CASTELLÓ. El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, abre el nuevo marco de consenso político en la institución para combatir el coronavirus lanzando una estrategia económica sin avisar antes a la oposición.
El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) conocerán este jueves la hoja de ruta ideada por el equipo de gobierno con vistas a solicitar al Ejecutivo de Pedro Sánchez un aplazamiento de dos años respecto a la aplicación de Plan Económico y Financiero para los ejercicios 2020 y 2021.
La entidad provincial, por haber incumplido tanto la Ley de Estabilidad Presupuestaria como la regla del gasto al cierre de 2019, tiene las cuentas intervenidas por el Ministerio de Hacienda. Eso se traduce en que no solo está constreñida financieramente para ejecutar grandes inversiones, sino que además le imposibilita a la hora de utilizar los remanentes, que ascienden a 43 millones de euros.
Esa cantidad, incrementada con préstamos bancarios si se aceptara la moratoria, proporcionaría notables recursos, siempre en beneficio de los municipios de la provincia en su objetivo de mitigar los efectos de la crisis sanitaria.
De todo ello serán conocedores los portavoces de los partidos de la derecha y centroderecha, Vicent Sales y Cristina Fernández, respectivamente, en la cita de este jueves. Una reunión convocada ex profeso este martes ateniendo a la declaración institucional sobre el Covid-19 y que se materializa en un histórico acuerdo, basado en la unidad y lealtad, de los cuatro grupos de la corporación.
De hecho, se concede a la Junta de Portavoces mayor poder político como foro de encuentro para consensuar medidas. El manifiesto, en su amplia exposición, incide en lo imperativo de establecer una doble vía de correspondencia entre el equipo de gobierno (PSPV y Compromís) y la oposición para "que todos puedan aportar soluciones, iniciativas e ideas con las que parar el virus".
Este miércoles, en una comparecencia telemática para hacer balance de las actuaciones de la Diputación, Martí avanzó la petición de la moratoria, pero sin concretar en qué términos se llevará a cabo ante las administraciones competentes, bien incorporándola a la citada declaración institucional, bien a través de una moción. La indefinición obedeció a que todavía no se ha sentado con el PP y Cs para trasladarles su plan de acción y, a partir de ahí, pactar el formato de la solicitud.
En esta intervención virtual, el presidente de la entidad provincial recalcó que están a la espera del segundo gran envío de mascarillas (en concreto, 368.637) para comenzar su distribución entre los municipios. A diferencia del primero, en esta ocasión la institución se limitará a ejercer un papel de suministrador para que cada ayuntamiento, asumiendo el coste de su parte proporcional, reparta el material de protección en función de las necesidades de sus habitantes.