Carraso y Sales, en la sala de prensa oficial del Ayuntamiento de Castelló.CASTELLÓ. El Partido Popular en la provincia se ha metido de lleno en la precampaña de las generales. Desde hace varias semanas sus grupos municipales han 'tomado' los Ayuntamientos de Castelló y Vila-real, las dos entidades locales más importantes, para amplificar su discurso fiscalizador en clave 10N. Aprovechando el vacío legal que ofrece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), se han apropiado de las salas de prensa oficiales, las que utilizan asiduamente los equipos de gobierno, para transformarlas en sus nuevas plataformas propagandísticas.
La puesta en escena se ha convertido en práctica habitual de los populares. En el caso de los vila-realenses, la vienen ejecutando desde prácticamente el anuncio de la convocatoria de elecciones. De esta forma, en lugar de emplear el panel municipal como fondo, que lleva la leyenda 'Vila-real avança', utilizan otro muy similar, sin lema pero con el escudo y nombre de la ciudad en grande, de manera que sus denuncias sobre la gestión del PSPV adquiere mayor visibilidad ante la opinión pública.
La estrategia también se repite con los concejales de la derecha en la capital de la Plana. Sin embargo, hay ostensibles diferencias. Primero, de carácter temporal, ya que apenas llevan dos semanas insistiendo con el formato. Segundo, de ámbito representativo.
En efecto, la escenificación del PP presenta idénticas características que el montaje de cualquier edil del tripartito para anunciar un proyecto o algún acuerdo relacionado con la gestión municipal. Incluso, la proximidad entre la convocatoria de los populares, denunciando un incumplimiento del Acord de Fadrell, y la rueda de prensa del portavoz de gobierno, Rafa Simó, para dar cuenta de los asuntos tratados en Junta Local, levanta sospechas. El munícipe socialista interviene los jueves y las populares llevan convocando a los medios cada lunes desde el 30 de septiembre.
El PSPV, como fuerza mayoritaria de la coalición progresista en el Ayuntamiento de Castelló, valoró hace justo una semana la posibilidad de denunciar al principal partido de la oposición ante la Junta Electoral Zonal por hacer uso de recursos municipales en busca de reedito político. No obstante, el artículo 50 de la LOREG, referido a las limitaciones en periodos plebiscitarios, apenas trata la cuestión y se centra más en las restricciones al equipo de gobierno a propósito del autobombo o las inauguraciones.
El punto 2 subraya que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".
El epígrafe 3 añade que, "asimismo, durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo".
En ningún momento se habla del papel fiscalizador de la oposición, valiéndose de los recursos municipales y con el único propósito de buscar un beneficio electoral. Y esa ausencia de contenido invita al PP a seguir con la táctica, como demostró este lunes con la rueda de prensa de su portavoz, Begoña Carrasco.
