CASTELLÓ. La propuesta de Ciudadanos para que la corporación del Ayuntamiento de Castelló se adhiera al Código de Buen Gobierno (CDBG) de la Generalitat Valenciana 'torpedea' la anexión al escrito de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). De hecho, obliga a los integrantes del Acord de Fadrell (PSPV-PSOE, Compromís y Podem-EU) a reflexionar sobre sus intenciones con vistas a la aprobación de un nuevo régimen interno disciplinario, que se prevé someter a votación en el pleno del 19 de diciembre.
La maniobra de Cs supone un golpe de efecto y garantiza mayor anuencia. Primero, porque tanto la formación naranja como el PP han expresado públicamente su rechazo a la adhesión al documento de la FEMP. Segundo, porque el CDBG del Consell fue impulsado por el Botànic, entonces formado por socialistas y nacionalistas, con el apoyo de su socio, Podem. Además, poco después de su aprobación por decreto (56/2016, de 6 de mayo), el Ayuntamiento de València lo incorporó el 10 de julio. El Govern de la Nau, formado por Compromís, València en Comú y PSPV, entendió que el código se ajustaba más a la coyuntura actual.
En definitiva, el escrito contó con la aquiescencia de precisamente las tres formaciones políticas que en estos momentos gobiernan en alianza en la capital de la Plana. En este sentido, el portavoz de la coalición valencianista, Ignasi Garcia, recuerda que "el conseller de Transparencia, Manel Alcaraz, desarrolló un código más completo que el de la FEMP". Por ello, advierte que "desde Compromís lo vemos con buenos ojos". "Nos gusta más porque puede generar más consenso. El Acord de Fadrell no es inamovible si hay una opción mejor", subraya.
La propuesta de Cs, registrada este lunes y dirigida a la presidenta del pleno (la alcaldesa, Amparo Marco), se debatirá este miércoles en la comisión permanente de Gobierno Interior como alternativa a la derogación del código ético del tripartito para adherirse al escrito de la FEMP.
El CDBG del Consell, al margen de sus padrinos, plantea como gran diferencia respecto al citado documento de la Federación de Municipios y Provincias que sí aborda casos de corrupción política y procesos judiciales. Para ello, se apoya en dos leyes estatales, una del 9 de diciembre de 2013 y otra del 2 de abril de 2015. En ambas, se recogen una serie de infracciones disciplinarias a políticos (en este caso, concejales).
Así, se tipifica como delito, entre otros, "la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos".
Del mismo modo, se contemplan sanciones por faltas "muy graves". Por ejemplo, la destitución sin poder "ocupar un puesto de alto cargo o similar durante un periodo de entre cinco y diez años...".