Una auditoría detecta un riesgo de 50 millones en juicios por la herencia urbanística en Vila-real

VILA-REAL. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha presentado este viernes las principales conclusiones de la auditoría urbanística encargada por el Ayuntamiento a una empresa externa para conocer la situación del municipio a día de hoy. Entre otros datos, el documento revela que, desde 2011 hasta 2018, se han pagado 25.351.957 euros en empastres y conflictos urbanísticos derivados de la gestión del PP y que la negociación con los propietarios ha conseguido un ahorro de 8.180.405 euros. En cuanto a la conflictividad judicial actual, la auditoría descubre un riesgo de más de 50 millones de euros en los expedientes que están en estos momentos al juzgado. Esta cifra supera el presupuesto anual del Ayuntamiento.

Según explica Benlloch, “cuando, en 2011, el nuevo gobierno del cambio llegó al Ayuntamiento de Vila-real encargamos una primera auditoría para saber de manera exacta a qué nos enfrentábamos y cuál era la situación del municipio. El documento arrojó unos datos muy preocupantes, con más de 80 millones de euros de riesgo en aprovechamientos urbanísticos y una gestión urbanística que había convertido nuestra ciudad en un Monopoly de especulación, con una revisión de PGOU para 140.000 habitantes que tan solo existía en la cabeza del Partido Popular”, recuerda Benlloch. La nueva auditoría, según indica, toma el testigo de este primer análisis para evaluar de una manera objetiva la gestión realizada en estos años y la situación actual. “Desde 2011, hemos tenido que gestionar una situación muy complicada, defendiendo en todo momento cada euro de los vila-realenses. A pesar de las dificultades, estamos orgullosos de lo realizado, avalado ahora por un informe externo, imparcial y objetivo, que supone un buen resumen de lo realizado estos años y, sobretodo, un documento de trabajo para seguir defiendo a Vila-real de la ruina del PP”, agrega.

La reducción del endeudamiento –del 74% al 60% de 2019-, los más de tres millones destinados a la colaboración con entidades sociales o los 4,5 millones de planes de empleo, que, entre otros factores, han colocado a Vila-real por octavo mes consecutivo como la ciudad de la Comunidad Valenciana con menos paro, son algunos datos del balance positivo que ofrecen los ocho años de gobierno municipal, según esgrime el alcalde a través de un comunicado. “Quedan muchas cosas por hacer y sabemos que debemos mejorar en muchos aspectos, pero podemos estar orgullosos de haber gestionado el pasado, garantizando el presente y mirando al futuro”, argumenta el alcalde.

Estabilidad presupuestaria

Entre sus conclusiones, la auditoría aboga por “una profunda revisión del planteamiento urbanístico” desde el modelo “expansivo” del PP a un urbanismo “sostenible y coherente”. Con este objetivo, el análisis valora la modificación de normas urbanísticas iniciada por el gobierno actual como “un buen instrumento” para hacer frente a los conflictos derivados de la gestión del PP desde la “cirugía urbanística”. “El PP planteó un PGOU imposible que incluso su propio partido, en la Generalitat, rechazó en 2012, dejando a la ciudad en una gravísima situación, tal como reconoce la auditoría”, advierte Benlloch. Frente a esta realidad, el documento valora la “seguridad jurídica y estabilidad presupuestaria” que ofrece el instrumento planteado por el actual gobierno.

 Otros aspectos recogidos en el informe se refieren a la gestión de expedientes de disciplina urbanística, con el desbloqueo de 357 casos pendientes de resolver desde 2004 o la gestión de PAI, con la resolución, ya sea por desistimiento, caducidad o acuerdo, de hasta nuevo proyectos de gestión urbanística indirecta, “dejados a la iniciativa privada”. De este tipo de programas, se mantienen tres –Madrigal, carretera de Onda y Espai la Vila- que, avanza Benlloch, constituirán la prioridad de la próxima legislatura.