VALÈNCIA. 29 octubre de 2020. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana durante siete días tras el ascenso de diversos indicadores -número de contagios, ingresos y fallecimientos- con el objetivo de frenar la expansión del virus en el puente del 1 de noviembre (festivo trasladado al lunes). La incidencia en aquel momento en la autonomía a 14 días era de 218 casos por cada 100.000 habitantes.
Poco se imaginaban los valencianos, y posiblemente el propio jefe del Consell, que la medida iba a estar vigente durante cinco meses consecutivos. De hecho, todavía perdura y estará activa al menos hasta el próximo 12 de abril, si bien podría revisarse en la Comisión Interdepartamental -que reúne a los principales referentes del Gobierno valenciano- el próximo jueves.
Tras aquel primer cierre implantado por Puig, se fue produciendo una renovación semanal de la medida. El Consell seguía con especial atención el incremento de casos en otras autonomías limítrofes que doblaban e incluso triplicaban la incidencia valenciana así como también fijaba la vista en la Comunidad de Madrid, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se mostraba -aún lo hace- especialmente reticente a la clausura de su región. Así, el Consell prefirió mantener la restricción hasta que, el 20 de noviembre, dio un paso más allá en previsión a la movilidad del puente de diciembre. De esta manera, Puig decretó el cierre hasta el 9 de ese mes y, posteriormente, anunció el bloqueo de las fronteras para toda la Navidad -hasta el 15 de enero- incluso endureciendo las excepciones para evitar las visitas para las tradicionales reuniones familiares.
Llegados a esas fechas, la Comunitat Valenciana había entrado ya en la tercera ola -el cierre perimetral no fue acompañado de medidas duras para el comercio, la hostelería, las reuniones entre no convivientes, etc- por lo que el cierre perimetral, que incluso llegó a ampliarse a las grandes ciudades los fines de semana, ha permanecido instalado hasta este mismo día sin ni siquiera una ventana entre semana para alguna visita puntual o gestión concreta salvo las excepciones previstas.
Una restricción que sufren muchos residentes en la Comunitat Valenciana que proceden de otras regiones y tienen familiares, pareja o amigos fuera de las fronteras autonómicas y que padecen, al igual que los valencianos en otras CCAA, con una mezcla de enfado y resignación. Otras personas gozan de certificados o salvoconductos que les permiten la movilidad, cuando no 'fabrican' ad hoc estos documentos para poder saltarse el cierre. Una rebeldía silenciosa y silenciada que, pese a los meses que la restricción lleva vigente, causa poco revuelo porque no existen colectivos organizados que protesten -cada caso es un mundo- o porque un porcentaje importante de personas ha encontrado la manera de eludirla. Como en tantas otras situaciones en esta pandemia, los grandes perjudicados son los que callan y cumplen.
Un ejemplo de ello es Clara, de 20 años, quien explica a este diario que el cierre perimetral no le ha permitido ni a ella ni a sus padres poder ir a visitar al resto de la familia residente en un pueblo de Albacete. Cinco meses sin verlos a los que, además, se les suma el desconocimiento sobre el estado actual de su segunda residencia ubicada en la provincia castellanomanchega.
A su vez, la joven remarca la necesidad de poder volver a realizar ese "ejercicio de desconexión y relajación" que le suponía acudir a su otra casa en periodo vacacional. "Esperamos que después del 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, podamos retomar los viajes entre comunidades siempre cumpliendo con las medidas de seguridad a fin de volver un poco a la normalidad que tanto añoramos", subraya.
Al igual que le sucede a Clara, Óscar, de 33 años, también lleva desde octubre sin poder ir a ver a su familia y amigos a otro municipio de Albacete, puesto que él se encuentra empadronado en Valencia. Además, su hermana vive en Madrid, por lo que comenta que resulta "incluso más complicado volver a coincidir todos juntos".
Ver a la familia también ha resultado difícil para Miguel, un valenciano de 35 años que reside y trabaja en un pueblo de especial atractivo turístico de Teruel. "Sólo he podido encontrarme con ellos brevemente en dos ocasiones desde octubre: una vez en el aeropuerto, donde nos vimos aprovechando que tenía que coger un avión por un trabajo para mi empresa y otra cuando tuve un permiso para una firma notarial en València", explica, para añadir no obstante, que comprende la situación pese a que resulte "dolorosa". "Las leyes están para cumplirlas: lo que no se entiende es que, ahora mismo, veo en la terraza del restaurante en el que estoy varias mesas con gente de València, cuando mis padres llevan sin venir desde hace casi medio año", relata en conversación telefónica con este diario.
Por otro lado, Marta, de 31 años, también es una de las afectadas por la restricción. Esta joven catalana vive en València por motivos de trabajo y, aunque sigue empadronada en su pueblo de Barcelona al no haber realizado todavía los trámites para estarlo en el Cap i Casal, explica que no quiere arriesgarse a viajar para ver a su familia por temor a una denuncia a su regreso a València. Debido a esto, comenta que lleva desde el mes de julio sin ver a su familia -a excepción de su madre que reside en Castellón-, de forma que no ha podido conocer aún a su sobrino recién nacido ni estar con su padre que estuvo hospitalizado en diciembre a causa de una operación.
También sufre especialmente esta situación, María Luisa, de 66 años, que reside sola en Vinaròs y tiene a sus hermanas repartidas en Barcelona y Madrid. A una lleva sin verla desde que se inició el cierre perimetral en octubre, mientras que con la otra, confiesa, sí consiguió reunirse en Navidad, dado que una de sus hermanas decidió visitarla arriesgándose a una sanción que finalmente no se produjo.
No obstante, son muchos los valencianos que consiguen saltarse esta restricción por medio de salvoconductos que, realmente, no se ajustan a los motivos reales de sus desplazamientos. Valencia Plaza ha contactado con algunos de ellos, si bien prefieren no revelar sus nombres reales para evitar la posible condena social de sus convecinos.
Uno de ellos, por ejemplo, es Juan (nombre ficticio), de 23 años y residente en Castellón, que consiguió acudir a su segunda residencia en un municipio de Cuenca a través de un justificante que le realizó su tío que vive allí y que él mismo se imprimió en su casa. Un salvoconducto por el que se afirmaba que el chico estaba de prácticas en la empresa de su pariente y por el que pudo desplazarse sin problemas entre las dos comunidades autónomas, a pesar de que incluso a la vuelta le paró la policía para revisar su documentación.
Otro que ha encontrado un método para evitar esta restricción es Jorge (nombre ficticio), de 33 años, que reside en un municipio de Teruel en la frontera con la provincia de Castellón. Tiene a su pareja en València y va y viene a verla en cuanto tiene ocasión gracias a un certificado laboral sellado en la propia empresa donde está contratado en su lugar de origen. "Es cierto que no voy a València a trabajar, voy a ver a mi pareja. Es solo una hora de coche y bajo para estar juntos, pero no nos relacionamos apenas con otras personas", se excusa.
Son solo algunas de las triquiñuelas amparadas dentro de las excepciones. Algunos se fijan trámites administrativos ineludibles, gestiones con entidades financieras o citas médicas en centros privados o públicos -a menudo a través de contactos sanitarios- de la Comunitat Valenciana o viceversa para saltarse la norma cuando el viaje obedece en realidad a motivos personales. Otros, que viven ahora fuera de la autonomía, se sirven de estar empadronados todavía en València para poder venir y esgrimen un certificado laboral para regresar. El gran problema es para los que no tienen ningún asidero legal más allá de los motivos emocionales y no quieren pasar el trago de enfrentarse a las preguntas de las autoridades con un papel falso en la mano.
El problema deberá volver a abordarse en la próxima reunión del Consejo Interdepartamental de medidas contra la covid. La incidencia de la Comunitat Valenciana a 14 días se encuentra en 28 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja con diferencia de toda España. Ahora bien, se mira con desconfianza cómo en otras autonomías con la que suele existir conexión como Madrid o Cataluña, este indicador se sitúa en 279 y 206 respectivamente.
Algunas voces en el Consell opinan que, si las cifras se mantienen contenidas, se podría levantar el cierre perimetral autonómico y reimplantarlo antes del fin de semana del 1 de mayo, dado que hay puente en la Comunidad de Madrid. Otros reflexionan sobre la posibilidad de establecer una "ventana" entre semana -de martes a jueves, por ejemplo- y que la autonomía siga cerrada entre jueves y lunes para evitar desplazamientos masivos de fin de semana.
La otra tesis pasaría por mantener la restricción hasta el fin del estado de alarma -9 de mayo- aunque se sobrepase el medio año seguido con la Comunitat Valenciana cerrada. Es decir, pedirle un sacrificio de un mes más a aquellos que no pueden ir a ver -ni recibir- familiares o amigos que tienen, por ejemplo, en Albacete, Cuenca, Teruel o Tarragona; a veces a unos pocos kilómetros o minutos, mientras siguen viendo pasear a turistas extranjeros que no han dejado de llegar por avión desde toda Europa en este tiempo.