Fotos: KIKE TABERNERVALÈNCIA. "La Comunitat Valenciana es un lugar poco interesante para que las empresas abran una residencia". Así lo considera José María Toro (Sevilla, 1974), presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), quien lamenta los tumbos de la normativa de la Conselleria de Igualdad respecto a centros residenciales.
El sector vive una situación de incertidumbre en la autonomía por el cambio de modelo que llegará a través del decreto de tipologías. Una normativa que se espera que entre en vigor antes de finalizar la legislatura. Menos plazas por residencias, modelos por unidades de convivencia y más personal por cada paciente son algunas de las cuestiones que se plantean y que hacen que las empresas consideren poco viable el modelo.
En este sentido, Toro reflexiona acerca de cómo podría afectar la nueva normativa al precio de las plazas, de la falta de éstas, de la falta de seguridad jurídica para las compañías y de cómo, cada vez, el modelo concertado de la Conselleria de Igualdad resulta poco atractivo para las empresas en un escenario de escasez de espacios residenciales.
- ¿Cómo se está viviendo el cambio de Mónica Oltra a Aitana Mas en la Conselleria de Igualdad?
- La línea es bastante continuista, porque el equipo de la conselleria, salvo algún cambio de última hora, sigue siendo el mismo. Aitana Mas no tiene tampoco mucho tiempo con el calendario electoral para tomar decisiones y es algo que ya nos comentó cuando nos vimos en el mes de julio. Que lo que pretendía era depurar o mejorar algunas cuestiones, pero que no daba mucho tiempo a hacer cambios muy importantes.
- ¿Cuáles son los principales problemas a solucionar tras dos legislaturas?
- El gran reto que tenemos ahora es el nuevo modelo residencial y del resto de servicios que está planteando el decreto de nuevas tipologías. Es un proceso muy ambicioso pero me preocupa que, dentro de que se ha dado un proceso muy largo de escucha con muchas reuniones, finalmente habrá que ver cómo queda el documento y si recoge todas las propuestas que hacemos. Creemos que éstas son buenas para la atención de las personas, para la viabilidad del sistema y para que nadie se quede fuera.
Si el sistema no se consensúa terminará por ser un fracaso. Nosotros hemos marcado tres líneas de trabajo. La primera, que no se pierda ninguna plaza con el nuevo cambio. Si una residencia tiene que adaptar el personal o los protocolos que lo haga, sin que la parte arquitectónica le pueda afectar. Tenemos una carencia de plazas muy importante, y si no somos capaces de conservar las que tenemos ahora, estaremos reduciendo la capacidad de atender personas.
"El nuevo modelo puede suponer un incremento por plaza de 1.050 euros"
La segunda es que el modelo sea interesante para la generación de nuevos recursos. Que atraiga no solo a la iniciativa pública, sino que genere el interés del sector privado también. Y por último, que no le cueste ni un euro más a las personas usuarias, porque el modelo que estamos planteando es ambicioso a nivel arquitectónico y de personal y las cifras que manejamos es que puede suponer un incremento de unos 1.000 o 1.050 euros por plaza cada mes. Las familias ya hacen un esfuerzo importante en pagar una tarifa entre 1.800 y 2.000 euros. Entonces, ¿quién va a poder abordarlo?
Creemos que es necesario un nuevo modelo, que hay que trabajar en esta línea, pero si no se consensúa acabará siendo un fracaso.
- Espacios más pequeños y menos ratio de personas por trabajador. ¿Debe ser ese el modelo al que se camine de forma gradual?
- Hay que caminar en un modelo más centrado en la persona que atendemos. Nuestra normativa viene del año 2005 y el perfil de persona que llega a las residencias ha cambiado. Es un perfil con más necesidad de asistencia, que entra mayor en las residencias, que está menos tiempo,... Pero se ha visto muy influido por la pandemia y he escuchado muchas veces que ésta ha demostrado el fracaso del modelo. Y claro, fracaso para afrontar una crisis sanitaria de carácter respiratorio. Si hubiera sido otra, la situación no habría sido la misma.
"Me parecen bien las unidades de convivencia, pero hay que hacerlo viable"
Entonces, sí que es necesario cambiar el modelo, tener más personal,... En el tema de la distribución me parece bien que se pueda trabajar por unidades de convivencia, que puedan hacer que la atención sea más personalizada, pero esto hay que hacerlo viable con un mayor número de plazas en los centros. Si trabajamos por unidades de 20 o 25 personas, realmente da igual que haya cinco unidades que 8.
Si eso hace viable el trabajo por unidades, me parece perfecto. Pero hay quien apuesta mucho por este modelo. Otros que piensan que el actual puede funcionar si se evoluciona, creo que al final el camino es seguir avanzando.
- ¿Cuándo está previsto que entre en vigor?
- Antes de que termine la legislatura. Podría ser entre marzo y abril, pero no sabemos si dará tiempo. Tiene un recorrido largo porque afecta a muchas patas y tiene que pasar por el Comité Económico Social, por el Consell Jurídic Consultiu y ahora acaba de salir de la Consellería de Hacienda, porque tiene consecuencias económicas muy importantes. Es un cambio de modelo de financiación muy importante por parte de la Conselleria de Igualdad y tiene que decidir si puede asumir lo que esto supone.
"La memoria económica del decreto no recoge todo el presupuesto necesario para la puesta en marcha"
La memoria económica del decreto, desde nuestro punto de vista, no recoge todo el presupuesto necesario para la puesta en marcha del mismo. De hecho, el coste total que prevé la Consellería es de 134 millones de euros, pero ya hemos detectado que faltan 200 millones más solamente para la implantación del nuevo modelo en residencias y centros de día de personas mayores. Si seguimos analizando el resto de servicios, tememos que la diferencia sea aún mayor y que pueda comprometer otras cuestiones fundamentales, como el acuerdo de aumento de retribuciones del personal del sector recientemente firmado o el propio Plan Convivint.
- En el último concurso de plazas residenciales se quedó una cifra importante desierta, alrededor del 16%. ¿Esto qué supone?
- Pues no solo en el concurso con entidades mercantiles. La conselleria sacó a licitación entre mayo y junio aproximadamente 9.489 plazas para que fueran ofertadas en el sector privado y entidades sin ánimo de lucro y se han quedado 1.648 desiertas, el 17,36%. Esto se debe, primero, a cuestiones como la carencia de plazas. Cuando hay mucha presión en el sector por parte de la plaza privada, no siempre se quiere trabajar con la administración pública.
"igualdad debería reflexionar sobre por qué el tercer sector no quiere concertar plazas"
Y después, las condiciones que te exigen, no de requisitos de calidad, sino de retrasos en los pagos que se van a producir. Tener muchos clientes centrados en la parte pública a lo mejor no resulta interesante para las entidades. Pero la administración debería hacer una reflexión sobre lo que ha pasado aquí y por qué ha habido entidades, incluso en el tercer sector, que han decidido no concertar plazas. En las entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, pedían concertar el 100% de las plazas y no todo el mundo ha querido participar.
Y esto hacer perder capilaridad al sistema porque lo interesante es que haya el mayor número de centros en el sistema para que la gente pueda tener una opción cerca de su casa.
- Hace unas semanas una contrata decidió dejar una residencia y otra entró de urgencia.
- Pero eso es un problema de contratación. Se han ido terminando concursos y no han sacado los nuevos. El caso de Benetússer llevaba años vencido, y no puedes seguir trabajando con los mismos precios 3 o 4 años más. Ahí lo que debería hacer la administración es cumplir la ley y sacar los concursos cuando toca. Cuando termina uno debería estar firmado para entrar el día siguiente a quien le toque, pero esto la administración no lo hace nunca. Esto, provoca que la empresa sea incapaz de seguir prestando el servicio a esos precios.
Y en vez de sacar el concurso al precio que toca o ajustar lo que le paga la empresa que está prestando el servicio, lo que hace es dárselo a otros con un incremento de precios. Igual que los atrasos, que aunque desde verano se han ido moderando, se producen por la falta de contrato. Porque cuando este vence pasas a cobrar por enriquecimiento injusto y eso tiene que ir hasta el Consell y el expediente es distinto. Y ahí se atrasa mucho y esto ha pasado en dicho caso.
- ¿Se han dado problemas con los incrementos de costes?
- Claro. Hay residencias que han doblado costes energéticos y esto son costes muy importantes y, también aumentar el salario de las personas acaba generando un mayor coste.
- ¿Hay empresas interesadas en abrir nuevas residencias?
- La Comunitat Valenciana, en el contexto actual, es un lugar muy poco interesante para abrir una residencia. Se están abriendo ahora, sí, pero son las que solicitaron autorización hace años porque el periodo es largo y, desde que pides la autorización hasta que empiezas a construir,... El año pasado se abrieron dos centros en Castellón capital, uno en Alzira,... Pero ahora mismo hay proyectos parados por la inseguridad jurídica.
"Se están paralizando proyectos de residencias y esto es una muy mala noticia"
El año pasado se cambió el límite de plazas de 150 a 100. Ahora, en la ley de acompañamiento del presupuesto se ha acordado fijar las 120 plazas como máximo, aunque depende de la zona en la que se está. Y luego tenemos el nuevo decreto que saldrá en marzo y que no sabemos si mantendrá esta cifra o no. Estas oscilaciones en la normativa hacen que la gente se plantee si no es mejor esperarse. Se están paralizando proyectos y esto es una muy mala noticia.
- Sí que parecen pocos proyectos.
- Si es que, a priori, la Comunitat Valenciana, como hay tan pocas plazas, parece un lugar atractivo. Pero claro, cuando la gente se planta aquí y tarda cinco años desde que se valora el proyecto hasta que se abre la puerta. Además, si te cambian la normativa, se genera una inseguridad jurídica muy importante.
- ¿Qué puede suponer esta situación de cara al futuro si no cambia la tendencia de poner en marcha nuevas residencias?
- Sin duda, una desatención de las personas. En la Comunitat Valenciana, para estar al nivel que marca la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener 22.000 plazas más. Y esto se va a incrementar con el envejecimiento de la población. Porque cada vez habrá más gente mayor. La administración ha puesto en marcha el plan Convivint, con mayor número de centros públicos, pero solo va a ofertar 3.600 plazas. Esto supone el 15% de la necesidad.
"Se puede provocar que haya muy pocas plazas y que la gente cuando quiera un recurso residencial o centro de día no lo tenga"
Si eso lo combinamos con un marco inestable o inseguro jurídicamente que hace poco atractivo que se abran centros privados en la Comunitat, lo que podemos acabar provocando es que haya muy pocas plazas, que la gente cuando quiera un recurso residencial o centro de día no lo tenga, que mucha gente tenga que ser atendida en su casa,... Que a mí me parece muy bien que la gente sea atendida en su casa con un servicio profesional y que esté en condiciones, pero me parece tan equivocado que alguien que quiera estar en su casa, vaya a una residencia, como que una persona que necesite una residencia tenga que estar en su casa porque no hay recursos suficiente. Eso lleva al fracaso del sistema.
Nosotros lo decíamos cuando se aprobó la ley de Servicios Sociales. ¿Se ha avanzado mucho en la resolución de expedientes de dependencia? Sí. ¿Se paga rápido por parte de la administración? Sí. Puede llegar un momento en el que la gente tenga la ayuda y, sin embargo, no tenga a dónde ir a recibir el servicio.
- Se ha generado polémica con la idoneidad del cuidado a domicilio por parte de cuidador profesional y no profesional.
- La ley de Dependencia en 2006 dice que el cuidador en el ámbito familiar es la excepción. Porque lo que pretendía era profesionalizar los servicios y no seguir cargando la responsabilidad de los cuidados de las personas vulnerables en las mujeres. Esto fomentaba no solo una medida de cuidado sino de igualdad. Que la gente no tuviera que recurrir a su familia para que les cuidase.
Pero había personas que, por la zona en la que vivían, tenían que seguir con cuidados familiares y por eso se mencionaba como excepcional. Cuando sale el decreto de Dependencia de la Comunitat Valenciana, no hace referencia a la excepcionalidad de ese recurso y entonces lo recurrimos. Y el Tribunal Superior de Justicia nos da la razón. La conselleria recurre ante el Tribunal Supremo y éste no cuestiona el carácter excepcional del cuidador no profesional, pero entiende que si lo pone en el ley no hace falta que se recoja en el decreto.
Pero en ningún caso cuestiona el carácter excepcional. Pero a mí me sorprendió la interpretación que se le dio y es que las familias eran idóneas para cuidar. Si le preguntamos a una familia con una persona con alzheimer que si quiere que venga alguien a cuidar su padre, a su abuela o a su madre en su casa, es decir, un servicio profesionalizado y que luego el resto del día los cuiden ellos; o si prefieren que les den una ayuda de 387 euros, yo creo que por el bien de esa persona y del núcleo familiar preferirán que venga un profesional a casa a atenderlo.
No se cuestiona la idoneidad o no de la familia, sino si los servicios deben ser profesionales o no, y en eso la sentencia es clara. Los servicios deben ser profesionalizados. Por cierto, el gran avance que ha tenido la Comunitat Valenciana en dependencia y que es reconocido en toda España es que casi se ha triplicado las personas ayudadas por dependencia. Pero hay que recordar que el 77% de las prestaciones que se han dado han sido de este cuidador no profesional.
- ¿Se valora desde la Generalitat si una persona atiende de forma adecuada de su familiar para otorgarle esta ayuda?
- Es muy difícil. Aunque cuando te acoges a una prestación de cuidado familiar te comprometes, los servicios de inspección tienen mucha dificultad para ir a los domicilios a ver si las personas están atendidas. Cuando hay problema en una residencia o en un centro de día todo el mundo se entera. O bien hay un familiar que lo detecta, o el propio centro o un profesional o la supervisión. Pero en una casa, la gente está sola, viene una familiar a verlo cada día un rato o dos o tres veces a la semana. Y si esa persona está bien atendida o no, no lo sabes.
"Nosotros pedimos que haya más inspección no porque no funcione bien el sistema, sino para que haya más transparencia"
El servicio de inspección está muy centrado en centros de día, residencias y todo lo que está institucionalizado. Y está bien. Nosotros pedimos que haya más inspección no porque no funcione bien el sistema, sino para que haya más transparencia. Los centros deben ser revisados una vez al año por la inspección no para controlar que se está haciendo bien, sino para demostrar que se está haciendo bien el trabajo. En ese aspecto, lo que se acaba dejando de revisar es la atención en domicilio pensando que las familias cuidarán siempre bien. Pero hay que demostrar que es así.
- Finalmente se ha terminado por derogar la normativa covid, ¿qué ha supuesto la demora en revocarla?
La verdad es que ha sido una magnífica noticia, aunque nos haya pillado por sorpresa. Llevábamos meses pidiéndola debido a la situación epidemiológica que se estaba produciendo, que iba mejorando semana a semana, y la situación general de normalidad en la que se encontraba el resto de la sociedad.
Esto no quita que el personal y las visitas sigan usando las mascarillas, que tengamos un stock de material de protección, un protocolo de actuación de la Consellería de Sanidad y que contemos con el adecuado plan de contingencias para prever las posibles variaciones que se puedan dar en la situación general, pero era un paso necesario para la normalización y la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias, sus familiares, las personas trabajadores y la organización de los propios centros y servicios.
Además, va a significar la posibilidad de ocupar casi cuatrocientas plazas que se habían bloqueado durante todo este tiempo y que ahora servirán para poder atender a personas que necesitaban este recurso y a quienes no se habían podido ofrecer antes.
- ¿Siguen los problemas con las ayudas a las personas atendidas en viviendas tuteladas de apoyo a la salud mental?
- Esta es una de las decepciones que he tenido en los últimos tiempos con la conselleria. Hace unos años se planteó que querían cambiar el modelo y se apostaba por la vivienda tutelada, que es un recurso que ha funcionado de manera extraordinaria. Es un éxito de este Gobierno que se hayan creado desde septiembre de 2015 107 viviendas tuteladas en la Comunitat Valenciana de una manera muy distribuida en el territorio con una contratación de personal importante.
Cuando esto empieza a funcionar y ya se cuenta con un volumen importante de personas que se rehabilitan y retoman su vida, la administración decide cambiarlo porque señala que hay un número de viviendas que tiene una sobrefinanciación por los requisitos que tenían. Yo creo que habría sido tan fácil como corregir esos aspectos puntuales, pero no cambiar el sistema.
"Se ha producido un bloqueo del sistema de viviendas tuteladas para salud mental"
Ahora, la mayoría de viviendas que eran supervisadas con dos o tres profesionales para viviendas de hasta 7 u 8 personas, pasan a ser centros de atención y promoción de la autonomía. Esto conlleva una reducción de las ayudas que reciben las personas usuarias. Hasta ahora, una persona podía recibir una ayuda de hasta 2.350 euros para estar en una vivienda de este tipo, cuya la tarifa está en torno a los 2.300 euros mes, y ahora la propuesta que se hace es pasarla a 715 euros, que es lo máximo que se puede pagar por una ayuda de prestación de promoción de la autonomía.
Y te dicen, a cambio se puede complementar con una ayuda de asistente de personal. Pero es que ya tengo en la vivienda profesionales para atender a las personas. A las personas que ya están atendidas no les han cambiado las ayudas, puedes seguir estando en las mismas condiciones, pero la que quiere acceder ahora no lo puede hacer.
Por lo tanto, esto lo que ha provocado para mí es el bloqueo del sistema. Estamos todo el día poniendo el foco en la salud mental y las cosas que están funcionando hay que mantenerlas y apoyarlas, corrigiendo las desviaciones. Y ahora, lo que se hace es poner en riesgo la supervivencia incluso de algunas viviendas.
- ¿Optarán las personas con problemas de salud mental por no independizarse?
- Exacto, recibirán una ayuda en su casa de tipo ambulatorio. Pero hay muchas personas con problemas de tipo mental que tienen que salir de su casa. Cuando uno tiene un problema de este tipo, la situación se vuelve complicada y familiares necesitan, para avanzar en su proceso de rehabilitación, que estén fuera del hogar. En estas viviendas se les da un apoyo constante y se les cubren todas las necesidades que requieren estas personas en su proceso de rehabilitación, reinserción socio laboral, que se vuelvan a encontrar bien, en que estén estables y que puedan volver a su casa. Estas viviendas son en el fondo espacios temporales.
Pero se ha confundido viviendas que hay en otras autonomías que no tienen personal y que son una solución más habitacional que de intervención. Son viviendas de acogida sin personal específico donde una persona recibe una ayuda de alquiler y comparte el espacio con otras personas. Y después, desde otros recursos, se le presta servicio ya sea desde primaria u otros servicios centrales que tenga esa entidad.
Nuestro modelo es distinto. Tiene personal en la propia vivienda. A mí lo que me preocupa es que después de haber conseguido que atendiéramos a la gente por su necesidad y no por su capacidad económica de nuevo nos toque preguntar a la gente qué recursos económicos tiene para poder afrontar la atención. Eso es un paso atrás muy importante.
- ¿Sigue habiendo déficit de personal sanitario en las residencias?
- Si no tomas medidas, siguen dándose los mismos problemas. Nosotros planteamos en 2020 que había que generar más plazas formativas, sobre todo, en el grado de enfermería. Recuerdo haber hecho este comentario en una reunión con Mónica Oltra, Marzà y Ana Barceló a mediados de 2020. Pero no se ha ampliado ni una sola plaza a la oferta formativa en enfermería, que nosotros sepamos, por lo tanto es difícil que hayamos solucionado algo.
"Los últimos estudios del Consejo General de Enfermería dicen que faltan 95.000 enfermeras"
También pedimos que se avanzara en la capacidad de homologación de títulos de personal extranjero que viniera. El último informe que pedimos al ministerio decía que un médico tardaba dos años en homologar su título y que la enfermería más. No podemos permitirnos esto. Y en un tercer lugar pedimos poder contratar a gente que estuviera en el último año de carrera o que estuviera pendiente de gente de homologación de este título, pero no se nos ha dado recorrido en este tema.
Cuando explicamos esto, nos suelen decir que tenemos que pagar más, pero es que los salarios se están pagando bastante por encima de lo que marca el convenio colectivo, con las máximas facilidades para la contratación de personal, pero es imposible. Los últimos estudios del Consejo General de Enfermería dicen que faltan 95.000 enfermeras. Ya no es un problema tanto de coste sino como de que no hay gente para trabajar. Hay que hacer un plan para poner más trabajadores en el sector, pero sin ninguna medida seguro que no se soluciona nada.
- ¿Y qué va a suponer no contar con estos trabajadores en los centros?
- Supone una mayor carga en Atención Primaria en sanidad, que tampoco es justo. Nosotros atendemos a las personas que están en los centros pero quien garantiza la atención sanitaria es siempre Sanidad porque vivimos en una sociedad en la que ésta es de carácter universal. Una persona que está en una residencia, está allí censada y está en el cupo del médico de salud al que corresponde la residencia. Entonces, puede ir a ese médico las veces que haga falta.
El trabajo del personal sanitario en la residencia lo que hace es apoyar a estas personas, pero éstas tienen el mismo derecho que el resto de ciudadanos a ir su médico. ¿Qué ocurre si no cubrimos la necesidad que hay? Que se acaba saturando todavía más atención primaria. Tienen que atender estas personas, nos gustaría no tener que llevarlas porque al final acabas generando mayor presión al sistema, por eso es necesario que los centros cuenten con esa red de apoyo sanitario.
- ¿Se sigue sintiendo la desconfianza del Gobierno en las empresas privadas?
- Sin duda y es un gran error. Como mejor se solucionan las cosas es desde el consenso. Si hablas con los familiares, con los sindicatos, con las entidades que trabajan en el sector las decisiones será mejores. Uno de los mayores aciertos de Aitana Mas durante este tiempo ha sido el acuerdo de equiparación salarial, que se produjo hace un mes en el Botánic. Se demostró a través de dos elementos -uno es el consenso y el otro una financiación adecuada-. Si queremos pagar mejor a los trabajadores hay que dotar los concursos de más recursos para poderlo hacer.
"Si queremos pagar mejor a los trabajadores hay que dotar los concursos de más recursos para poderlo hacer"
En esas mesas se ha demostrado que se puede llegar a acuerdos y que cuando hay más financiación en el sector se pueden mejorar las condiciones de los trabajadores. Hay que mejorar con el nuevo modelo, pero también veamos hasta dónde podemos llegar también. Si la capacidad económica de la Conselleria es una, podremos llegar a un sitio, si es otra menor, a otro. Pero hay medidas que se están planteando que para nosotros no tienen ningún sentido porque no mejoran la calidad que ofrecemos y encarece el servicio.
Nosotros, esta colaboración público-privada la basamos también en el famoso estudio de 2020 de la Sindicatura de Comptes que decía que la calidad de un centro público cuando lo lleva una empresa privada es prácticamente el doble que cuando la gestión es directa. Yo creo que este es un elemento en el que tenemos que insistir porque en el nuevo modelo cuestiones que se plantean como la participación de las personas, de sus familiares, las no sujeciones, la no infantilización en el trato o la formación del personal, quien más pincha en esos temas es la administración pública, no nosotros.
Pero si no somos capaces de consensuar, el sistema acabará fracasando y no lo van a pagar las empresas. El problema lo van a tener las personas que quieran acceder a un recurso como un centro de día, una vivienda tutelada o una residencia. En este marco al que vamos, salvo que tenga mucho dinero no podrán acceder al sistema.
- Parece que el Botànic siempre tiene en mente las reversiones.
- Al final, precisamente con los datos de la colaboración público privada se demuestra que esta gestión de los recursos sociales da más calidad y permite que la administración tenga un menor coste. Pero si la administración finalmente decide subrogar o internalizar un servicio, lo que debe darle es estabilidad laboral. Entonces, si yo decido asumir un servicio, tengo el capital humano y tengo que darle estabilidad. El plan de la administración era quedarse solamente con el personal necesario pero el CJC le dijo que esto no se podía hacer dada la normativa y que había que subrogar a todo el personal del servicio.
- ¿Es eficiente que la administración pública ponga en marcha residencias?
- Respecto a la eficiencia, cuando se habla de la colaboración público privada, de lo que me sorprendí mucho es que del plan Convivint que presentó la conselleria los importes y los presupuestos que se están manejando me alucinan. El otro día salía una noticia que decía que la residencia de Alfafar iba a salir con un presupuesto de 20 millones de euros. Se ha anunciado la reforma de Carlet con un presupuesto de 50 millones de euros.
Una residencia hoy, nueva, pueda estar en el marco de un presupuesto de 7-8 millones. ¿Tiene sentido con la escasez de financiación que tiene la administración valenciana y la escasez de recursos que nos vayamos a gastar 20 millones de euros en una residencia cuando las empresas que están terminando de construir lo están haciendo con un presupuesto de 8 millones? Es que podríamos hacer el doble.
"¿Qué sentido tiene reformar una residencia pública por 50 millones cuando podría llevar a tener seis residencias nuevas?"
Pero es que el caso de Carlet es el más grave. Carlet, que tiene una población importante a la que atiende no solo de su término municipal sino de las poblaciones de alrededor, 50 millones de euros supone renunciar a hacer seis residencias nuevas con la tipología nueva, de una manera más capilar y que permitiría atender mejor a la población. Además, cuando hablas con un constructor siempre dice lo mismo, reformar algo existente es más caro que hacer algo nuevo. ¿Qué sentido tiene gastarse eso cuando podría llevar a tener seis residencias nuevas mejor distribuidas en el espacio?
Ahí se basan en los fondos europeos y parece que no cuesten dinero, pero hay que hacer un buen uso de los mismos. Pues esto también es gestión de los recursos públicos. Por otra parte, las empresas no se pueden presentar a la gestión de fondos europeos ya que la conselleria, todas las propuestas que ha sacado en esta línea, han ido relacionadas con entidades sin ánimo de lucro o entidades locales.
- Y esto, ¿por qué?
-Nos parece discriminatorio porque el sector también puede hacer inversiones importantes y en otras comunidades autónomas se ha hecho y aquí no. Fuimos al director general, a Joan Conca, y lo que se nos transmitió es que la primera parte salen de los 70.000 primeros millones de ayuda que son a fondo perdido. En este sentido, nos dijeron que la primera parte iría destinada a recursos públicos y nos parece bien, pero podrían dejar una parte al sector privado.
Por ejemplo, en Castilla La Mancha hay ayudas y algunas líneas dan ayudas a la construcción de centros dependiendo de criterios como la localización, el tipo de centro, el tamaño, ... Es una buena manera de incentivar, porque me da la sensación de que al final la administración va a ser incapaz de poner en marcha el plan Convivint en su totalidad por todos los temas burocráticos.
- En alguna cuestión buena se habrá avanzado.
- Pues una de las cosas más importantes ha sido la firma de los dos convenios que gestiona Aerte, el de centros y servicios privados para 2022 y 2023 y el de gestiones integrales hasta el 2025 tras el acuerdo con la conselleria. Era muy importante que sindicatos y patronales le dieran de forma conjunta respuesta a la situación que está viviendo las personas que trabajan en el sector.
