El Gobierno no se cree los ajustes del Consell e insiste en el "elevado riesgo" de exceder el déficit

VALÈNCIA. Los 364 millones de euros que el Consell tuvo que recortar en 2019 por exigencia del Gobierno central se quedarán cortos. Así lo cree el Ministerio de Hacienda, que en su última actualización de seguimiento sobre el Plan de Económico Financiero (PEF) de la Generalitat, donde como ya hizo en informes anteriores insiste en el "elevado riesgo" de que la Comunitat vuelva a incumplir el objetivo de déficit de ese ejercicio, fijado en el -0,1% del PIB.

Este informe, en el que el departamento que dirige la socialista María Jesús Montero valora los ajustes que obligó a realizar al Consell para evitar terminar el año con una desviación histórica, justifica su incredulidad sobre esa "retención cautelar de créditos" en la baja ejecución que habitualmente se alcanza en las partidas presupuestarias elegidas para realizarlos.

Tal y como reflejan las conclusiones de este informe, esas retenciones se concentran en las operaciones de capital (inversiones directas o a través de sus entes públicos): 118,55 millones de euros en inversiones reales (capítulo VI) y 133,41 millones en transferencias de capital (capítulo VII). Habitualmente, las dotaciones de esos capítulos "exceden ampliamente los gastos habitualmente ejecutados", por lo que el Ministerio de Hacienda sostiene que el ahorro estimado con esas retenciones de crédito "puede ser limitado". 

Ese riesgo, además, se ve incrementado por el carácter marcadamente expansivo de los presupuestos del Consell de 2019, en el que los socios del Botànic incluyeron varias partidas de ingresos no garantizados para lograr cuadrar unas cuentas que, sobre el papel, preveían un aumento del gasto no financiero del 9,9% y unas inversiones que crecían un 44% hasta superar los 1.600 millones.

El propio conseller de Hacienda, Vicent Soler, se jactaba en la presentación de esas cuentas de prever la mayor inversión presupuestada desde 2011, "en plena crisis económica y con la Generalitat en una situación financiera muy precaria tras la gestión del anterior Ejecutivo".

Las advertencias del Ministerio de Hacienda se sustentan en varios aspectos. Para comenzar, la previsión de cierre del ejercicio que el Consell comunicó al Ministerio de Hacienda situaba en el déficit en el 1,1%, un punto por encima del techo autorizado para las comunidades autónomas. A ello se suma, además, otros "riesgos" detectados en los presupuestos, en forma de ingresos sobreestimados y reducciones de gasto excesivamente optimistas.

En concreto, el departamento de María Jesús Montero incide en que los gastos presupuestados se sustentan en previsiones de ingresos del sistema de financiación de 1.575 millones de euros que la Generalitat no tiene garantizados. Se trata de la ya famosa partida "reivindicativa" de 1.325 millones de euros que Soler ha ido incluyendo en los sucesivos presupuestos más otros 250 millones de euros que se incluyó en previsión de poder ingresar en 2019 la mensualidad del IVA de 2017 que se les debe a las comunidades autónomas.

El requerimiento del Ministerio para ajustar el gasto, que llegó a la Conselleria de Hacienda en pleno verano, deriva de las fuertes desviaciones en las previsiones de ingresos y gastos detectados en el primer trimestre. Por ejemplo, los gastos no financieros aumentaban hasta marzo en nada menos que un 7,89%, "tasa muy superior a la prevista para el cierre del ejercicio del 1,67%".

A 30 de septiembre, los gastos de personal (capítulo I) crecían un 6,2%, 260 millones por encima de lo previsto por el efecto del aumento del salario de los funcionarios o la consolidación de puestos en educación. Hacienda también destaca el incremento de caso el 48% en el gasto registrado en el capítulo III, de 180,34 millones.