CASTELLÓ. "Modificaremos el Plan General para que haya más suelo industrial", "bajaremos los impuestos para que las familias puedan llegar a final de mes", "cambiaremos la Zona de Bajas Emisiones y serán los vecinos los que decidirán el proyecto". Begoña Carrasco (PP) no solo repitió estas frases durante años en la oposición del Ayuntamiento de Castelló, sino que además las convirtió en bandera de su programa político a lo largo de la campaña. Ahora, tras la victoria en las urnas el pasado 28 de mayo, afronta el desafío de llevarlas a cabo como primeras medidas desde la Alcaldía. Sin embargo, ¿por dónde empezar?
Las tres medidas son de enorme calado, prioritarias y con una afección directa sobre el crecimiento económico de la ciudad. Por la complejidad técnica, su corrección o enmienda resulta una empresa harto complicada, que requiere tiempo. Además, hay numerosos agentes implicados, lo que eleva la dificultad.
En el caso del planeamiento urbanístico, el Partido Popular siempre ha defendido la necesidad de cambiar aspectos relacionados con la calificación del suelo, el desarrollo de las unidades de ejecución y la Marjaleria. Estos retoques suponen introducir reajustes en el Estructural y el Pormenorizado, los dos instrumentos del Plan General, con el añadido de que existen 32 recursos Contencioso-administrativos en marcha.
Esa judicialización condiciona, y de alguna manera limita, la capacidad de maniobra del propio Ayuntamiento. Bien es cierto que algunas de las demandas van en la línea de lo que ha argumentado el PP desde el principio. Esto es, un incremento del suelo industrial para garantizar la captación de inversores y facilitar la expansión de las empresas ya asentadas.
La Zona de Bajas Emisiones (o "el Castelló Central", como le gusta decir a la futura alcaldesa) también está en el punto de mira. Aquí, la problemática es otra muy diferente. Al tratarse de un proyecto cofinanciado con fondos europeos, el tiempo juega en contra del consistorio. Cualquier alteración que quiera introducir el nuevo equipo de gobierno debe producirse casi en tiempo récord. Carrasco siempre se ha opuesto la extensión (745.000 metros cuadrados) y al modelo de peatonalización, que conlleva "cambiar los hábitos de los castellonenses", oración que ha reiterado en cada entrevista a los medios de comunicación.
En este contexto, está por ver qué ocurrirá con las 24 videocámaras del casco antiguo, que el Acord de Fadrell instaló en sustitución de los bolardos retráctiles. El Partido Popular ha criticado esta medida por su "afán recaudatorio" tras la imposición de más de 65.000 multas, que "suponen 5,2 millones de euros de recaudación potencial", tal cual denunció la popular en noviembre de 2022.
Tampoco revisar la fiscalidad se intuye como algo sencillo. Para que la bajada que promulga el PP se materialice el 1 de enero de 2024, la aprobación de los nuevos tributos (Impuesto de Bienes Inmuebles, la tasa de basuras, etcétera) ha de realizarse antes del 31 de enero de este año.
Es cierto que todavía queda más de medio año, pero entre la constitución de las corporaciones (17 de junio), las generales (julio) y el parón de agosto (mes inhábil en la administración) el reloj empezará a acelerar a partir de septiembre. El anterior ejecutivo, cerró el presupuesto de 2022 con "49,3 millones sin gastar", cantidad que los populares aseguraron debía revertir en los castellonenses a través de una disminución de la fiscalidad. Y esa es la filosofía para e nuevo mandato.