Ninguna empresa se interesa por el contrato para demoler los edificios en ruinas de Castelló

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló tendrá que volver a licitar el servicio de ejecución subsidiaria de obras para demoler edificios en ruinas, restablecer la legalidad urbanística y acometer trabajos de conservación de inmuebles. Ninguna empresa se ha interesado por los cinco apartados que detalla el contrato de 290.000 euros y dos años de duración, por lo que la Mesa de Contratación ha declarado desierto el concurso.

Aunque en realidad se había presentado una mercantil, San Juan Arquitectura SL, lo cierto es que únicamente podía asumir la redacción de proyectos, informes, peritajes, ensayos y localización de datos, que también forman parte del objeto del expediente. Sin embargo, para el órgano administrativo resultaba imposible justificar su oferta al no contemplar el resto de cometidos.

La importancia de los trabajos 'in situ'

Es más, en las bases se da más importancia a las prestaciones relacionadas con las obras. Por un lado, se recoge actuaciones destinadas a derruir construcciones realizadas ilegalmente, así como todas aquellas operaciones complementarias y necesarias para devolver físicamente los terrenos o usos al estado anterior de la vulneración. Por otro, se contempla intervenciones de mantenimiento de inmuebles, incluyendo la reparación o reforma. Además, se prioriza la demolición de edificaciones en situación de ruina, con el consiguiente vallado, desescombro y retirada de residuos de las parcelas afectadas.

El Ayuntamiento inició la licitación el 25 de junio con el anuncio en la plataforma de contratación del Estado. El pliego apareció tres días después con las prescripciones técnicas y las cláusulas administrativas. El plazo de presentación de ofertas duró un mes, cerrándose el 28 de agosto. Solo concurrió la reseñada empresa San Juan Arquitectura, que para los técnicos no cumple con todos las condiciones de cara a asumir el servicio.

Controlar las viviendas ilegales

Para el Acord de Fadrell, la externalización de la prestación resulta esencial ante la necesidad de ejercer un mayor control sobre las viviendas ilegales. Al respecto, tienen la consideración de inmuebles las obras de edificación de nueva construcción y las de ampliación, modificación o rehabilitación que alterne la configuración arquitectónica. Así, se entiende como tales aquellas intervenciones totales o parciales que produzcan una variación sustancial de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural.

No es la primera vez que el consistorio se ve obligado a declarar desierto una licitación por el desinterés de las empresas. En julio, tuvo que impeler de nuevo un concurso público para garantizar la redacción del proyecto de reforma de las 120 viviendas sociales de Mestrets en el barrio Castalia-La Guinea. La primera convocatoria supuso un fiasco, sin formalizarse propuesta alguna, lo que llevó al equipo de gobierno a usar la fórmula legal que se conoce como negociado simplificado. De esta forma, invitó a tres empresas para, así, asegurar la ejecución de una actuación cuyo presupuesto asciende a 1,67 millones de euros.