El secretario general de CCOO, Unai Sordo. Foto: EFE/DANIEL GONZÁLEZMURCIA (EFE). El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera que no existe ningún riesgo de ruptura de la caja única de las pensiones en el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco, algo que cree que se traducirá en una transferencia de recursos humanos y materiales.
En una entrevista con EFE, Sordo se refiere al revuelo generado en torno a este asunto, incluido en el acuerdo de investidura entre PSOE y PNV, y recuerda que ya venía recogido en el Estatuto de Guernica y que su ejecución lleva muchos años siendo retrasada.
"Hay ya suficientes pronunciamientos, incluso sentencias del Tribunal Constitucional, que hacen que esté claro que no está en juego ni en riesgo la ruptura de la caja única de la Seguridad Social", asevera Sordo.
No obstante, añade que "otra cosa es que si se transfiere la gestión de ese régimen económico, pues quizá se produzca una transferencia de recursos humanos y recursos materiales".
Preguntado por el contrato relevo vinculado a la jubilación parcial -que afecta al sector manufacturero y cuyo plazo de vigencia vence el 31 de diciembre-, Sordo advierte de la necesidad de extender esta figura.
Este contrato relevo, uno de los temas que quedó pendiente de con el anticipo electoral, debe ir además más allá del sector manufacturero y poder ser utilizado en actividades como la hostelería o los servicios de asistencia doméstica, añade.
"Es una buena forma de promover una renovación no traumática de las plantillas", defiende Sordo, que reconoce la dificultad de implementar coeficientes de reducción en la jubilación en actividades especialmente duras o penosas.
También en materia de Seguridad Social, Sordo subraya la importancia de avanzar en la implementación del nuevo sistema para que los trabajadores autónomos coticen en función de sus ingresos reales y perciban las correspondientes prestaciones.
El secretario general de CCOO considera que la reforma con la que el Gobierno quiere reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales debe consensuarse tanto con los sindicatos como con la patronal, inicialmente en contra de ella.
El acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar plantea una reducción de jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales hasta las 37,5 horas en 2025, un recorte que a Sordo "se le queda corto" porque "es poner por ley lo que ya se ha conseguido en la negociación colectiva".
No obstante, recuerda que, "como toda media, es eso, una media" y aunque hay quien trabaja menos también "hay sectores enteros que trabajan 40 horas semanales. No es nada despreciable trasladar eso" a una ley.
Pero ello, subraya, debe abordarse en el marco del diálogo social, siendo "bueno llegar a un acuerdo" tripartito, ya que esta rebaja tiene que ver con la distribución del tiempo de trabajo y ambos asuntos deben aplicarse en las empresas previa negociación colectiva.
Sobre la intención de legislar para elevar la participación de los trabajadores en las empresas, Sordo cree que es un aspecto clave que terminará haciendo que las empresas sean "más competitivas y productivas".
"Yo creo que en España la democracia se quedó a las puertas de las empresas (...) con relaciones de poder absolutamente antidemocráticas y jerarquizadas en muchos casos y donde en ocasiones tampoco hay ni siquiera representación legal", reflexiona.
Para Sordo, que reconoce que uno de los principales problemas es el tamaño de las empresas en España, sería deseable mejorar los sistemas de participación democrática de los trabajadores con presencia en los consejos de administración o en espacios creados "ad hoc" para poder tomar parte, por ejemplo, en decisiones de inversión.
El líder de CCOO también apunta a las necesidades de formación de los trabajadores y critica el sistema utilizado en muchas regiones en la actualidad de "dar cheques a los trabajadores para facilitar negocio a las academias y los centros privados de formación".
A su juicio, la formación para el empleo debe realizarse en "buenos centros públicos integrados con los sistemas de formación profesional reglada (...) y con los sistemas de reconocimiento de las competencias que se han adquirido por la vía de la experiencia profesional".
Y es en el diseño de esos programas de formación en el que piden participar los agentes sociales, porque -dice- son quienes mejor conocen "qué necesidades de formación va a tener cada comunidad autónoma y a veces cada comarca", así como cada sector.
