CASTELLÓ. Dieciséis años como presidente de la Diputación de Castellón dieron para mucho. Carlos Fabra (PP) alcanzó logros de los que siempre presumió en público. Quizás el más sonado fue el aeropuerto, pero cada vez que tuvo ocasión sacó pecho tanto de la transformación del Hospital Provincial como un centro puntero en oncología como de la construcción de la Piscina Provincial, un complejo moderno y único en la Comunitat Valenciana.
Dos de esos tres emblemas del fabrismo sucumbieron al cambio político en la anterior legislatura, cuando el Pacte del Botànic desbancó al Partido Popular de la Generalitat Valenciana. Aerocas y el Consorcio Hospitalario pasaron a ser administrados por el PSPV-PSOE, si bien es cierto que en este último caso la Diputación, todavía controlada por la derecha con la presidencia de Javier Moliner, mantuvo su cuota, aunque fuera más de manera testimonial.
Ahora, con la presencia de los socialistas en la institución provincial, el tercer símbolo de la era Carlos Fabra se convertirá en una posesión más de la izquierda. En concreto, del Ayuntamiento de la capital de la Plana. La alcaldesa, Amparo Marco, se apropiará de la gestión del complejo deportivo en los próximos meses, una vez se plasme sobre un documento oficial la declaración de intenciones expresada por la propia munícipe y el presidente de la Diputación, José Martí, en su primera reunión oficial celebrada este miércoles, 24 de julio. El binomio entre las dos administraciones se traducirá en la cesión de varios inmuebles, entre ellos la Piscina Provincial.
La instalación, inaugurada en 2003, representó una inversión superior a los seis millones de euros y se construyó sobre una parcela de suelo dotacional deportivo, de 6.545 metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento de Castelló. Por ello, el consistorio, en sesión plenaria celebrada el 24 de septiembre de 1998, tuvo que aprobar la cesión de la superficie por un plazo de 75 años a la Diputación.
La corporación provincial aceptó la transmisión en fecha 14 de abril de 2000 y a partir de ese momento comenzó la redacción de los proyectos técnicos a través de la Oficina Técnica de Asistencia a Municipios
El 21 de julio de 2001 se suscribió el convenio singular de colaboración entre la Conselleria de Cultura y Educación y la citada Diputación Provincial para la ejecución del complejo. La financiación fue al 50% entre ambas instituciones. El importe final de la adjudicación ascendió a 5.982.800,00 euros y la empresa Lubasa SA ganó el concurso con un plazo de ejecución de 10 meses. Por unas mejoras técnicas la inversión se elevó posteriormente en 500.000 euros.