CASTELLÓ. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló arropa la propuesta de la PAH, colectivos de inquilinos y sindicatos para la nueva Ley Estatal de Garantía del Derecho a la Vivienda y defiende también la regulación del precio del alquiler en barrios tensionados, penalizaciones en pisos vacíos de grandes propietarios y la prohibición de desahucios en personas vulnerables sin alternativa habitacional.
"Las Administraciones Públicas tenemos la obligación de trabajar por garantizar el acceso a la vivienda. La nueva Ley Estatal de Vivienda, que ahora se tramita, debe poner los mecanismos que frenen la especulación en el mercado del alquiler, eviten los abusos de los fondos buitre y aumenten la cifra de viviendas asequibles que refuercen este derecho. También se deben potenciar las herramientas de los Ayuntamientos para hacer frente a las necesidades de vivienda", afirma la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.
La regidora destaca la propuesta realizada por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca sindicatos de inquilinos y los sindicatos de CC00, UGT y CGT, que va en la línea "de las políticas que intentamos diseñar desde el Ayuntamiento".
Esta iniciativa plantea en materia de alquiler regular el precio máximo de alquiler en zonas tensionadas, que serían aquellas ubicaciones donde la renta media supere el 30% de los ingresos medios o aquellas que acumulen un crecimiento de precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC en cinco años. Esta media, subraya Garrido, pretende evitar la expulsión de sus barrios de las clases populares y contener las prácticas abusivas de los fondos buitre.
La propuesta persigue la movilización de viviendas vacías y para ello propone una medida que ya tiene aprobada el Ayuntamiento de Castelló como la aplicación de recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles en viviendas vacías de los grandes tenedores. La medida municipal recoge un aumento del 50 % del IBI en viviendas que lleven más de un año vacías de grandes tenedores.
Garrido subraya que la Generalitat Valenciana también acaba de aprobar un plan para sancionar a los propietarios de 10 o más viviendas que permanezcan deshabitadas de forma injustificada más de un año.
Por último, la Concejalía avala el planteamiento de las organizaciones sociales de impedir los desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional, una actuación que está recogida en las medidas excepcionales en vigor hasta el 31 de octubre por parte del Gobierno por la Covid19 y que defiende que se consolide.
