Begoña Carrasco, portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló de la Plana.CASTELLÓ. Desde el 8 de abril de este año hasta el pasado 13 de octubre más de 1.100 escritos que tenían como destinatario el Ayuntamiento de Castelló de la Plana han acabado en el Ayuntamiento de Castelló, en la provincia de Valencia, según ha denunciado este martes la portavoz municipal del PP en la capital castellonense, Begoña Carrasco, quien achaca esta circunstancia al "cambio de topónimo que ha traído el gobierno de Marco”.
Carrasco ha denunciado de este modo la "consecuencia grave que supone el extravío de más de 1.100 escritos dirigidos al Ayuntamiento de Castellón que ahora hemos sabido que han acabado en Castelló pero de la provincia de Valencia. “Después de recibir varias quejas de vecinos porque no obtenían respuesta a sus escritos presentados al Ayuntamiento, decidimos preguntar al equipo de gobierno el pasado 11 de octubre. Ahora sabemos, que desde el 8 de abril de este año hasta el pasado 13 de octubre han sido reenviados al Ayuntamiento de Castellón de la Plana 1.105 registros de entrada que deberían haber llegado hace meses y que han acabado en el registro del Ayuntamiento de Castelló de la provincia de Valencia”, explica.
“Este retraso -explica- comporta serios problemas para quienes presentaron solicitudes sujetos a un plazo determinado que no se ha cumplido y, no precisamente por fallo de los usuarios, sino por el lío que ha supuesto el cambio del topónimo. Un problema más en la ya de por sí compleja tramitación administrativa que sale caro a los vecinos”, explica Carrasco.
A lo que añade la portavoz del PP: “El gobierno de PSOE, Compromís y Podemos sigue instalado en las polémicas. La pérdida de la denominación en castellano de nuestra ciudad, a la que desde el Partido Popular siempre nos opusimos porque no había necesidad de eliminar la doble oficialidad Castelló/Castellón, que ya teníamos, genera problemas a los castellonenses cuando lo que esperan, en un momento de crisis como éste, son soluciones que no llegan”.
Para Carrasco, “con esta imposición de la denominación de nuestra ciudad solo en valenciano, los castellonenses salimos perdiendo. Este ataque a la libertad, al no poder elegir ni siquiera cómo llamar a nuestra ciudad, y que acaba perjudicando a quienes creyeron dirigirse al Ayuntamiento y han visto cómo sus solicitudes han acabado en la provincia vecina, es una muestra más del desgobierno y descontrol del equipo de gobierno municipal”, concluye.
