Imagen de las instalaciones de À Punt. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Consell quiere despedir al menor número de gente posible en À Punt. Ésta sería la premisa de su actuación de cara a la organización de la cadena una vez su plantilla sea definitiva con la convocatoria de oposiciones. Pero para ello, la posible maniobra del Gobierno valenciano es compleja y comporta sortear la ley actualmente vigente, que tantos problemas está ocasionando a los partidos del Botànic -los mismos que la elaboraron-. Eso si no logran cambiarla antes.
El escollo principal se encuentra en que la norma que regula el servicio de radiotelevisión pública contiene una cláusula que impide a la cadena destinar más de un tercio de su presupuesto a gastos de personal. Algo que se incumple en este momento y que se seguirá incumpliendo durante los próximos tres años si se aprueba el contrato programa de 2021-23, tal como informó este miércoles este medio.
Para dar una solución momentánea a la situación, PSPV, Compromís y Unides Podem ya aprobaron la pasada legislatura una moratoria para dejar sin efecto la mencionada cláusula. Algo que tratan de repetir estos días a través de una enmienda a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos del próximo año, que se vota definitivamente la semana que viene en el pleno de Les Corts. En el texto pretenden que la moratoria se aplique durante la vigencia del nuevo contrato programa (hasta 2023). Un parche inicialmente temporal que se alargaría en el tiempo.
El tripartito lo fía todo a esta enmienda, que está generando conflicto a nivel interno. Su votación definitiva tiene lugar el miércoles 23 de diciembre porque Unides Podem decidió desmarcarse del PSPV y de Compromís en la comisión del Parlamento autonómico de comienzos de mes y no la apoyó, lo que provocó que quedara en el aire. El argumento es que quieren eliminar el límite de personal en la cadena y que la vía alternativa no es el remedio. Para ello, aseguran que se encuentran trabajando en una enmienda transaccional.
En el mejor escenario de que esa moratoria saliera adelante, el Consell saltaría a la siguiente pantalla: la aprobación del contrato programa de los próximos tres años ya con cobertura legal. Fuentes tanto del PSPV como de Compromís son partidarias de dar luz verde al documento tal y como está planteado en lo que al personal se refiere (la previsión que incluye es de 24,3 millones para este capítulo).
Una vez eso ocurra, llegaría el turno de la convocatoria de oposiciones, cuyos trámites ya puede iniciar la radiotelevisión valenciana tras obtener el visto bueno a la Oferta Pública de Empleo (OPE) planteada por la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC). El ente sacará a concurso, como informó este periódico, un total de 376 puestos de trabajo, pero la idea que se maneja desde el Gobierno valenciano parece que es mantener los 469 puestos que hay actualmente -ahora de carácter temporal-.
La plaza que se obtenga por parte de quien supere la oposición supone, para quien ya la ocupa, consolidarla; y para quien no, que desplace a la persona que ahora esté en ese puesto. De manera que la pregunta que surge es: ¿Qué ocurre con quien queda desplazado o con quien actualmente trabaja pero no pasa a consolidar su plaza?. La lógica llevaría al despido por causas objetivas, pero fuentes del Consell apuntan a que una posibilidad que se baraja es habilitar una bolsa de interinos. Así, se cubriría con ellos los 93 puestos -estos temporales- que quedarían por ocupar una vez cubiertos los 376 de las oposiciones y teniendo en cuenta que la intención es mantener esa plantilla actual de 469.
El Consell lograría, de esta manera, reducir los despidos amparado por la moratoria a la aplicación de la ley. Algo que ahora mismo es una idea y que, en todo caso, tardaría tiempo en sustanciarse y que igualmente se trataría de un parche hasta 2023.
Mientras tanto, este miércoles el PSPV, Compromís y Unides Podem aprobaban en Les Corts una enmienda para aumentar en dos millones de euros la financiación de À Punt. Compromís quería que fueran cinco más y ya prepara fondos desde varias de sus consellerias a través de la firma de convenios.
El PP había expresado sus dudas respecto a este texto porque incluye transferencias entre secciones del Presupuesto, lo cual, según expuso el diputado Rubén Ibáñez, impide el reglamento. Lo mismo advirtió de otras dos propuestas de Ciudadanos: una para destinar diez millones de euros al turismo valenciano (dos de los cuales irían al Bono Viatgem lanzado en los últimos meses) y otra sobre indumentaria tradicional.
La Mesa de la comisión acordó seguir con la tramitación pese a que uno de los letrados de la Cámara reconoció algunos errores en la formulación de ambas (no en la de À Punt). Los populares se negaron a votarlas antes del pleno, al igual que Vox, a la espera de lo que diga el informe jurídico que han encargado.
Aun así, siguió adelante la votación y la de turismo fue aprobada -no la de indumentaria-, aunque la Conselleria de Hacienda deberá determinar la validez de las enmiendas a una semana de la aprobación final de las cuentas.
El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.
