CASTELLÓ. Trece años después de la denuncia de los empadronamientos masivos en la localidad de Cabanes, previos a las elecciones del 2007, el juzgado número 1 de lo Penal de Castellón ha condenado al único acusado a una pena seis meses de prisión, multa de 1.800 euros y costas
La denuncia fue interpuesta en su día por el entonces concejal de Cabanes y actualmente portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, quien alertó de que unas 40 personas del municipio de Vall d’Uixó se empadronaron masivamente días antes de terminar el plazo hábil para poder votar en las municipales. Estas personas, según constaba en la denuncia, se empadronaron en domicilios propiedad del entonces alcalde del municipio y candidata a la reelección, Artemio Siurana, tres sobrinos suyos o dos dirigentes del PP.
Según entendía el denunciante, ninguna de estas personas vivió ni un solo día en el municipio, y a pesar de denunciarse el caso, de tomar declaración judicial a los empadronados que confirmaron su nula vinculación con el municipio, sí acudieron a votar en las municipales, según expone Mulet al dar a conocer la sentencia.
La sentencia señala como probado que el acusado presentó en el Ayuntamiento de Cabanes una solicitud de inscripción en el padrón municipal, en la que incluía a una mujer "a sabiendas de que esta ni tenía la intención de empadronarse en dicha localidad, ni había prestado su consentimiento". "Y siendo consciente el acusado -continúa- de que la firma que constaba en dicho documento simulando ser la de esta mujer no había sido estampada por ella, sino por un tercero en connivencia al efecto con el acusado", talcomo recoge Europa Press.
Así, el magistrado argumenta que "aun cuando no ha quedado probado que el acusado ejecutase él mismo la modificación de la solicitud de empadronamiento, sí ha quedado acreditado que sin su aportación era imposible efectuar la falsificación, por lo que responde como autor mediato del delito" y, por tanto, le condena por un delito de falsedad en documento oficial, con la atenuante de dilaciones indebidas.
Durante su declaración en el juicio, el acusado dijo no recordar si había llevado alguna solicitud de empadronamiento al Ayuntamiento. A preguntas de su defensa, además, declaró no haber tenido ninguna relación con el PP ni con ningún partido político, ni haber falsificado ninguna firma.
Por su parte, el que fuera alcalde de Cabanes entre 1999 y 2011, Artemio Siurana (PP), a preguntas de las partes sobre si veía normal que entre noviembre y diciembre de 2006 se empadronaran en el municipio 160 personas respondió que él no sabía que se habían empadronado esas personas, y manifestó que él no dio ninguna orden al Ayuntamiento para que se regularizara la situación.
Por su parte, la mujer cuya solicitud de empadronamiento llevó el acusado al Ayuntamiento sin su consentimiento aseguró que en diciembre de 2006 le dieron de baja del padrón de la Vall d'Uixó y de alta en el de Cabanes y denunció que le habían falsificado la firma.
Mulet ha explicado que el caso ha vivido toda clase de vicisitudes, ya que "desde el propio equipo de gobierno se destinaron recursos municipales contratando servicios jurídicos para entorpecer sistemáticamente la instrucción. Se llegó a archivar en diversas ocasiones, hasta que al final los dirigentes políticos o los funcionarios imputados quedaron a un margen y simplemente se centró el caso en la falsificación de una firma, la de la persona que ha terminado siendo condenada", según expone el promotor de la denuncia.
Mulet, pese a la sentencia condenatoria, ha indicado que “ no es ni mucho menos una sentencia satisfactoria, el fraude electoral ha quedado impune, se demuestra la legislación actual tiene graves lagunas, permitiendo a personas ajenas a un municipio alterar la voluntad municipal con el simple gesto de empadronarse en un domicilios en los que nunca van a vivir, en pueblos con los que no tienen ningún vínculo, todo para el beneficio de terceros, que también ha quedado impunes”, concluye.
