La consellera de Justicia y Función Pública, Gabriela Bravo. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Los contagios por covid-19 en la Comunitat Valenciana siguen aumentando en las últimas semanas exponencialmente y no invitan al optimismo. El pasado sábado, Sanidad registró 1.690 positivos y con ello se batió el récord absoluto desde el inicio de la pandemia; además, los ingresos hospitalarios ascendieron a 808 y los pacientes en las UCI a 125.
Unas cifras que, a pesar de situar a la autonomía entre los territorios con menor incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, no invitan al optimismo y han obligado al president de la Generalitat a adoptar medidas por su cuenta este fin de semana para tratar de frenar la propagación del virus: desde el toque de queda a partir de la una de la madrugada, hasta la solicitud del estado de alarma.
Un escenario ante el que este lunes CSIF reclamó a la Conselleria de Función Públic que dirige Gabriela Bravo que autorice de nuevo el sistema de teletrabajo entre los funcionarios de la Administración valenciana. La Central Sindical Independiente de Funcionarios denunció que las últimas medidas de restricciones en los contactos sociales y en lugares cerrados contrastan con "servicios públicos en los que se aglomeran trabajadores".
La petición, sin embargo, no tendrá respuesta favorable por parte del departamento responsable de los funcionarios valencianos. Fuentes oficiales de la Conselleria explican a Valencia Plaza que adoptan las "actuaciones recomendadas por Sanidad" y, dado que actualmente no existe ninguna recomendación sobre esta cuestión, no está sobre la mesa aplicar el teletrabajo. "Los índices de contagios no son los de la primera oleada y, de momento, no hay intención de aplicarlo porque no existe ninguna recomendación de las autoridades sanitarias sobre esto", señalan desde el área que dirige Bravo, y, añaden, que tan "solo se han recibido dos propuestas de teletrabajo".
La Central Sindical, no obstante, criticó que el Consell mantenga a la Comunitat Valenciana "a la cola de España" en el cambio de normativa para propiciar el teletrabajo entre sus empleados públicos. En un comunicado, CSIF lamentó que "para el personal de Administración General del Estado, el de autonomías como Cataluña o el propio Ayuntamiento de Valencia" se hayan suscrito acuerdos respecto al trabajo no presencial y, sin embargo, en la Generalitat las negociaciones sigan "estancadas" en la fase de alegaciones al borrador del nuevo decreto de teletrabajo que la Conselleria de Justicia y Función Pública pretende aprobar antes de acabar el año.
La Conselleria de Bravo ha estado trabajando desde que finalizó el verano en una nueva regulación del teletrabajo para actualizar el decreto que aprobó el primer Gobierno del Botànic en 2016, dado que la crisis sanitaria provocada por la covid-19 demostró que era imperioso realizar modificaciones sobre este texto legal.
La fase de participación con las consellerias del Gobierno valenciano finalizó hace aproximadamente tres semanas, cuando el departamento de Bravo accedió a incorporar gran parte de las propuestas de otras áreas del Ejecutivo gobernadas tanto por Compromís como por el PSPV y Unides Podem. Alegaciones referidas tanto a la agilidad para poner en marcha un programa de teletrabajo como las competencias que tendrían las subsecretarías en la aplicación de estos programas.
La negociación con los sindicatos, no obstante, sigue abierta por falta de acuerdo: Las organizaciones remitieron sus enmiendas la primera semana de octubre y apenas una semana después, el día 14, la Conselleria celebró una mesa técnica con los sindicatos para presentar el último borrador de teletrabajo. Este obtuvo un voto desfavorable por parte de CSIF e Intersindical.
A la espera de la nueva normativa, la Central Sindical anunció este lunes que presentaría un escrito con carácter urgente a Función Pública para solicitar "la aplicación inmediata del trabajo a distancia con carácter voluntario en la Administración, para contribuir a la reducción de las aglomeraciones en los centros de trabajo, sus accesos y medios de transporte públicos".
