CASTELLÓ. Los ayuntamientos de Oropesa del Mar y Benicàssim celebraron este viernes sendos plenos para renovar in extremis el convenio con Acuamed dentro de los plazos marcados por Bruselas, que se cierra el 31 de marzo. Esta renovación del convenio deja la puerta abierta a que la planta entre ya en funcionamiento y el Estado español eluda posibles sanciones o la obligación de tener que devolver las ayudas concedidas en su día por Bruselas.
La sesión plenaria de Oropesa del Mar, reunida con carácter de urgencia para tratar el tema de la desaladora de Oropesa-Cabanes, sirvió para ratificar -con votos a favor de PP, en contra de Compromís y Ciudadanos, y la abstención del PSOE- el convenio relativo al acuerdo provisional de suministro de agua desalada al Ayuntamiento de la localidad desde la desaladora Oropesa-Cabanes con la empresa Acuamed, que pondrá en funcionamiento la instalación este 30 de marzo. De esta manera, el municipio cumple con el plazo establecido por la Unión Europea.
Se trata de un convenio “más cómodo que el anterior, ya que existe un margen de flexibilidad de cinco años para conseguir que el Estado asuma los gastos de amortización, una exigencia que ya le hizo el Ayuntamiento desde el minuto cero”, han expresado desde el equipo de gobierno. El consumo actual del municipio es de 3,4 hectómetros cúbicos y, “pensando en una previsión, hemos requerido a la Confederación Hidrográfica que nos autorice a utilizar hasta 5 hectómetros cúbicos por el futuro crecimiento urbanístico de Oropesa del Mar”, han resaltado.
Asimismo, las mismas fuentes han recordado que “el nuevo convenio con Acuamed se trasladó a la Administración central en el año 2013, cuando el Ayuntamiento de Oropesa del Mar puso de manifiesto que el convenio del 2006 se había de modificar para que la amortización corriera a cargo del Estado. El estado debía asumir ese gasto que en otras comunidades sí que había asumido, por lo que se instó a Acuamed y al Estado a que lo modificasen. Ahora, tenemos un convenio transitorio durante 3 años y un plazo de 2 años para negociar uno nuevo”. Desde el equipo de gobierno se destaca que la amortización de la obra es cero y solo se cubren los gastos de explotación. Desde el Ayuntamiento, además, demandan a los vecinos que comuniquen cualquier tipo de incidencia para que los servicios técnicos puedan derivarla a la empresa Acuamed.
Por otro lado, el pleno del ayuntamiento de Benicàssim también sacó adelante la renegociación del convenio que el consistorio tenía suscrito con Acuamed desde el año 2008 para la puesta en marcha de la desaladora que tiene que dar suministro a Benicàssim, Oropesa del Mar y Cabanes. La alcaldesa benicense, Susana Marqués, señaló nada más concluir el pleno que “con la renegociación del nuevo acuerdo revisado, el ayuntamiento ahorrará 1.075.000 euros al año, lo que significa que no solo ahorrará el ayuntamiento, sino también los ciudadanos”.
Marqués también ha recordado que “el convenio de 2008 que firmó el anterior gobierno del tripartito, obligaba al ayuntamiento a aportar unas cantidades económicas desorbitadas que lastraban la economía municipal y perjudicaban gravemente a los vecinos, ya que hubiera supuesto casi triplicar el precio del agua para los vecinos. Durante todos estos años se ha llevado un duro trabajo técnico y político para negociar aquellas nefastas condiciones y que evitara pagos que eran injustos con la ciudadanía y con el municipio”.
En el pleno de Benicàssim, Partido Popular, ARB y PSOE, han respaldado el nuevo texto, mientras que Compromís, Ciudadanos y Ara Benicàssim han votado en contra, una decisión que en estos momentos, de no haber obtenido el convenio el respaldo suficiente, hubiera condenado a los vecinos a pagar el triple por el agua, según entienden desde el equipo de gobierno.
La alcaldesa ha recordado que “se han mantenido reuniones casi mensuales y siempre se ha luchad por obtener las mejores soluciones para la ciudad de Benicàssim. Máxime si cabe, con una desigualdad manifiesta hacia nuestra ciudad ya que, mientras en Cataluña y en otras comunidades autónomas como Andalucía, las desaladoras que se construyeron en la misma época y fueron costeadas íntegramente por el Gobierno de Zapatero, a Castellón se nos castigó obligando a asumir por parte de los ayuntamientos, el coste de la amortización de la obra”.
Los acuerdos contenidos en la revisión del convenio, suponen entre otros evitar un coste injusto a los vecinos pero, al mismo tiempo, “seguiremos reivindicando al Estado el pago de la desaladora, como en otras provincias”, añade Marqués. Además, en este acuerdo negociado con Acuamed se ha conseguido también una reducción de los costes que se le atribuían al ayuntamiento en concepto de gastos fijos del funcionamiento de la planta, como personal, energía, vehículos, mantenimiento, entre otros, y que con el convenio anterior, también castigaban al ayuntamiento con 350.000 euros euros al año. Con la renegociación, el coste que tendrá que asumir el ayuntamiento ahora será de 75.000 euros, según los cálculos del equipo de gobierno de Benicàssim.
Susana Marqués se ha mostrado satisfecha con el acuerdo “Creo que las decenas de reuniones para renegociar aquel convenio dañino y lesivo con la ciudad de Benicàssim, han sido positivos”, ha señalado
El nuevo texto aprobado este viernes en el pleno municipal permitirá la puesta en marcha de la desaladora de Oropesa en los plazos marcados y así cumplir con los compromisos europeos, lo que salva a España de devolver las ayudas de la UE para la construcción y puesta en marcha de estas desaladoras que se consiguió en 2008.
Pese a todo, desde Compromís por Benicàssim se alertó de que este convenio supondrá en el futuro un encarecimiento del agua, de ahí, explican, su voto en contra. Desde las filas de Compromís, el concejal Joan Bonet explicó este viernes que «la única intención de Acuamed con el convenio es poner en marcha la desaladora y evitar tener que devolver la ayuda de la Unión Europea con la que se financió la planta de Cabanes-Orpesa». Para el portavoz del grupo municipal de Compromís per Benicàssim, «el acuerdo es in extremis y perjudicará, en el futuro, de manera grave al usuario».
Bonet ha alertado de que la factura media del agua, «si en la actualidad se sitúa en los 50 euros al trimestre, puede llegar a 90 una vez finalice el convenio de transición». Desde la coalición también advierten que el convenio no garantiza que el Ministerio se haga cargo del coste de las inversiones, «y, por tanto, será la nueva concesionaria, cuando tenga lugar el concurso, quien asumirá la amortización del coste. Esto hará que la concesionaria repercutirá este gasto al usuario final, quien sufrirá un significativo incremento en la factura trimestral».
El candidato de Compromís a la alcaldía de Benicàssim considera, además, que el acuerdo «es un despropósito si se tiene en cuenta que el agua es un bien básico fundamental y el usuario no disfrutará de ningún valor añadido que justifique un incremento futuro tan importante en el recibo». Desde la coalición se ha acusado al equipo de gobierno «de no haber buscado una buena solución para el municipio». En este sentido, Bonet ha indicado que «se ha pegado una patada a la pelota, hacia adelante, a la desesperada, y el problema que el resuelva los futuros equipos de gobierno». El alcaldable también ha señalado «que era posible otra solución si se hubiera realizado con tiempo y, por ejemplo, la compra de agua se hubiera hecho de acuerdo con la necesidad del municipio».
Al respecto, Bonet ha recordado que la desaladora «tenía que cubrir una falsa expectativa de desarrollo urbanístico ligado a la burbuja inmobiliaria», durante la que se proyectan PAI que multiplicaban por cinco el número de viviendas de Cabanes, Oropesa del Mar y Benicàssim.
Desde Compromís también han querido recordado que tanto PP como PSOE han rechazado en el Congreso y en el Senado las enmiendas de la coalición a los Presupuestos del Estado en las que se pedía que fuera la administración estatal quien asumiera el coste de la inversión, como así ha sucedido con otras plantas. Finalmente, Bonet ha concluido que Acuamed ha estado rodeada de una gran polémica debido a sobrecostes que llegaban al 40% y de una supuesta trama de corrupción por la que fue detenido un antiguo director general de la empresa pública.