Foto: STEFAN ROUSSEAU/PAProbablemente este sea el artículo que provoque más controversia y reacciones encontradas entre los lectores, pero pienso que tenía la obligación de escribirlo a pesar de las posibles consecuencias que la interpretación del mismo conlleven.
En primer lugar me gustaría hacer una consideración acerca de las nociones de ESG (medioambiental, social y gobernanza) por un lado y sostenibilidad por otro, ya que en este punto de partida existe controversia entre los académicos y profesionales del ramo sobre la definición y alcance de ambos términos. Y para no extenderme en lo que sería una aburrida clase teórica resumiré que ESG se centra en el valor empresarial mientras la sostenibilidad basada en el contexto aborda las externalidades, positivas y negativas, y se centra en el valor del sistema, respetando los límites y umbrales que definen la sostenibilidad. Afortunadamente, los profesionales tienen la opción de utilizar las competencias básicas de ESG, ya que siguen siendo aplicables y complementarias con la sostenibilidad basada en el contexto. De hecho, el "numerador" del cociente de sostenibilidad comprende los impactos "reales" de los que se ocupan los datos ESG, mientras que el "denominador" comprende los impactos "normativos", o cuáles deben ser los impactos para ser sostenibles.
En la UE hemos adoptado, tanto políticos como el resto de implicados, el término “sostenibilidad” y en el mundo anglosajón utilizan el término “ESG”, en ambos casos sin distinguir las diferencias que entrañan ambos, casi siempre sin plantearse las diferencias.
El caso es que en varios artículos anteriores me he quejado de la precipitación con la que la UE, la Comisión y el PE han manufacturado nuevas directivas que han afectado negativamente tanto la economía como la estabilidad de las empresas europeas, y por ende, la calidad de vida de los ciudadanos europeos durante los últimos años, regalando una ventaja competitiva a otras naciones, lo que ha provocado una politización de la "sostenibilidad" y unas corrientes contrarias a los principios y objetivos que con ella se pretendía conseguir. Desde los derechos de emisión de carbono, hasta políticas de restauración de la naturaleza, algunas excesivamente radicales, han generado dos bandos enfrentados.
También la proliferación regulatoria a nivel nacional con la creación de nuevos impuestos a todo lo habido y por haber relacionado con la sostenibilidad ha generado dicha politización y la aparición de dos bandos, defensores y detractores, que aquí no voy a definir, ya que en sostenibilidad no se trata de negro o blanco, sino de crear valor al sistema agregando valor a la empresa, reteniendo y construyendo la viabilidad continua de los sistemas medioambientales y sociales (sobre los cuales se basa la viabilidad continua de las empresas y las carteras), evaluando los impactos y riesgos de adentro hacia afuera, transformacional y respetando explícita y conscientemente el techo medioambiental y los umbrales de fundación social que definen la sostenibilidad.
Como ya he comentado en otras ocasiones, ESG es extremadamente importante pero nada especial, no es ni más ni menos que un conjunto de impulsores de valor a largo plazo. Esto sólo serviría para desactivar la preocupante politización de ESG. Los críticos etiquetan a sus defensores como la "izquierda despierta"; defensores de ESG acusan a cualquiera que la cuestione como un "trumpista" corrompido por las multinacionales o lo que es peor, negacionista, sin valorar lo brutal del adjetivo.
Las personas razonables pueden estar en desacuerdo acerca de cuán relevante es un factor tanto para la economía como para la sociedad pero las opiniones sobre ESG a menudo van más allá y se adentran en la ideología. La mayoría de las personas no son ni críticos ni defensores, ni creyentes ni negacionistas, que es más propio de lenguaje ideológico, sino profesionales que han desarrollado su punto de vista a través de la evidencia y la experiencia.
En una investigación realizada por Kahan (2015), encuentra que cuanto más se asocie un problema con una identidad (como es el caso de la sostenibilidad y ESG con la afiliación política), menos persuasivos resultan sus argumentos, ya que las personas basan su punto de vista más en su identidad que en su contenido. No es nada profesional que los seguidores o defensores de ESG y sus críticos se etiqueten mutuamente con toda clase de adjetivos y traten de aplastar las iniciativas contrarias sin darse cuenta de la contribución de ESG como una perspectiva diferente sobre lo que crea valor a largo plazo (tanto a empresas como al sistema). El criterio para el éxito de ESG es si crea valor a largo plazo para las empresas, las personas y la sociedad y resto de partes interesadas y NO si irrita y molesta al contrario.
Y este es el momento de volvernos para ver el caso americano, donde la cuestión está peor que en Europa, ya que republicanos en contra de ESG y demócratas por defender posiciones ESG están a la gresca. Allí el movimiento anti ESG es víctima de las mismas fallas que su contrario pro ESG: al tratar de consagrar la ideología política en la toma de decisiones financieras, los oponentes de ESG socavan los mismos mercados libres que pretenden proteger, lo que reduce los rendimientos para las empresas e inversores, elevando los costes para los contribuyentes.
En marzo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros 18 gobernadores republicanos anunciaron una "alianza anti-ESG", acordando proteger a "los contribuyentes de las influencias de ESG en los sistemas estatales" y a los "ciudadanos de las influencias de ESG en el sector financiero". Estos autodenominados "estados amantes de la libertad" se refieren generalmente a unirse contra la "ideología despierta", término utilizado en EEUU para referirse a los activistas.
A principios de mayo, Ron DeSantis promulgó una legislación estricta destinada a limitar el uso de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la toma de decisiones financieras en el estado. Ha propuesto una amplia gama de medidas contra ESG a nivel estatal, incluido el boicot o la desinversión en instituciones financieras que observan criterios ESG en sus políticas de inversión, la limitación de los motivos para la toma de decisiones por parte de los funcionarios estatales y la restricción de la discreción de los bancos para otorgar préstamos. Si bien los enfoques en los estados individuales difieren, Florida, por ejemplo, ha adoptado un enfoque de todo lo anterior.
Por el otro lado, el presidente Biden, enfadando a los republicanos con su IRA (La Ley de Reducción de la Inflación), aprobada el 16 de agosto de 2022, entre cuyos objetivos se encuentran: la aceleración de la transición energética, la reducción de los costes sanitarios y, por supuesto, frenar la inflación mediante la reducción del déficit. Moviliza "un total de 739.000 millones de dólares y gastará 433.000 millones, de los cuales casi 400.000 millones se destinarán a iniciativas de seguridad energética y mitigación del cambio climático. Aproximadamente 370.000 millones de dólares irán para energías limpias. Esta medida representa la mayor inversión para abordar el cambio climático en la historia de los EEUU", según dice el propio Biden.
Las facilidades fiscales que establece la Ley IRA catalizarán inversiones para aumentar la producción de electricidad limpia, ya que se estima que llevará a Estados Unidos la fabricación de componentes clave para la transición energética. Además, acelerará la electrificación del transporte y comercializará tecnologías punteras como la captura de carbono y el hidrógeno limpio. Por lo que la UE tiene que espabilar para no perder parte de esas inversiones a través de su nuevo plan, enero 2023, el Industrial Green Deal.
Volvemos a Europa, tras constatar que la cuestión se ha polarizado e ideologizado en ambos lados del Atlántico, qué podemos hacer…
Desafortunadamente la precipitación regulatoria, desarmonizada, con la que desde el Parlamento Europeo se están imponiendo nuevas directivas de sostenibilidad, ya comentada en artículos anteriores, no ayuda a un entendimiento y acercamiento de posturas; más bien encona las diferencias y acumula críticos a las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, ESG en definitiva, no ya por sí mismas, sino por la forma de hacerlo, sin evaluar exhaustivamente sus consecuencias. Y por supuesto, sin consensuar.
Si desde la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se considerara ESG/sostenibilidad como algo que impulsa valor a largo plazo y nos lo contara y explicara debidamente contribuiría a la comprensión por parte de los ciudadanos europeos, en lugar de enfocarlo como una lucha política, lo que anima a las personas a enconar su posición más agresivamente. En lugar de '¿de qué lado estás?' se debería promover un debate que involucre a todas las partes interesadas, no solo a activistas, radicales y grandes consultoras interesadas, por ejemplo al considerar como riesgo de inversión al riesgo ESG. Lo que distingue a cualquier debate es que hay dos lados creíbles, de lo contrario no hay nada que debatir. Además, ESG/sostenibilidad y sus consecuencias, no es un aspecto o cuestión por la que se tenga que tomar una posición u otra, es como el desempeño empresarial, algo sobre lo que se tiene que evolucionar a través de la evidencia y no estar anclado en uno u otro lado. Como dice Edmans (2023), "cerrarse a la posibilidad de preocupaciones válidas es contrario a una cultura de aprendizaje y suponer que los contraargumentos tienen motivaciones políticas es en sí mismo cínico. Es sorprendente que los académicos y profesionales contribuyan a esta polarización ya que deberían apreciar el valor de la investigación científica y la importancia de escuchar diferentes puntos de vista".
Una justificación del enfoque de los activistas y radicales es que los asuntos medioambientales (ellos dicen del cambio climático) hay que hacerlos bien y rápido. Pero otros asuntos, tan importantes y urgentes, como el desempleo, el libre comercio, el gasto y deuda pública, los impuestos, etc., también tienen un gran impacto sobre las personas y el planeta y sin embargo ahí no golpean igual de duro. Cito aquí a Javier Domínguez, arquitecto y divulgador valenciano que en un reciente artículo sobre Planificación Urbana y Desarrollo económico, escribía: "...funestas consecuencias de la planificación errática, sea por motivos competenciales o partidistas...", cargado de razón.
Para terminar, recalcar que la extrema importancia de la sostenibilidad/ESG hace que necesitemos de las mejores evidencias para conducirnos, lo que implica escuchar puntos de vista con la intención de comprender y no solo de legislar y regular imponiendo. Decía un clásico griego, creo, que la característica de una mente entrenada es "poder albergar un pensamiento sin aceptarlo". Aunque en una opinión contraria constatamos que un 90% está equivocado, el otro 10% podría tener razón, y eso significa que saldremos mejor informados que antes de debatir.
Ricardo Romero es consultor en Sostenibilidad y Estrategia de Impacto
