procuradores.
El pasado jueves, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció en una comparecencia en el Senado que el Ejecutivo central realizará cambios legales en la materia. Aseguró que habilitarán la pasarela, aunque solo para los mutualistas que tengan esta condición "con anterioridad a 1996 en situación actual de vulnerabilidad". Es decir, a aquellos que no tuvieron la opción de elegir cotizar a la Seguridad Social.
A la espera de leer el detalle de lo que propondrá el Ministerio, los procuradores mantienen la presión. A nivel nacional, la situación afecta a unos 11.000 de estos profesionales.
La implantación de multiempresas interesadas en la desterritorialización, las comunicaciones 'on line' o la dotación de nuevas competencias en materia de ejecución acaparan hoy buena parte de las incertidumbres de la procura, una figura jurídica casi irreconocible para buena parte de la sociedad.
