Marina d'Or contraataca y pide ahora en el juzgado 600 millones al Consell por el proyecto de golf

CASTELLÓ. Marina d'Or no ceja en su empeño y vuelve a reclamar al Gobierno valenciano, en esta ocasión en los juzgados, una indemnización millonaria (en concreto por más de 600 millones de euros) al responsabilizarlo de que su proyecto de golf en los términos municipales de Cabanes y Orpesa no saliese adelante. 

Según publica El Economista en su edición de la Comunitat Valenciana, el grupo vacacional de Jesús Ger ha llevado al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la reclamación, que el Consell Jurídic Consultiu ya le negó meses atrás. En su día, el CJC señaló que la compra de terrenos que llevó a cabo el grupo se basó "en simples expectativas urbanísticas" sobre unos terrenos rústicos y la exigencia de la indemnización carece de base legal. 

A pesar de ello, desde la Ciudad de Vacaciones, que no ha querido ofrecer detalles sobre este nuevo movimiento jurídico, han reiterado su solicitud, esta vez en forma de demanda ante la sección primera de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, que ha admitido a trámite el recurso. Este lo han presentado, señala El Economista, dos sociedades, Promociones PAI Golf SLU y Comercializadora Mediterránea de Viviendas SA (Comervi), las mismas que en su día reclamaron a la Generalitat valenciana. 

La demanda inicial se basaba en que la falta de autorización para llevar a cabo el megacomplejo, que prevé más de 33.000 viviendas y 7.500 plazas hoteleras sobre los 18 millones de metros cuadrados de Cabanes y Orpesa, se debió a un error de la Conselleria (dirigida por el PP en aquel momento) y por tanto no achacable a la compañía. Y es que, según Marina d'Or, desde la Conselleria se les señaló que debían cumplir una norma obsoleta en cuanto a la tramitación ambiental, que fue lo que finalmente hizo que no saliese adelante el proyecto, en última instancia anulado por el Tribunal Supremo en 2016 al no contar con la declaración de impacto ambiental y no tener garantizada por tanto su sostenibilidad. Por eso, ahora Ger vuelve a reclamar 603 millones de euros al Ejecutivo autonómico por un proyecto urbanístico que fue símbolo de una época en su nacimiento... y también en su final.