CASTELLÓ. Marisa Saavedra, diputada de Unidas Podemos por Castellón, se ha reunido este jueves con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica, para tratar de la Declaración de Impacto Ambiental favorable del macroproyecto de instalación fotovoltàica Magda que afecta principalmente en Les Coves de Vinromà y Benlloch. Ha cuestionado la DIA favorable y ha instado a paralizar "esta agresión al territorio" y apostar por una transición energética justa , democrática y respetuosa con el medio ambiente.
La diputada, acompañada de Paco González, de Gecen y Alianza Verde, ha planteado que la DIA había obviado informes negativos de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, las afectaciones a la economía agrícola de la zona o la destrucción del mosaico agrario con la tala de 60.000 árboles en plena producción.
También ha informado al secretario de Estado de la importante oposición social que este proyecto ha activado.
Saavedra se compromete "a continuar trabajando para parar esta agresión en el territorio en las comarcas de Castelló, y por la imprescindible planificación pública en relación al despliegue de las energías renovables, por la ubicación descentralizada de las instalaciones en lugares adecuados que mejoran la producción de energía sin afectar de manera tan negativa la vida de la gente y despreciando las tierras del interior, ya tan castigadas. Necesitamos una transición energética justa y democrática".
El secretario de Estado ha remarcado que la DIA es un documento entre otros muchos necesarios para acabar realizando un proyecto, y que otros aspectos, como la afectación económica o social, planteadas a la reunión, se pueden valorar en su momento del procedimiento, incluso llegando recurso judicial.
Informes fuera de plazo
También ha hecho notar que varios informes negativos de la Generalitat Valenciana llegaron fuera de plazo y que por lo tanto no se tuvieron en cuenta.
Finalmente ha afirmado que cualquier proyecto tiene que recibir los permisos correspondientes de las administraciones autonómicas y locales y que estas pueden parar el proyecto si deniegan las licencias de construcción u otras que forman parte de sus competencias.
La diputada ha planteado que "la DIA acepta de manera muy acrítica las valoraciones y la voluntad de corrección de los impactos ambientales que expresa la empresa, y no tiene presente el valor ambiental que supone el territorio cultivado y transformado, hoy y durante siglos por la actividad humana".
Después de la entrevista, Marisa Saavedra destaca que sí que hay posibilidades de parar este proyecto destructivo por las comarcas afectadas y no deseado por el vecindario, interviniendo en las fases del procedimiento encara pendientes y declarando la incompatibilidad con otros usos del sol o calificación de los terrenos. Es un tema que se compromete a tratar con la gente afectada y la Administración autonómica.