Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Mantener las tarifas de la ITV por encima de la media o bajar el precio de la revisión periódica a costa de obtener menos ingresos. Esta es una de las primeras decisiones que la Conselleria de Economía Sostenible tendrá que tomar ante la próxima reversión del servicio de inspección técnica de vehículos, que a partir de 2023 será prestado directamente por la Generalitat después de 25 años en manos de empresas privadas.
Para ello, el departamento que dirige Rafael Climent se apoya en un informe externo que concluye que la gestión directa es la fórmula más ventajosa para las arcas públicas en comparación con la prórroga de las concesiones actuales, por lo que le recomienda que asuma directamente el servicio a través de una empresa pública mercantil de nueva creación. En ella se integrarán los 1.200 empleados que actualmente trabajan en las siete empresas concesionarias del servicio.
Según este trabajo, elaborado por Nuve Consulting, la operación será altamente rentable para la Generalitat desde el primer ejercicio porque los ingresos superan holgadamente a los costes de asumir el personal y las estaciones y la futura empresa pública tendría capacidad de sobra para acometer las inversiones necesarias recursos propios. El resultado de explotación previsto ronda los 40 millones de euros al año frente a los apenas 7 millones que la Generalitat obtendría en concepto de cánones si se prorrogasen las concesiones actuales.
La consultora propone bajar 3 euros la revisión de los gasolina y 4,4 euros la de los diesel
La previsión de ingresos anual por la prestación directa del servicio alcanza los 70 millones de euros si se mantienen los precios para las revisiones periódicas de vehículos y de las segundas revisiones. Sin embargo, el mismo informe propone a la Generalitat una bajada de las tarifas para igualarlas a la media del resto de comunidades con un modelo de gestión directa.
En concreto, el estudio propone aplicar nuevas tarifas a partir de 2023 que supondrían reducir en casi 3 euros el coste de la revisión periódica para los turismo diésel, que pasaría de los 36,47 euros actuales a 33,52 euros, el precio medio de la prueba en las CCAA con un modelo de gestión público. En cuanto a los turismos de gasolina catalizados, la diferencia sería de casi 4,5 euros, ya que el nuevo precio sería 28,62 euros frente a los 33,1 de ahora.
Además de este recorte tarifario, que beneficiaría a la mayoría de usuarios por ser los dos tipos de inspección más habituales, Nuve Consulting insta a la Conselleria de Economía a reducir el coste de las segundas y sucesivas inspecciones, que pasaría del 75% actual al 30% de su tarifa ordinaria.
El cambio propuesto por la consultora implicaría una reducción anual de ingresos de 6,5 millones en comparación con los que obtendría si deja las tarifas como están. Calculando la tarifa media anterior con la nueva propuesta –ponderada por tipo de vehículo y número de inspecciones– la bajada en los ingresos totales para la administración sería del 9%.
En el caso de las inspecciones no periódicas, la consultora recomienda no modificar las tarifas de las primeras inspecciones pero sí reducir las de las segundas y sucesivas inspecciones del 75% actual al 30% de su tarifa ordinaria. Calculando la tarifa media ponderada por tipo de vehículo y número de inspecciones, la merma de ingresos para la Generalitat con este cambio sería del 5%.
Hasta la bajada del 17% en las tarifas que el Consell de Alberto Fabra llevó a cabo en 2014, que fue recurrida por las empresas concesionarias en los tribunales, los conductores de la Comunitat Valenciana han estado pagando el precio de la ITV más cara de España, un cuadro tarifario que ha hecho de este un negocio muy beneficioso para las firmas concesionarias, tal y como describe en su informe la consultora que ha analizado el servicio.
El origen de esas tarifas infladas fue la introducción en 2004 de una prueba de ruido por parte del entonces conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, que supuso un aumento de las tarifas considerable de ocho euros al inicio y que fue incrementándose cada año hasta alcanzar 9,3 euros en 2012. La revisión periódica de un turismo en la Comunitat costaba en aquellos años más de 63 euros para un turismo.
Aunque para la Conselleria de Economía Sostenible la decisión sobre las tarifas aún está lejana, el Consell del Botànic ya ha llevado a cabo una primera revisión del cuadro tarifario para aproximarlo al que se aplica en el resto de autonomías. Lo hizo en 2019 cuando acordó nuevos precios que, en conjunto, suponían una rebaja media ponderada del 6% comparadas con las que estaban vigentes desde 2014 y del 22% respecto a las que se aplicaban hasta ese año.
Las tarifas aprobadas entonces implicaron un ligero aumento en el precio para los vehículos de gasolina y un ahorro para los diésel en comparación con la modificación vigente desde 2014. En porcentaje, la revisión sube un 6,6% para los de gasolina y baja un 8,8% para los diésel.
Ese cambio venía condicionado por la necesidad de modificar los tramos de la revisión sobre ruido y emisiones tras una sentencia judicial que dio la razón a una de las empresas concesionarias (Applus Iteuve) que recurrió una bajada de dichos tramos aprobada por el anterior Consell en marzo de 2014.
