Eliminación de la ZAS: las tascas deberán esperar dos años salvo que un juzgado lo dictamine antes

CASTELLÓ. Los empresarios de las tascas calculan que para conseguir la eliminación de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de las calles Barracas e Isaac Peral tendrán que esperar dos años si un juzgado no lo dictamina antes. Entre la aprobación del plan acústico, con la instalación del techo inteligente, y la adjudicación de las nuevas mediciones, que se prolongarán durante 12 meses, la posibilidad de revisar y suprimir las medidas restrictivas se producirá, en el mejor de los casos, a finales de 2021.

La anulación de la ZAS dependerá tanto del Ayuntamiento de Castelló como de la conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Ambas instituciones deberán constatar que efectivamente las evaluaciones en continuo habrán acreditado niveles de ruido por debajo de los 75 decibelios diurnos y los 65 nocturnos.

Esa verificación precisará de un acuerdo plenario, de la publicación de las mediciones de forma regular en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), así como de un informe favorable de la administración autonómica. La burocracia demorará los plazos previstos por los hosteleros, de manera que ese horizonte de 2021, en realidad, se podría extender a 2022.

Todo dependerá de la diligencia en el caso de considerar realizable la solución que plantean los hosteleros para reducir la contaminación acústica en las tascas. Una vez presentado el anteproyecto en el consistorio por registro este martes, ahora los servicios jurídicos tendrán que valorar y examinar su viabilidad.

En el supuesto de que entiendan que cumple la legalidad vigente, no solo desde el punto de vista urbanístico (afectará a varios negociados), entonces las partes implicadas se sentarán para decidir la financiación de la inversión. Los empresarios ya han adelantado que su postura en este tema pasará por solicitar al equipo de gobierno que asuma la totalidad del coste de la colocación de la cubierta con aperturas móviles, cifrado en 117.000 euros.

Si la negociación no se dilata y el acuerdo se produce según el cronograma de los tasqueros, la empresa responsable de instalar el techo inteligente, Soluciones Técnicas e Ingeniería de Sonido, culminaría la obra coincidiendo con la adjudicación de las nuevas mediciones, cuya licitación se publicitará en diciembre.

A partir de ahí habría que contar un año para completar las evaluaciones. De ser positivas, como así lo garantiza el director de la firma, Arturo Pinel, arrancaría el procedimiento administrativo del ayuntamiento y la conselleria. 

La Fiscalía

La otra posibilidad que barajan los empresarios para anular la ZAS es que lo resuelva un juez. De hecho, consideran que se trata del camino más corto y rápido al insistir en que desde 2015 las mediciones se han realizado de forma irregular, sin cumplir la legalidad.

Por eso, supeditarán cualquier acción a diciembre. Ese mes concluirá el plazo para que el equipo de gobierno responda a su solicitud de facilitar las evaluaciones, petición que registraron los hosteleros en septiembre. Independiente de la documentación que entregue el consistorio, parece probable que el tema acabe en la Fiscalía. Al menos, esa es la voluntad de parte de la asociación de las tascas, integrada por seis propietarios de otros tantos establecimientos.

Otra cosa bien distinta es que el informe demuestre que el ayuntamiento siempre actuó conforme a la ley. Entonces, la primera alternativa ganaría enteros, esto es, poner en marcha el plan acústico con las nuevas mediciones.