Foto: INMA CABALLER/CORTSVALÈNCIA. La cercanía de las elecciones autonómicas de mayo de 2023 empieza a percibirse ya en todas partes: en las iniciativas que registran los grupos parlamentarios a la Ley de Acompañamiento del próximo año -véase la enmienda para bonificar el 99% del Impuesto de Sucesiones para la empresa familiar que ha presentado el PSPV sin sus socios-, la rebaja fiscal acordada por el tripartito y aprobada por unanimidad en Les Corts, y ahora también el tono que están adoptando Compromís y Unides Podem en las sesiones de control al president de la Generalitat, Ximo Puig.
La tensión ha subido en el seno del Botànic: arrancó por una rebaja fiscal anunciada sin pactar, pero ha crecido con el debate de Sucesiones. Tanto que incluso la coalición valencianista advirtió en la última fiscalización al jefe del Consell que era un "gran error" aprobar una reforma así y su síndica sostuvo que rompía "acuerdos del Botànic". A este encontronazo se sumó apenas días después el choque por el despliegue de las renovables en la Comunitat Valenciana a pesar de que los tres partidos firmaron un acuerdo en mayo que especificaba qué cambios legales había que acometer antes de que finalizase 2022. Un pacto del que el PSPV se descolgó el pasado jueves con la excusa de que la "hoja de ruta marcada por la Unión Europea" no es la misma que la que la coalición valencianista y los morados plasmaron en las enmiendas.
Y, lo cierto, es que estos episodios en los que el tripartito exhibe sus diferencias y donde cada formación marca su perfil propio con un ojo puesto en las elecciones y en la captación de votantes, parece que será la tónica en las próximas semanas, tal y como se desprende de las preguntas que han registrado Compromís y Unides Podem a Puig para la próxima sesión de control de este jueves.
La síndica del partido morado en Les Corts, Pilar Lima, preguntará al jefe del Consell por la polémica suscitada en torno a la ley del 'solo sí es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. En concreto, tras hacer un repaso por los indicadores de violencia machista durante el ejercicio actual, la portavoz se dirigirá a Puig para saber "cómo considera que debe actuar el Gobierno valenciano ante la campaña de desprestigio que se está produciendo contra la ley de garantía integral de libertad sexual".
El tema en cuestión ya despertó la semana pasada una buena revuelta no solo a nivel nacional, sino también dentro del propio Consell. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, de la cuota socialista en el Ejecutivo autonómico, propuso reformar la citada norma teniendo en cuenta "las observaciones preceptivas" de los órganos constitucionales en sintonía con lo que propone parte del PSOE en el Gobierno central.
Sus declaraciones, sin embargo, provocaron la reacción del vicepresidente segundo, Héctor Illueca, líder institucional de Unides Podem y candidato de la formación morada para las elecciones autonómicas de 2023. El también conseller de Vivienda consideró que los "responsables públicos deberían evitar mensajes que generan inseguridad jurídica a las mujeres". De esta manera, quedaban expuestas las desavenencias entre los dos socios del Consell, y Lima obligará este jueves a Puig a tomar partido en una cuestión que ha resultado especialmente espinosa en los últimos días.
Sin embargo, no será la única que trate de incomodar al jefe del Consell con su intervención. La síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, preguntará al número uno del Ejecutivo si cree que se deben cumplir los "acuerdos firmados como el que establece la creación de la Agencia Valenciana de la Energía". Una pregunta vinculada a las enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales de 2023 firmadas por los valencianistas y Unides Podem la semana pasada a las que no se sumó el PSPV.
La portavoz socialista en el Parlamento, Ana Barceló, justificó este lunes que su grupo no secundara el paquete de enmiendas sobre renovables porque las directrices europeas marcan una hoja de ruta distinta a la del Botànic y, al ser preguntada sobre si estaban incumpliendo el pacto firmado en mayo, alegó que el texto firmado por el tripartito instaba a que fuera el Consell el que realizara cualquier modificación de la Ley de Acompañamiento. Y, dado que el Gobierno valenciano había decidido no incluir ninguna reforma en este sentido en la normativa, su grupo parlamentario no iba a proponerlo en su lugar.
