Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El encarecimiento de las materias primas y la energía y, por ende, la subida costes son solo algunos de los frentes que estos meses han azuzado a la construcción. Un escenario, agravado por la invasión de Ucrania, que está dificultando la actividad de muchas empresas del sector, incapaces de asumir esos sobrecostes en las obras. Y, en consecuencia, muchas licitaciones públicas se están quedando desiertas ante la imposibilidad de asumir los precios de los proyectos.
"Tenemos un problema grande con los precios, que se viene arrastrando desde la pandemia. Solo en los dos últimos años han crecido tanto como en los últimos 30 años juntos", advierte José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obra Publica de la Comunitat Valenciana (Fecoval). Y, aunque el Gobierno aprobó varios decretos para revisar los valores, asegura que "no han tenido el efecto deseado porque salieron encorsetados", por lo que lamenta "la falta de sensibilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el sector.
También alerta de que los fondos europeos no están llegando a las compañías para ejecutar nuevas actuaciones."Ha faltado planificación y armario de proyectos. Cuando llega el dinero hay que tener preparadas las cosas y no se tenía lista la inversión. Por tanto, estamos cubriendo un plazo que era para ejecutar para poder hacer los proyectos, por tanto vamos pillados de tiempo", asegura el empresario.
-¿Cómo está resistiendo el sector la actual coyuntura económica?
-En el sector hay mucha inversión, menos de la que nosotros pensábamos con los fondos Next Generation, pero más de lo que ha habido en los últimos años. Es verdad que la Comunitat Valenciana está teniendo una presencia importante en las licitaciones públicas, pero nos falta camino por recorrer para lograr niveles de protección hacia el mercado local como tienen otras comunidades, pero hemos iniciado un camino interesante en las grandes infraestructuras porque siempre hay presencia valenciana.
No obstante, tenemos un problema grande con los precios, que se viene arrastrando desde la pandemia. Solo en los dos últimos años han crecido tanto como en los últimos 30 años juntos. Es un dato que evidencia la barbaridad de subidas que hemos sufrido en los últimos ejercicios. Una parte es coyuntural y otra estructural, pero la coyuntural no logramos que baje o se estabilice.
-¿Cuánto han subido las materias primas en los últimos meses?
-La media de los materiales fundamentales que intervienen en las obras públicas como son el hierro, el hormigón o los materiales metálicos han subido un 30%. Eso supone que una obra haya aumentado de media el coste entre un 15-20% desde el 2020, incluso más aquellas que son de largo plazo, que lo han hecho entre un 25-30%, según datos de Seopan. Y, sin embargo, no hemos tenido un mecanismo real de revisión de precios, pese a que la Ley de Contratos del Estado dice que cuando hay una causa ajena a la voluntad de la Administración o de la contrata debe existir un mecanismo de reequilibrio económico y financiero de las obras.
-Pero el Gobierno aprobó varios decretos de revisión de precios de los contratos públicos para adaptarlos a las subidas. ¿No se ha conseguido corregir la situación?
-Este mecanismo se abordó con esos decretos del Gobierno que iban regulando ese reequilibrio económico y financiero, pero la realidad es que no hemos conseguido más que entren en las revisiones entre el 30 y el 40% de las obras. Por tanto, no han tenido el efecto deseado porque salieron encorsetados. Al principio solo fijaban cuatro materiales, luego los ampliaron en nuevos decretos, pero sin carácter retroactivo y las obras que no entraron en un principio seguían fuera. Además, ha habido mucha diversidad de opiniones sobre la forma de aplicarlos en los contratos.
Por tanto, a día de hoy, hay poquísimos expedientes, y en la Comunitat Valencia habrá cero o uno que se hayan pagado. Todas las revisiones de esos precios no han salido por discrepancias de opinión sobre su aplicación. Por tanto, no ha habido una ayuda clara hacia el sector, sino que ha sido más bien poner palos en las ruedas para que no se pagaran esas revisiones soportando las empresas la subida de precios que han supuesto que hayamos perdido desde julio del pasado año unas 4.000 empresas de la construcción en España.
-Y de ese número, ¿cuántas empresas valencianas han cerrado?
-No tengo el dato, pero seguimos el patrón de España y el el 29% de los concursos de acreedores son de nuestro sector. La mayoría pymes y microempresas que han cerrado porque no han resistido. También ha habido paralizaciones y abandonos de obra.
-¿Ha habido entonces falta de sensibilidad del Gobierno con la construcción?
-Sí. Ha habido una falta de sensibilidad, pese a que la construcción es un motor económico brutal para el país porque genera mano de obra. Además, venimos de estar diez años con pocas inversiones y, por tanto, es un momento importantísimo para la recuperación de un mercado y un sector que es vital para la economía de un país. Sin embargo, no se nos ha tenido en cuenta desde Madrid y se nos ha metido en una ecuación macro de inflación y de decir "no puedo pagar por esto más de X millones". Se han ajustado los decreto de revisión de precios para no superar cierta cantidad, sin pensar que dos millones de personas viven de este sector directamente y otros dos millones, indirectamente.
Ahora en marzo vence la vigencia del último decreto de revisión de precios y, por eso, estamos insistiendo en que es absolutamente necesario que se prolongue en el tiempo hasta que se estabilicen. No obstante, la respuesta de los Ministerios de Hacienda y Economía es de oposición porque dicen que los precios se han normalizado, en cambio Fomento nos apoya. Si subir 15 euros el metro cúbico de hormigón en enero o 300 euros la tonelada de acero en febrero es estabilizarse, que vengan ellos y hagan las obras.
-Precisamente desde la patronal CNC se remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que se prorrogue esa actualización de precios para mantener a las empresas. ¿Ha habido respuesta?
-Todavía no ha habido respuesta. Queremos que sepan que este sector es fundamental, que tenemos ahora los fondos Next Generation, ya que el 70% pasan directa o indirectamente por el sector de la construcción. Es un momento importantísimo para la generación de empleo y esa reactivación de la economía. Somos actores principales y necesitamos ayudas. Sigue habiendo una tendencia a no comprender que la inversión no es coste. Nos duele que la parte económica que guía a este país no lo entienda. La inversión es futuro y genera economía. Es un esfuerzo, pero que no va a la casilla de deuda, sino que luego tiene un rédito fiscal posterior brutal que va directamente al Estado. No obstante, en este país permanentemente se le mete la mano a la caja de la inversión y eso es un absurdo que no crea nada nuevo.
-De no prolongarse esa revisión, ¿qué escenario contemplan para el sector?
-Me temo que habrá un incremento de las obras desiertas y eso que en el último año ya se han quedado sin ofertas licitaciones por más de 1.000 millones en España, de los que 130 millones son en la Comunitat Valenciana. Y todo ello mientras hay Administraciones que dicen que nosotros hacemos gala de no ir a las obras cuando queremos hacer todas porque para nosotros es un calvario que una obra se quede desierta. No entendemos el porqué la Administración no deja los precios holgados y ya el mismo concurso los regula con las bajas. Todavía hay Administraciones que están mirando que no les cueste 3 o 2 y lo sacan con precios imposibles de asumir.
-¿Qué Administración está siendo más rígida en este sentido?
-Voy a ser claro. Ha habido un esfuerzo enorme en la Conselleria de Sanidad, pero es verdad que el 'Plan Edificant' ha tenido un problema de precios enorme. El 75% de las obras desiertas en la Comunitat Valenciana son de ayuntamientos y el 80% son obras de ese plan de Educación. Hay un problema clarísimo de precios y cuesta llevarlo al ánimo. Hemos tenido muchísimas reuniones con los responsables de Educación y es verdad que han regulado los módulos, pero no lo suficiente porque se siguen quedando obras desiertas. A muchas haciendas locales les cuesta sacar las obras adecuadas a la realidad.
-¿Se prevé una normalización de los precios de las materias en el corto plazo?
-No tenemos ni idea porque había una parte que era estructural y otra coyuntural, pero la realidad del mercado es que la parte coyuntural se está haciendo estructural y ha servido también para que los proveedores reajusten sus precios y márgenes. Además, también tenemos un problema muy grave de mano de obra ya que este aumento de costes no es solo por los materiales. La subida del IPC nos ha obligado a firmar un convenio durísimo porque desde la Ley de Desindexación se borraron de las fórmulas de revisión de los contratos la mano de obra. Iba a ser temporalmente porque existía un convenio para no subir en tres años los salarios en la época de la crisis, pero se ha quedado y la mano de obra se ha disparado y eso no se ha metido en las revisiones del Gobierno.
Por tanto, hay otro problema para las empresas con dos vertientes. Por un lado, el poder ejecutar lo que hay y, por otro, la capacidad para contratar nuevo personal porque no hay ni tenemos réditos para soportarlo. Es una obligación de la Administración hacer que las empresas ganen dinero haciendo obras correctamente. Este sector tiene que ganar dinero porque es la manera de generar trabajo estable.
-Por otro lado, en inversiones del Estado en obra pública, la Comunitat históricamente se ha situado a la cola. ¿Cree que se va a revertir esta situación?
-La CEV está haciendo un esfuerzo enorme, pero los valencianos también nos tenemos que mirar al ombligo. Yo soy autocrítico y como se vive muy bien en la Comunitat Valenciana nos cuesta ir a Madrid. Y aquí las cosas del palacio están en el palacio. Por tanto, hay que ir más para darle presencia a la Comunitat porque allí tienen una idea general del 'Levante feliz'. No hay convicción, aunque creo que eso empieza a cambiar, pero hace falta mucha inversión en la Comunitat Valenciana. Ya no por el PIB, las personas o la población, sino por el potencial que tiene y su influencia en la economía nacional. Solo por eso deberíamos tener una capacidad enorme como tienen otras regiones.
-¿Cuáles son las grandes licitaciones valencianas que quedan pendientes?
-Quedan muchas porque hay muchísimo atraso en la Comunitat Valenciana. Siempre digo que las inversiones pasan de necesarias a prudentes, de ahí a de emergencia y, por último, a ser de súper de emergencia y, en este caso, son de súper emergencia porque llevamos 10 años prácticamente infrainvertidos. El Corredor Mediterráneo es de máxima prioridad, fundamental y urgente. Y el trozo de la Comunitat es el único sitio donde no tenemos doble vía. En cambio, pasas a Cataluña y toda la red ya está en ancho internacional, que es un mandato europeo porque es una red prioritaria para Europa. Por tanto, no podemos entender esta falta de sensibilidad en Madrid para poner las cartas encima de la mesa.
Es verdad que con la llegada, ahora desgraciadamente ha salido, de Isabel Pardo como secretaria de Estado de Infraestructuras se puso orden y se planificó. Y, fruto de ello, hay que decir que en los últimos dos años hemos visto un cambio en la tendencia del Ministerio de Fomento hacia la Comunitat Valenciana porque ahora hay un orden y una planificación de inversión. Lo digo por el canal de acceso y los avances en el túnel pasante o el Corredor Mediterráneo.
-La ministra Raquel Sánchez aseguró que en 2030 el Corredor Mediterráneo estará culminado. ¿Lo ve factible?
-Creo que sí, pero no en doble vía de ancho internacional. Estará conectado y eso es por el impulso clarísimo de la Administración central. También es verdad que ha habido una dejadez brutal con Alicante en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y una decisión propia del Ministerio de reconocer ese error y enmendar sus propias cuentas para colocar algunas obras más.
-¿Cuáles son las más prioritarias?
-La variante de Torrellano, la conexión del aeropuerto del Altet con el AVE, faltan todavía 10 kilómetros de carretera en Morella, las conexiones de la CV-10 con la AP-7, también la variante de Castellón y su conexión con la AP-7, mejorar los enlaces de la autovía de Aragón con Sagunto, el desdoblamiento del bypass de València o el tren de la Costa, entre otras.
Pero, además, está la cuestión del agua, que es el gran damnificado de los fondos Next Generation. No ha habido una política de trasvase de cuencas del norte al sur, pero no solo el Tajo-Segura, sino de todas. Alemania y Francia tiene todas sus cuencas conectadas y hay agua donde se necesita y aquí no. Y luego llega el recorte del Tajo-Segura que es indignante para la Comunitat Valenciana y vuelve a pasar esa falta de sensibilización de Madrid hasta esta comunidad que en todo caso debería de venir compensado con una inversión para desalinizar agua de manera más económica y eso pasa por las energías renovables.
En el estudio de infraestructuras prioritarias elaborado por la CEV en 2017 nosotros ya incorporamos las energías renovables para la reconducción y el abaratamiento de las aguas desalinizadas, pero no basta con eso, sino que hay que conectar las depuradora con las redes de riego. Y todas esas infraestructuras faltan.
-Con las elecciones a las puertas de la esquina, ¿confía en que se pueda corregir el déficit inversor en la autonomía valenciana?
-Nosotros estamos reuniéndonos con todos los partidos políticos para explicarles nuestros problemas y llegar a su conciencia y de la necesidad de no dejar de invertir. Nos da miedo que terminados los fondos europeos haya que recortar. La inversión no es un coste, sino el futuro de un país y debe ser intocable.
-Se habla de que la obra pública y la construcción son uno de los grandes agraciados con los fondos Net Generation. ¿Lo están notando las empresas?
-No se está notando porque cuestan mucho de llegar y los fondos nos han pillado con el pie cambiado. Ha faltado planificación y armario de proyectos. Cuando llega el dinero hay que tener preparadas las cosas y no se tenía lista la inversión. Por tanto, estamos cubriendo un plazo que era para ejecutar para hacer los proyectos y, por tanto, vamos pillados de tiempo y tenemos una espada de Damocles, que es diciembre de 2026, para tener todo adjudicado, pero ahora la pregunta es cuánto tendremos porque no ha habido planificación.
-Desde Fecoval han mostrado su "preocupación" por el riesgo que corren los fondos Next Generation para rehabilitación ¿Qué está pasando?
-La vivienda es un tema de emergencia porque estamos todos de acuerdo en que existe una emergencia habitacional, pero el problema es cómo se aborda. La rehabilitación es uno de los caminos y existen fondos para ello. Estoy muy contento, pero poco con el resultado. No es culpa de la Administración valenciana porque me constan sus esfuerzos por intentar crear método para lograr objetivos reales. El problema es la Ley de Contratos del Estado que nos tiene muy enfajados y no hay manera de salirse de ella. Es demasiado estricta. Dicen que es garantista, pero entre eso e inmovilista hay un paso tanto para la empresa como la Administración.
Por tanto, dudo que podamos llegar a los objetivos de rehabilitación. En la Comunitat, el 75% del parque inmobiliario es anterior a 1970 y todo es susceptible de rehabilitar, pero el papeleo que hay que tramitar para conseguir una subvención es tremendo. Además, hay un problema y es que para la rehabilitación hay un tope de ayudas y te las dan cuando la obra ha terminado. ¿Quién pone el dinero de las unidades familiares que necesitan una rehabilitación pero duramente llegan a final de mes? ¿Cómo les puedes exigir que lo den por adelantado? Te dicen que te pueden dar hasta el 30% por adelantado, pero es que necesitan el 100%. Esto debería estar subvencionado en función de la renta porque nuestra prioridad no es la calle Colón, sino Torrefiel o Nazaret y rehabilitarlo todo. Parece que hacemos la norma y luego vemos dónde la aplicamos en lugar de ser al revés para que de verdad el dinero vaya donde hace falta.
-¿Va a quedar mucho dinero en el cajón?
-Desgraciadamente creo que no se va a poder cumplir si no cambiamos el 'chip' y solo queda un año. Creemos que la Administración debe forzar la máquina para desarrollar proyectos.
-Antes ha hablado de la falta de sensibilidad del Gobierno con el sector, ¿entiende la decisión de Ferrovial de trasladas su sede social a Países Bajos?
-Sinceramente creo que esto es mucho humo político. Ferrovial facturaba en España el 15%. En una comunidad europea, donde hay libre disposición de tránsito de personas y capital, no veo el problema. Es una tristeza, es cierto, que una empresa puntera y española decida irse a otro país, pero, en lugar de enfadarse con ella, habría que mirar el porqué se va y eso tiene otras componentes y es la fiscalidad que tenemos en Europa. Hay una falta de coordinación en Bruselas. Si creen que la comunidad europea es que todos tengamos la misma moneda y eso es todo lo que tenemos en común, estamos perdidos. No existe una compensación fiscal para equiparar a todos los países. Tiene que haber una estructura fiscal común.
Por tanto, en lugar de criticar a una empresa porque cambia su sede, estudiemos y mirémonos el ombligo del porqué decide irse a otro país distinto para poder salir a bolsa en EEUU y le cuesta hacerlo desde aquí.
-¿Cree que puede producirse un 'efecto cascada' de otras empresas del sector?
-Las empresas y el capital funcionan como mejor les convenga. Si le das tortas permanentemente irá a sitios donde esté más cubierto porque el dinero es miedoso. Claro que puede haber cascada, pero hay muchas empresas que están fuera con sus sedes y no ha habido tanto alboroto.
-¿Cómo ve el futuro del sector en los próximos años?
-La industrialización de la construcción será clave. Ha venido para quedarse, tiene un futuro extraordinario y necesitamos gente formada en las empresas y que sepa de BIM. Pero, sobre todo, falta mano de obra y si no tenemos gente aquí la tendremos que traer porque en España necesitamos ocupar 700.000 puestos de trabajos, de los que en la Comunitat son 100.000. Necesitamos gente ya. Y, por tanto, no necesitamos formación profesional de cuatro años, sino que sea ágil y práctica para incorporar gente al trabajo.
