Marco entiende que un leve incremento del IBI no afectará a la competitividad del puerto de Castellón

CASTELLÓ. El pulso político entre el Ayuntamiento de Castelló y la Autoridad Portuaria a cuenta de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2021 vive su enésimo episodio con la alcaldesa, Amparo Marco, como protagonista. La primera munícipe defiende el incremento, del 0,95% al 1%, ante la necesidad de mostrarse "solidarios con los que peor lo están pasando", en alusión a las familias más golpeadas por la crisis derivada de la covid-19.

Marco entiende el rechazo del presidente del puerto, Rafa Simó, respecto al aumento, pero discrepa acerca de las consecuencias. "Si las empresas que están dentro del ámbito portuario van a perder competitividad por 55.000 euros más que va a recaudar el consistorio, y ya no hablo como alcaldesa, si yo fuera consultora economista, les diría cierren todas, porque por esa cantidad que BP, UBE e Iberdrola cierren, pues no comparto ese criterio", subraya.

La alcaldesa recuerda que PortCastelló "está entre los mejores de España, con un crecimiento que supera la media nacional", por lo que advierte que "está en la situación de hacer aportaciones a las arcas municipales. Creo que las empresas del puerto están haciendo una gran labor aportando esos 55.000 euros entre todas. Es momento de que todos arrimemos el hombro, de que todos hagamos esfuerzos y estoy segura de que las firmas de la Autoridad Portuaria lo harán", asevera.

En este sentido, la líder socialista precisa que "hacemos todo lo posible" para aplicar principios de progresividad en las ordenanzas fiscales. En consecuencia, "el que más tiene más debe aportar a las arcas públicas. Además, es un deber constitucional el mantenimiento del estado del bienestar por parte de todos en función de su capacidad económica", señala refiriéndose a los recursos de la Autoridad Portuaria con un crecimiento exponencial en los últimos años.

Los distintos agentes

Marco había guardado hasta ahora silencio a propósito de la polémica. Tanto Simó como el portavoz del gobierno municipal, José Luis López, y los socios del Acord de Fadrell (Compromís y Podem-EUPV) se habían pronunciado en un sentido u otro. También la oposición, llevando incluso la subida del IBI al último debate plenario. Del mismo modo, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y el Propeller Club de Castellón expresaron su malestar tras conocer la decisión del Ayuntamiento.

En este contexto, desde la Autoridad Portuaria se insiste en la idea de que el incremento del gravamen elevará la presión fiscal de las firmas, en la línea de lo que manifestó en su día el presidente de CEV, Sebastián Pla. Así, recalcó que  "subir los impuestos que soportan las empresas no puede ser siempre la solución, en lugar de adoptar medidas como la contención del gasto o la optimización de recursos".

Unos días antes, el presidente del puerto avisó que "el aumento del IBI tendrá repercusiones negativas, ya que supondrá una pérdida de competitividad y un freno para el crecimiento de las cerca de un centenar de empresas instaladas en el puerto". Un punto de vista que no comparte Marco, porfiando en su reflexión sobre el rol que debe jugar cada sector o entidad de acuerdo con su solvencia económica.