CASTELLÓ. Un conflicto judicial ha dejado a los pies de los caballos al Ayuntamiento de l'Alcora y uno de los proyectos más emblemáticos de la provincia, la compra y rehabilitación de la Real Fábrica del Conde de Aranda de la localidad. El enfrentamiento entre dos empresas ha dejado en el aire el futuro del inmueble, en concreto en la segunda fase, así como la subvención recibida de 1,4 millones.
De hecho, el propio alcalde, Samuel Falomir, explica a este periódico que "no sabemos cómo acabará el tema, aunque el Ayuntamiento estamos tranquilos porque hemos hecho todo el procedimiento administrativo de forma correcta".
El problema arranca en 2017 cuando se produjo la compra por parte del anterior alcalde, Víctor Garcia, siendo Falomir concejal de Urbanismo -gobernaban en coalición con la alcaldía repartida dos años cada uno- y la titularidad de la Real Fábrica estaba en manos de una empresa (Taulell S.L) en un proceso de concurso de acreedores.
Por ello, el administrador concursal advirtió al Ayuntamiento de que antes de realizar la compra se debía contar con un permiso judicial. "Pero a los meses, la empresa -Taulell S.L- nos trajo un escrito con la declaración responsable de que podía contratar con la administración pública".
Con este documento el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo: se adquirían los dos solares que configuran esta manufactoría -uno de los orígenes de la cerámica en la provincia- y uno se compraba con dinero y, el segundo, se permutaba.
El Ayuntamiento ha estado trabajando en un “ambicioso proyecto” enmarcado dentro de la recuperación de la Real Fábrica. Se trata de la rehabilitación y valorización de la zona fundacional. La actuación se encuentra actualmente en fase de redacción del proyecto y la previsión es que las obras comiencen a lo largo de 2022.
Para esta actuación, el consistorio ha obtenido una subvención de 1,4 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del programa 1,5% Cultural, lo que supone el 75% del presupuesto total, que asciende a 1,9 millones de euros.
Además, el año pasado ya se inauguró una de las partes de esta fábrica. Pero, uno de los acreedores de la empresa que vendió el solar ha demandado al Ayuntamiento ya que aseguran que la operación es irregular ya que no se disponía de autorización judicial. Un hecho que Falomir dice que "desconocemos porque nosotros tenemos una declaración de responsabilidad pero, la verdad es que si no tenían la autorización del juez para vender, el Ayuntamiento es también afectado por haber sido engañado".
El coste de la permuta ha sido de 1,1 millones de euros y, además, el Ayuntamiento exoneró del pago del IBI que la empresa tenía pendiente de liquidar. En este proyecto, además de administraciones públicas, también están participando de forma activa empresas privadas por lo que desde el Ayuntamiento confían en que todo se resuelva de forma favorable a los intereses generales y el proyecto pueda seguir adelante.