VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes ha puesto la lupa sobre la falta de control en más de 152 millones de euros gastados por la Conselleria de Sanidad en compras de material para luchar contra la pandemia. En su fiscalización de las cuentas de la Generalitat de 2020, el ente que dirige Vicent Cucarella alerta de que en buena parte de las compras que Sanidad realizó por emergencia –sin expediente de contratación– se omitieron los controles posteriores, hasta el punto de que no ha podido acreditar si los acuerdos, muchos de los cuales se cerraron de forma verbal y se pagaron por anticipado, llegaron a cumplirse.
La Sindicatura dedica buena parte de su último informe sobre el gasto de la Generalitat a analizar las contrataciones realizadas por emergencia dada la excepcionalidad del año 2020, donde Gobierno y CCAA relajaron los controles sobre las operaciones para agilizar la llegada de suministros para combatir la enfermedad. Al respecto, aunque reconoce que la emergencia justifica la falta de expediente de contratación, ello no debe excluir que posteriormente se formalicen y publiquen las características del contrato.
En el caso de la Conselleria de Sanidad se han revisado treinta y un expedientes por un importe conjunto de 152,5 millones y en ninguno de ellos se podido verificar la adecuada ejecución, ni su recepción de conformidad, ni su liquidación sencillamente porque no constar en esos expedientes.
Este incumplimiento de la normativa de contratación fue más grave en el caso de los 12,5 millones que el departamento de Ana Barceló pagó por anticipado por la instalación y equipamiento completo de los tres hospitales de campaña "sin comprobar posteriormente que el encargo fue ejecutado".
A ello se suma, además, los 82 millones de euros en compras realizadas en el extranjero acordadas de manera verbal, ya que en ninguno de las trece operaciones analizadas en este caso se firmó un contrato escrito. "Al no constar en el expediente los términos y condiciones acordadas con el contratista, no hemos podido comprobar el efectivo cumplimiento del contrato", lamenta la Sindicatura.
En el caso de los hospitales de campaña, el informe relata que entre la Conselleria de Sanidad y la de Justicia gastaron 12,5 millones que posteriormente se redujeron a 10,8 por discrepancias con el contratista en la entrega de los suministros.
El departamento de Ana Barceló adjudicó verbalmente dos contratos de 4,1 y 3,4 millones a Idat (formada por Hispano Vema y Bellcomm) para el equipamiento médico de los tres hospitales, mientras que el departamento de Gabriela Bravo encargó a esa misma empresa la instalación y dotación de los tres hospitales de campaña por 4,8 millones.
La Sindicatura denuncia que se incumplió la norma al no estar justificado la fórmula extraordinaria de anticipos o entregas a cuenta, ya que esta empresa cobró la mitad del encargo de la Conselleria de Sanidad en el mismo momento de la aceptación de la oferta y el otro 50% a los 30 días siguientes. Por su parte, Justicia pagó por adelantado el 38% al inicio del contrato por la aceptación del diseño definitivo de los hospitales y por acopio de materiales y un 12% más en el momento de comenzar la instalación.
El encargo por emergencia de los tres hospitales de campaña también ha alertado a la Agencia Valenciana Antifraude, que a finales de 2020 abrió una investigación sobre los mismos.
Según el informe de la Sindicatura, la falta de control y seguimiento de la ejecución de las contrataciones en el exterior, directamente con proveedores extranjeros o a través de intermediarios españoles, implica un "elevado riesgo" para la Generalitat porque no existe trazabilidad de la transacción, desde el pedido efectuado verbalmente hasta la recepción y almacenaje del material.
Además, la Sindicatura cuestiona que determinados contratos a ejecutar en el extranjero se acordasen con empresarios intermediarios situados en España. "Se desconoce si las condiciones económicas y de calidad acordadas correspondían con la situación del mercado en las fechas de la adquisición", sostiene.
En este sentido, cabe recordar que al inicio de la pandemia el Consell tuvo que recurrir a algunos intermediarios para asegurarse los suministros en un mercado global completamente descontrolado y peleando por traer material de protección de forma urgente desde China. Uno de ellos fue Chen Wu Keping, un empresario chino afincado en la Comunitat. Él recibió uno de los mayores encargos de la Conselleria de Sanidad durante la pandemia: 31,5 millones de euros a través de la la empresa Comité Textil SL.
El informe de la Sindicatura advierte de que no existen actas de conformidad del suministro recibido, suscritas por las personas responsables de recibir o aceptar las adquisiciones efectuadas, sobre la ejecución del pedido conforme a lo pactado.