CASTELLÓ. Qué a estas alturas el Gobierno central no haya aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 no solo lastra a los Ayuntamientos de la provincia, sino también a la Diputación de Castellón. Sin conocerse todavía las liquidaciones ni tampoco las entregas a cuenta, el ritmo para redactar el nuevo proyecto económico se ralentiza respecto a las previsiones iniciales.
El planteamiento de disponer de un borrador ahora en octubre para completar la tramitación antes de concluir diciembre se convierte en un encaje de bolillos cada vez más complejo. Además, tampoco desde Madrid se ha concretado en qué porcentaje se establecerá finalmente el techo del gasto para las entidades locales y provinciales.
Con ambas cuestiones pendientes, la afección sobre la contabilidad de la Diputación va más allá de perfilar el presupuesto de 2025. Ahora mismo, como le sucede en otras entidades, se incumple la regla del gasto, como así se advierte desde Intervención. Tampoco es que se trate de una novedad, porque suele ocurrir cada año por estas fechas cuando la institución aprueba distintas modificaciones de crédito, como sucedió en el pleno del pasado martes. Así lo explican fuentes consultadas.
La advertencia sobre la adopción de "medidas de prevención" se queda simplemente en eso tras incorporarse las liquidaciones del Estado. Sin embargo, estas transferencias todavía no se han materializado y el retraso desde el Gobierno central genera cierta congestión contable, además de condicionar el diseño de las cuentas con vistas al siguiente curso.
Desde agosto, la Diputación trabaja en su nuevo presupuesto tras firmar la presidenta, Marta Barrachina, la instrucción departamental para que las distintas áreas de gobierno realicen un diagnóstico económico y establezcan sus prioridades. Un mes después, los técnicos de la casa ya disponen de unas previsiones de partida para cuadrar los distintos capítulos.
No obstante, la incertidumbre sobre los PGE y el techo del gasto frenan un tanto los tiempos marcados. Este último concepto no es más que una cantidad fijada como tope para el gasto no financiero, es decir, el que se entiende como aquel que recoge todos los desembolsos que están destinados al pago de deudas o créditos.
El pasado año, la Diputación aprobó un presupuesto récord para 2024 de 193,7 millones de euros. Esa cuantía representó un aumento del 2,9% con respecto a 2023. Las primeras cuentas de la legislatura de Marta Barrachina se caracterizaron por su componente expansivo para afrontar desafíos como la despoblación y la generación de oportunidades.
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