VALÈNCIA (EFE/Jordi Ferrer). La investigación del caso Alquería avanza lenta, en opinión de los acusados, que aguardan su "turno" para poner sobre la mesa algunas cuestiones que consideran esenciales para entender la "película completa" de un asunto que, según denuncian, se ha sobredimensionado desde las detenciones del 27 de junio de 2018.
Sin embargo, la sensación de las acusaciones en este caso que afecta a la Diputación de Valencia y donde se detuvo a su entonces presidente, Jorge Rodríguez, entre otros, es justo la contraria: la instrucción se encuentra bastante avanzada, únicamente a la espera de que la UDEF aporte información sobre el contenido de los mensajes hallados en los teléfonos de los acusados y quizá alguna testifical más.
Del contenido de los mensajes que pudiesen haber intercambiado los nueve supuestos "enchufados" de la empresa pública Divalterra (la antigua Imelsa) con quienes fueron sus superiores, además de la capacidad que tengan para acreditar que efectivamente trabajaron como altos cargos, dependerá su futuro procesal, es decir, si siguen investigados.
Por el contrario, las defensas señalan tajantemente que "ni de broma" se puede dar por finiquitada la instrucción en un asunto en el que ni siquiera se han "arremangado".
"Hay que examinar todos los informes, tendrán que declarar quienes los firmaron y se deberán pedir otros que aclaren las aparentes contradicciones entre ellos", señala a EFE uno de los letrados de las defensas.
"Con lo instruido hasta ahora quizá se ha acabado la primera 'oleada' de decisiones del juzgado, ahora llega el turno de las defensas", insiste.
En este sentido, entre los encausados se repiten varias ideas-fuerza sobre las que, previsiblemente, sustentarán su defensa y que se resumen en una tesis: "La película de Alquería se ha contado a trozos y de forma tendenciosa".
El caso, a juicio de estos investigados, tiene una componente meramente administrativa e insisten en que "nadie se ha llevado un euro ni nadie quiso hacer las contrataciones de forma fraudulenta conscientemente".
"La mayoría de los detenidos no tuvo responsabilidad directa en las contrataciones, que fueron firmadas por Agustina Brines y José Ramón Tiller, con el apoyo jurídico de José Luis Vera (entonces responsable jurídico de Divalterra, no investigado en la causa)", añaden.
Asimismo, aseguran que en el momento de realizar las contrataciones, los servicios jurídicos de Divalterra no apuntaron ninguna irregularidad, ni tampoco el informe externo encargado a Carlos Alfonso Mellado, catedrático de Derecho Laboral y presidente del Comité Económico y Social (CES).
"Los contratos -de los supuestos enchufados- se hicieron en 2015 y estuvieron vigentes hasta marzo de 2018, tres meses antes de las detenciones, cuando se decidió que ya no era necesaria su participación a la vista de que la empresa ya estaba estabilizada".
Quienes denunciaron inicialmente el caso ante la Fiscalía Anticorrupción son dos altos cargos de Divalterra que siguen trabajando en la empresa, "uno de ellos ocupó el cargo de secretario del consejo de esta empresa pública, pero ninguno dijo nada sobre los contratos hasta 2018, cuando vieron peligrar sus puestos de trabajo", señalan las mismas fuentes.
Ambos entraron en la empresa "en la época en que estaba controlada por Marcos Benavent (autodenominado 'Yonki del dinero') y cobraron entre 6.000 y 8.100 euros en sobresueldos, según el informe sobre la empresa realizado por la Intervención General del Estado con motivo del caso Imelsa", argumentan los investigados consultados por EFE.
En última instancia, los investigados consultados sitúan el verdadero origen del conflicto en noviembre de 2016, cuando Jorge Rodríguez impulsó la destitución de José Luis Vera por haber suscrito un contrato con un despacho de abogados cercano al ex número tres de la Diputación, el socialista José Manuel Orengo que, según aseguran, podría haber servido para zanjar algunas deudas del PSPV con abogados penalistas por sus personaciones en recientes casos de corrupción.
El bloqueo del entonces máximo responsable de la Diputación a este contrato desató, según la creencia de estos investigados, una guerra intestina en el seno del grupo socialista provincial que supuso "la verdadera condena" de Rodríguez y sus colaboradores dentro del partido.
