Foto de archivo con una de las protestas en Nules por la regeneración de sus costas.CASTELLÓ. Las relaciones políticas y financieras entre el Ayuntamiento de Nules y la Generalitat no atraviesan el mejor momento. El ejecutivo municipal mantiene abiertos dos pulsos contra la Administración autonómica con un trasfondo económico.
El primero de ellos es una reclamación de responsabilidad patrimonial cifrada en 29.253.237 euros por los graves daños causados en la línea de costa de Nules desde hace décadas a raíz de la ampliación del Puerto de Burriana. El gobierno municipal, con el apoyo de la oposición en bloque, entiende que la regresión marítima, que ha engullido buena parte de la playa, ha perjudicado gravemente el desarrollo económico y turístico de Nules.
El consistorio inició en mayo de 2021 una cruzada judicial para reclamar a la Generalitat esos 29,2 millones por la vía contencioso-administrativa. Fuentes municipales aseguran que el proceso “sigue su curso” y la intención del Ayuntamiento nulense sigue siendo la de agotar todas las vías judiciales. “Todos sabemos que no es un procedimiento fácil porque no existen precedentes anteriores pero el no ya lo tenemos y con la vía judicial solo podemos ganar porque las consecuencias ya las estamos sufriendo”, asegura el alcalde, el centrista David García.
En el año 2018, el consistorio contrató a un catedrático de la Universitat Politècnica de València, quien señaló en un informe técnico que la imparable regresión de la costa en Nules tiene su origen en la ampliación del Puerto de Burriana. A continuación, un despacho de economistas cifró en 29,2 millones de euros el perjuicio económico. Por último, tras rechazar el Ayuntamiento de Burriana y la Generalitat el pago de indemnizaciones, el consistorio nulense puso el asunto en manos de la abogada Salma Cantó.
La Generalitat alega que esos daños no son continuados en el tiempo, que no hay una relación causal entre la construcción del espigón del Puerto de Burriana y los perjuicios medioambientales ocasionados en Nules y que, en todo caso, esos daños ya han prescrito porque no se han prolongado en el tiempo sino que son puntuales.
Desde la oposición el portavoz municipal del PSPV, Adrián Sorribes, considera que la reivindicación judicial es justa “y lo más importante es que no se quiebre la unión con la sociedad civil de Nules”.
Por su parte el concejal del PP y exalcalde de Nules, Mario García, también respalda la reclamación económica del consistorio porque estamos ante “una problemática de nuestro litoral sin que hayan llegado inversiones”.
El consistorio lleva años reclamando al Gobierno de España la construcción de espigones para frenar la regresión del mar, que ya se ha tragado unos 200 metros de playa en Nules y evidencia la gran vulnerabilidad de la costa cada vez que hay un temporal marítimo.
El segundo gran asunto de discordia del consistorio frente a la Generalitat también tiene un trasfondo económico: la reclamación de la deuda que mantiene esta última por los retrasos en el pago de subvenciones concedidas en años anteriores. En marzo de 2021 esa deuda era de 1.498.913 euros, lo que afectaba a la tesorería municipal y comprometía la liquidez del consistorio.
En concreto, se debían diferentes certificaciones de las obras de remodelación de los colegios Pío XII, Jaume I y Lope de Vega, así como del Centro de Educación Infantil Los Gorriones. También estaban pendientes de cobro distintas subvenciones del Ivace por la modernización de polígonos industriales, así como ayudas por la realización de diferentes talleres de empleo. Fuentes municipales señalan que esa deuda aún no ha sido totalmente saldada, aunque no precisan cuál es en la actualidad el importe pendiente de abonar por el Consell.
La Administración autonómica llegó a adeudar a Nules más de 2 millones de euros en febrero de 2020. Posteriormente, a finales de aquel año liquidó 1,48 millones. Sin embargo, los 500.000 euros que restaban por cobrar volvieron a crecer hasta los casi 1,5 millones que estaban pendientes en marzo de 2021.
