El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano (Compromís), ha pedido al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia el archivo de la causa contra él. Se trata de la investigación relativa al posible fraude de subvenciones concedidas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los Adell Bover.
La defensa de Trenzano considera que no existen indicios suficientes que sustenten que continúe investigado puesto que no participó en ninguno de los supuestos delitos que se le imputan. Concretamente, los de malversación de caudales públicos y prevaricación.
La causa, iniciada tras una querella del PPCV, indaga en la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018. Los populares denunciaron que no se cumplieron los requisitos exigidos y que tanto Trenzano como Francis Puig llevaron a cabo actuaciones arbitrarias.
Tras la declaración que prestó el pasado mes de mayo el hermano del presidente de la Generalitat ante el juez, su abogado insistió en que en este caso no hay fraude de subvenciones, entre otras cuestiones porque la suma de las cuantías supuestamente irregulares percibidas no alcanza los 120.000 euros que exige este tipo penal.
Mientras, el magistrado acordó el pasado julio una nueva prórroga de la instrucción otros seis meses. El motivo es que el juzgado está pendiente de recibir tres informes clave que todavía no han llegado: uno de la Guardia Civil, uno del Gobierno valenciano y otro del catalán. Este último comunicó que trabaja en ello, mientras que la Intervención de la Generalitat comunicó recientemente que se comprometía a presentar el dosier durante el próximo febrero (tres meses antes de las elecciones).
No se trata de la única causa sobre este asunto en la que Trenzano se ha visto afectado. El año pasado, la Audiencia de Valencia lo absolvió del delito de falsedad documental a la hora de defender las ayudas a Francis Puig. Una sentencia que posteriormente ratificó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El alto cargo de Compromís se sentó en el banquillo después de que el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia le abriera juicio oral en relación a las subvenciones al fomento del valenciano concedidas entre 2015 y 2016 a empresas administradas por el hermano de Puig. Concretamente, 56.825 y 23.234 euros respectivamente.
Los magistrados de la Audiencia concluyeron, sin embargo, que consta acreditado que se realizó la comprobación administrativa de la concesión de la ayuda en cada una de sus fases (solicitud, justificación y pago) y que la comprobación material se realizó en el trámite de justificación.
